“Si el estudio de impacto ambiental y social determinan que la propuesta de operación minera no cumple con los estándares ambientales requeridos, entonces la empresa minera no operará. La visión que tiene en general el Gobierno de Luis Abinader respecto a la actividad minera se resume en garantizar y fortalecer la transparencia, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental”- Ing. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, en: Primer Foro Nacional sobre Minería en la República Dominicana, organizado por Participación Ciudadana.
La minería responsable y sostenible desde una perspectiva no solo ambiental, sino también económica y social, encierra un enorme potencial para promover el crecimiento con equidad. Ahora bien, el desarrollo práctico de este potencial está en función de la fortaleza institucional, el marco de políticas públicas y la capacidad, transparencia y neutralidad de los reguladores, sin mencionar la autorregulación de parte de las empresas mineras y la visibilidad y eficiencia en el cumplimiento de sus compromisos ambientales, contractuales y no contractuales.
La minería debe actuar en ese marco porque muchos peligros atentan contra proyectos multimillonarios, especialmente en el ámbito metálico. Uno de ellos se refiere a la avalancha informativa que le llega a la gente a través de todos los medios disponibles. Datos, opiniones, recomendaciones y oposición de grupos ambientalistas impiden con frecuencia la demostración en el terreno de que una minería responsable es posible y de que, si tenemos autoridades realmente comprometidas con sus electores, los beneficios mineros pueden contribuir significativamente al financiamiento de las más importantes iniciativas de la agenda nacional.
La mayoría de las veces los planteamientos anti mineros difícilmente puedan contrastarse con la información y el conocimiento suficientes como para formarnos una opinión objetiva sobre la realidad moderna de la actividad minera.
Ante esta realidad, los gobiernos y los gremios empresariales mineros (como en nuestro caso Camipe), en medio de tantas voces y visiones, tienen el deber de hacer la industria minera formal más visible y comunicar más y mejor a la ciudadanía y a los grupos opositores en particular sobre los aspectos técnicos, los beneficios estatales, los aspectos contractuales relevantes y los planes previstos de manejo y control ambiental, así como sobre los impactos económicos y sociales en las comunidades de las cercanías de los proyectos. Importantes son los aspectos vinculados con las modalidades de participación comunitaria en muchas de las actividades de los proyectos, asunto que debe ser discernido directamente con sus genuinos representantes.
En este país nuestro hace falta que las autoridades sean más activas y organicen y desplieguen acciones orientativas contundentes y convincentes, muchas de ellas ensayadas con mucho éxito en países mineros. Deben c0ntarle al país para qué sirve su industria, cómo funciona, cómo realiza sus operaciones, cuánto aporta fiscalmente, cómo enfrenta sus desafíos técnicos, ambientales, sociales y económicos, cómo la afectan la caída de los precios, las nuevas regulaciones de control ambiental y las restricciones de áreas prospectivas, entre otros aspectos.
Es a los reguladores, remozados, competentes, morales y eficientes quienes tienen la obligación de subsanar la falta de conocimiento sobre la industria minera; revertir la percepción negativa que se tiene de ella y cambiar en la opinión pública y en muchos medios de comunicación las conjeturas y las medias verdades, con frecuencia de raíces esencialmente emotivas, por el conocimiento científico-técnico y las explicaciones de primera mano de las reales características e impactos de los proyectos. Los debates razonados y estratégicos son los que hacen falta para impulsar el desarrollo del país.
El proyecto minero Romero que nos ocupa es un buen ejemplo de desidia gubernamental. De telaraña de conjeturas y mentiras de parte de los grupos ambientalistas en cuanto a sus impactos previstos y posibles. Finalmente, de aparente neutralidad del gremio representativo del sector cuya misión declarada es propugnar por el desarrollo, dinamismo y crecimiento del Sector Minero-Petrolero, con fines de promover el desarrollo de la actividad minera y petrolera, promocionando a la República Dominicana como destino de inversión privada nacional y extranjera…”
Si en los últimos decenios hemos tenido un proyecto con características ambientales aceptables es Romero.
Recordemos que la tecnología a utilizar por esta truncada iniciativa minera está libre de cianuro; no usará las aguas del río San Juan ni mucho menos las aguas de ninguno de sus tributarios; las necesidades de agua del proyecto serán suplidas mediante reciclaje y reutilización dentro del proceso, con la salvedad de garantía de cero descargas al ambiente del agua utilizada; tampoco utilizará agua subterránea y no cuenta con depósitos o represas de relaves o colas; la eliminación de los residuos mineros se hará como pasta de cemento en la mina subterránea (relleno), estando complementado este proceso con otras actividades seguras; no habrán pilas de residuos de roca luego del cierre (estos desechos serán retornados a la mina subterránea); el proyecto no tiene emisiones atmosféricas de la planta de proceso o de la planta de energía diésel (fuente de alimentación por línea eléctrica) y se garantiza la conservación de la belleza paisajística.
Se supone que los proyectos con notables impactos en el desarrollo del país deben ser explicados y defendidos por el gobierno y sus autoridades competentes. La última palabra en el ámbito minero la tienen los estudios de impacto ambiental, como ha dicho el ministro Almonte.
¿Estamos esperando el cumplimiento de una década para autorizar la concesión de explotación y proceder con tales estudios? ¿Es un buen antecedente que millones invertidos en las actividades de exploración se pierdan horadando la confianza legítima que debe prevalecer entre las partes? ¿Nos conviene dejar de recibir sustantivos ingresos de parte de la minería en momentos en que gestionamos el mayor presupuesto deficitario (financiado con préstamos extranjeros, más deuda interna y ventas de activos públicos) de los últimos veinte años?