“Ningún gobierno ha querido pagar el coste electoral de las grandes decisiones; esas que tocan problemas ancestrales. Prefieren alucinarnos con las obras que se ven, aunque poco o nada resuelvan. Tampoco hacen rupturas claras con los intereses fácticos preestablecidos. Al contrario, las alianzas con esos centros de poder se han fortalecido como nunca para que las cosas sigan como están mientras los gobiernos se ocupan de las apariencias”-José Luis Taveras, escritor dominicano.
El 22 de enero de 2018 el exministro Dr. Antonio Isa Conde ofreció una rueda de prensa para explicar al país las razones que sustentaban su decisión de solicitar al Poder Ejecutivo, mediante propuesta de resolución, la autorización de explotación de los yacimientos minerales Romero. Este se encuentran en la Propiedad Tireo, en la Provincia de San Juan de la Maguana. GoldQuest es dueña del 100% de la Propiedad Tireo y del Proyecto Romero a través de su filial dominicana GoldQuest Dominicana. La concesión de Romero cuenta con un área de 3,997.0 hectáreas (ha).
De acuerdo con la negociaciones concluidas con el Ministerio de Energía y Minas el Estado recibiría 224 millones de USD en el transcurso de los siete años de la vida útil estimada del proyecto, siendo el valor presente en ese momento (2018) del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo de US$561 millones.
Más allá de lo estipulado en la vieja y obsoleta ley minera vigente del año 1971 (27% de ISR y 5% de las ganancias para la Contribución Municipal establecida en la Ley núm. 64.00) el ministerio logró asegurar para el Estado el 40% de los beneficios. A este tope habría que agregar el pago del ITBIS, lo cual elevaría los ingresos del Estado a más del 50% de la renta minera global. Ello demostró la viabilidad de una de las disposiciones del anteproyecto de Ley de la Minería Nacional, desestimado por la presente administración, que establecía ese límite mínimo de participación del Estado en los beneficios.
Además, la empresa se comprometía, mediante declaración jurada (un antecedente en favor del respaldo jurídico de las promesas), con una contribución adicional voluntaria de US$52 millones (2,956.2 millones a la tasa actual). Otro compromiso importante fue el de no presentar como deducible del ISR los costos y gastos de concesiones de exploración. Como es conocido, las empresas grandes generalmente realizan actividades de exploración en sus áreas concesionadas, al mismo tiempo que aprovechan el yacimiento autorizado en cuestión. Por otro lado, de haber sido autorizada la concesión de explotación, los beneficios señalados serían recibidos sin inversiones en exploración previa ni para la explotación, lo mismo que sin garantía de beneficios o resultados mínimos, autorización de exenciones, privilegios o trato alguno bajo régimen especial.
A todo ello habría que agregar que las partes se cuidaron de recordar que el ministerio, como autoridad minera nacional, podría en cualquier momento auditar, fiscalizar y comprobar directamente la veracidad de las cantidades de minerales embarcadas, así como los precios de venta negociados con los compradores extranjeros.
Al margen de la seguridad de las inversiones de la GoldQuest Dominicana, respaldadas por la Resolución 37-06 del Congreso Nacional que aprueba el acuerdo suscrito entre el país y la Conferación Suiza sobre Promoción y Protección de Inversiones, las negociaciones Romero definen un modelo de excelencia de defensa de los intereses nacionales -en los que muchos no creen, incluidos funcionarios de todos los partidos- que debería ser norma del comportamiento ministerial.
No sabemos por qué el expresidente Medina, muy dado entonces a respaldar personalmente proyectos visibles con indudable potencial de votos (sus multimillonarias caminatas de fines de semana son un buen ejemplo) y con grandiosas ganancias marginales para las cabezas públicas de sus cercanías, hizo uso de su silencio proverbial en el caso Romero y nunca reaccionó de manera alguna a la solicitud que hiciera Isa Conde. El exministro entendía que la autorización no debería retrasarse de manera injustificada en tanto “cumplía con todos los requisitos y formalidades que la ley establece en esta etapa”, y así lo hizo saber a la sociedad.
El silencio del presidente de entonces fue justificado con los ruidos de los antimineros fundamentalistas (que parece que restan votos). Ellos reforzaron la nefasta neutralidad clientelar del presidente con el discurso del advenimiento del diluvio sobre el área de 1,800 kilómetros cuadrados del hermoso Valle de San Juan. El sistema productivo de la zona, rezagado, atrasado, depredador del ambiente, de subsistencia y sin oportunidades de salir de sus ancestrales problemas estructurales, quedaría hecho añicos con el proyecto Romero. Pero, ¿acaso conocían las previsiones ambientales del proyecto?