Durante siete años un grupo de actores unió esfuerzos en preparar lo que hoy se conoce como el Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos y Co-Procesamiento. Este proyecto de Ley implicaba más que un documento legal, sino las puertas a la esperanza a un desarrollo sostenible integral, en el que crecía la industria del reciclaje, así como se acababa la violación de derechos humanos a la integridad, salud y un medio ambiente sano de los ciudadanos dominicanos. La República Dominicana está uniéndose al movimiento internacional que procura la reducción de generación de desechos, transformándolos en residuos aprovechables dentro del esquema de una economía circular. Esto solo significa desarrollo sostenible, protección ambiental, mitigación del cambio climático y apertura a las poblaciones marginales a un desarrollo integro, como ciudadanos.
El proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Co-Procesamiento tiene por objeto prevenir la generación de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar e instaurar la responsabilidad extendida del productor, con la finalidad de incentivar la prevención de generación de residuos, su reducción, reutilización, reciclado, co-procesamiento y otras formas de valorización. Dichos objetivos son establecidos con la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado y proteger la salud de la población, acorde a los nuevos retos globales. El sistema integral de residuos sólidos propuesto en este proyecto de Ley, se conforma de mecanismos adaptados a la realidad dominicana, los cuales a nivel internacional han demostrado funcionar a un nivel óptimo.
Una de las figuras más importantes dentro del mismo proyecto de Ley es la Responsabilidad Extendida del Productor y de Responsabilidad Compartida, como sistema operador de la gestión de los residuos dentro del esquema de la economía circular. Con esta figura se busca fomentar la industria del reciclaje y el autofinanciamiento del sistema de gestión integral de los residuos, de manera que llegue la menor cantidad de residuos a los vertederos, ya que estos serían aprovechados por los mismos productores. Para tales fines, es imprescindible la clasificación de los residuos y su debida gestión a través de la jerarquización de los residuos. Dentro de la jerarquización se define su aprovechamiento, el Reaprovechamiento y el co-procesamiento, así como la necesidad de respetar cada eslabón de la pirámide para lograr una eficiente gestión de los mismos.
El proyecto de Ley fomenta financiamiento de los sistemas de residuos del ámbito de gestión municipal, por medio de la cobranza de los municipios por los servicios de gestión a través de los diferentes servicios municipales. Por igual, responsabiliza a los ayuntamientos a fomentar la formalización e inclusión de los recicladores de base (Buzos), en la gestión de residuos sólidos a través del desarrollo e implementación del programa de PyMEs. El Proyecto de Ley también reconoce a los recicladores de base como actor fundamental dentro de la gestión de los residuos sólidos, y por lo tanto los dota de responsabilidades y derechos, instaurando su formalización.
Otros instrumentos económicos, tales como incentivos, supervisión y fiscalización son incluidos dentro del proyecto ley el cual no solo está enfocado en las municipalidades sino también en los emprendedores y el sector empresarial nacional.
Durante esta semana ha sido aprobado en segunda lectura el Proyecto de Ley en cuestión, ante el pleno de la Cámara de Diputados. En los siete años que este proyecto se ha estado debatiendo y adaptando al consenso popular, nunca se había acercado tanto a su aprobación. No es coincidencia que esto sucediera justo después del desastre ecológico ocurrido en todo el literal de Santo Domingo con la acumulación de basura en el mar, las playas y en las zonas costeras, luego de las lluvias recientes; es simplemente el resultado de nuestra mala gestión de los residuos. Ahora este proyecto de Ley cae bajo la responsabilidad del Senado de la República, a quienes les compete aprobar dicho instrumento legal para que los dominicanos disfruten de un sistema integral de gestión de residuos apropiado.