Cuando leí en un portal noticioso de Bávaro el alegado apoyo, esta vez, abierto, del Director General de Migración, a una marcha anti haitiana prevista para el 26 de este mes, decidí volver a leer la “Ley orgánica de la administración pública del 14 de agosto del 2012”.
Entre otros, para refrescar mi memoria sobre la jerarquización de la función pública, la cual, en el caso que nos interesa, coloca a la Dirección General de Migración como un órgano subordinado al Ministerio de Interior y Policía. También, para reconfirmar la autoridad máxima del Presidente de la República y la implicación del Estado a través de los actos de los funcionarios explícitamente descritos en los artículos 13 y 16.
Con relación al tema migratorio, la República Dominicana admite tanto por la Constitución como de manera directa en la ley 285-04, varios convenios internacionales. Entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional de la ONU sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial.
Asimismo, la ley de migración dominicana, considera y reconoce dos protocolos convenidos con Haiti. Uno sobre las condiciones de repatriaciones, firmado en diciembre de 1999 y otro sobre las condiciones de contratación de mano de obra de un país al otro, firmado en febrero del 2000.
En esa materia, un paso importante se dio este año para la gestión de la cuestión migratoria haitiana en República Dominicana. Se trata de la publicación por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2012).
Como órgano competente del Estado, la ONE, que contó con la asistencia técnica y financiera del UNFPA y de la Unión Europea, tras un proceso incuestionable en términos metodológicos desmitificó el número de inmigrantes haitianos. De la propaganda interesada que decía que éramos más de 1 millón, el gobierno reconoce a través de sus altas instancias que hay menos de medio millón de compatriotas en el territorio nacional.
Es lamentable que hasta ahora ni el Consejo Nacional de Migración ni el Ministerio de Interior y Policía hayan mostrado interés en usar los datos del ENI 2012 para definir el accionar oficial respecto a la migración haitiana. Ello, evidentemente para una aplicación de la ley, pero con el compromiso de promover y preservar la convivencia entre haitianos y dominicanos.
Por lo contrario, se ha permitido que desde una dependencia subalterna, el Estado dominicano de manera contradictoria a sus propias leyes y convenios internacionales, envié señales que parecen indicar su participación en la promoción y el apoyo a una campaña de rechazo y de odio en contra nuestra comunidad.
Esto así, por las declaraciones atribuidas al Director de Migración por el portal “Bávaro News”, reportando una entrevista difundida por la emisora Kool 106.9, las cuales definen la posición oficial dominicana sobre la comunidad haitiana de la manera siguiente:
– Representa una alta incidencia y costo social insoportable por el pueblo dominicano
– La presencia haitiana no es migración es un drama que toca otros países de la región
– Los haitianos no pueden radicarse aquí. “Es la política”.
En otras palabras, la comunidad haitiana es una carga. Algo totalmente falso y probado por estudios de expertos locales como de organismos internacionales basado sobre los aportes de la mano de obra nuestra. Asimismo, las diversas contribuciones de los profesionales y técnicos, los ingresos producidos por la presencia estudiantil como de los inversionistas haitianos.
De manera absurda el entrevistado citó a San Martin y Puerto Rico entre lugares donde la presencia haitiana representaría un drama. Mientras se sabe que hay mucho más inmigrantes dominicanos indocumentados en Puerto Rico que haitianos.
Con relación a su “política” de impedir que nuestros compatriotas obtengan su residencia pese a presentar todos los documentos exigidos por la ley, tan solo hay que hablar con los abogados dominicanos especializados en asuntos migratorios.
Tomando en cuenta sus funciones, lo inesperado e inconcebible es después de la de Santiago, su apoyo a una manifestación pública en contra de la comunidad haitiana. De acuerdo a la fuente citada arriba el Director de Migración ofreció su “apoyo a una manifestación anti haitiana en Bávaro; pero pidió que los participantes tuvieran mesura para que organizaciones internacionales no tomen acciones en contra de la República Dominicana”.
En cualquier país del mundo y particularmente en aquellos de presencia significativa de inmigrantes incluso de dominicanos, declaraciones parecidas provocarían reacciones inmediatas de los afectados y de sus autoridades representativas. También, la desautorización oficial.
En este caso, si el funcionario en cuestión que se supone actúa de espaldas a sus superiores, no tiene respeto para las leyes del país o las convenciones internacionales, ni tampoco a la línea jerárquica de la administración pública, es más saludable para todos, que la comunidad haitiana asuma que la provocación no es hacia ella, sino es hacia dentro.
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