Un pimentoso “salto de la pulga” del destacado publicista y literato Freddy Ortiz, aparecido recientemente en su columna del Listín Diario, preguntaba que iba a llenar el hueco dejado por la Marcha Verde. Implícito en la interrogante subyace la presunción de su deceso. En vista de que tal presunción tiene donde agarrarse, conviene homologar el caso con el del preterido excoronel Carlos Piccini, quien tiene más de tres años privado de libertad por su alegada participación en los sobornos de los Supertucanos. El examen de este paralelismo lleva a cualquiera al desconsuelo.

La pregunta de Ortiz es oportuna porque hemos arribado a una coyuntura del quehacer político donde los partidos políticos reactivan sus aprestos electorales mientras se nota una modorra sepulcral del activismo verde. Ese activismo, demás está decirlo, había llenado de grandes esperanzas y expectativas a una franja importante de la población, escandalizada como se sentía por los sobornos de Odebrecht a la clase política (https://eldia.com.do/los-frutos-maduros-de-la-marcha-verde/). Al cabo de dos años y dos meses de haberse generado el estallido de insatisfacción por ese bochornoso caso no se vislumbra una redención verdadera del anhelo colectivo por el fin de la impunidad. Las ansias de justicia se han quedado truncas.

Coronel Carlos Piccini, vinculado a la compra de los Tucano y la recepción de sobornos. Es el único preso por el caso

Por su parte, el individuo que fungía de Director de Proyectos Especiales de las Fuerzas Armadas está preso todavía aun habiendo cumplido los 18 meses de la coerción impuesta. Los que lo conocen lo tienen como un hombre manso que se dejó seducir por las mieles del poder militar y sus malas prácticas. Sirviendo con lealtad incólume a sus superiores militares, ha rehusado denunciar los cómplices, pero reclama que se revelen los nombres de los congresistas involucrados. En un caso donde se rumora que no hubo solo coimas sino también sobreprecio, las jugosas tajadas del ilícito sin duda debieron incluir a estos últimos (https://ultimasnoticias.com.do/2013/11/08/narciso-isa-conde-afirma-aviones-super-tucanos-fueron-subvaluados/). Sin ellos el Congreso no hubiese aprobado el financiamiento del préstamo que financió la compra de los aviones.

Traer a colación el caso de Piccini es pertinente porque de todos los señalados como los corruptos autores de los más grandes escándalos de los últimos anos, él es el único que está preso y no se vislumbra el comienzo del juicio de fondo. Ninguno de los oficiales superiores que han sido señalados en las investigaciones ni ningún congresista están sufriendo los rigores de la cárcel. Solo el más débil y “jodido” de todos ellos esta “pagando la cuaba”, con frecuencia enfrentando el veneno de la humillación por razones de revanchismo político de un ala del peledeísmo. La injusticia que esta situación comporta es más repugnante cuando se oye de las penurias económicas que está pasando el susodicho y por el hecho de que el monto de los sobornos y posibles sobrevaloraciones admitidos por Embraer palidece frente a los de Odebrecht.

El caso de Piccini es emblemático en tanto reproduce, de manera escandalosa, lo que se conoce que pasa con nuestro sistema de justicia: la cárcel es para los pobres y nunca para los ricos (https://acento.com.do/2018/opinion/8531832-mendicidad-juridica-del-pobre-diablo/). Pero además es sintomático de lo que ha sucedido en nuestro pasado reciente: se ha difundido la corrupción inmensamente en todos los estratos de la sociedad y los procesos judiciales, para aquellos que son tan desafortunados que figuran entre los que investigan judicialmente, se prolongan en el tiempo hasta vencer por cansancio las expectativas de la ciudadanía de que se haga justicia.

Hay un obvio paralelo entre el caso del desdichado excoronel y el de la Marcha Verde porque en ninguno de los casos se ha conseguido castigar la corrupción ni desterrar la impunidad. Los que se adhirieron a los reclamos primigenios de la Marcha Verde nunca imaginaron que, a estas alturas del juego, no habría nadie preso o condenado por las coimas y sobrevaluaciones de Odebrecht. Desde diciembre del 2016 cuando se destapó el escándalo han pasado más de dos años y, mientras en otros países de America Latina se ha condenado a altos cargos por su participación en los sobornos y algunos expresidentes están implicados en los procesos judiciales correspondientes, aquí no ha pasado prácticamente nada.

Una de las Marchas Verdes que se realizaron en Santo Domingo

Eso ha llevado al desconsuelo, especialmente del segmento de la clase media que se sintió escandalizada por lo de Odebrecht y se manifestó valientemente en la primera marcha del 22 de enero del 2017. De ahí que la Marcha Verde esté colapsada, a pesar de los valientes esfuerzos que hace un pequeño grupo de remanentes comprometidos (https://acento.com.do/2019/actualidad/8653960-marcha-verde-denuncia-la-farsa-del-juicio-caso-odebrecht-y-acusa-a-danilo-medina-de-dictador-y-corrupto/). La Marcha Verde es hoy un fenómeno histórico que marcará para siempre los mejores anhelos de justicia de la nación dominicana en toda su historia republicana.

Las encuestas y los reportes internacionales dan cuenta de que la corrupción figura entre los peores flagelos que afligen a los dominicanos. Pero la clase política, la más llamada a darle el frente a la corrupción y la impunidad, está tan inmersa en su propia angurria que no ha generado ninguna estrategia para enfrentar el fenómeno. (Una propuesta de quien escribe para que los partidos elaboren un programa anticorrupción pasó desapercibida: https://acento.com.do/2018/opinion/8608120-programa-anticorrupcion/). Esa falta de responsabilidad no promete nada bueno y da pie a que en la juventud exista actualmente una apatía y descreimiento colosales hacia los venideros procesos electorales. Por eso no hay líderes que subyuguen ni enciendan en llamas las esperanzas por un futuro mejor.

Aparte de los que todavía no se sabe si son inocentes y se encuentran imputados ante la justicia, Piccini y la Marcha Verde son pues los protomártires de la corrupción que arropa la sociedad dominicana. Al primero debe ponerse en libertad de inmediato porque le asiste ese derecho, aunque posteriormente tenga que enfrentar cualquier pena que se desprenda del juicio de fondo. Respecto a lo segundo no queda de otra que aspirar a que surja una coyuntura que le imparta un nuevo hálito de batalla. Es en la ancha franja de los moralistas inconformes donde, aunque hoy adormecidos, reside la mayor esperanza de redención de las ansias de justicia del pueblo dominicano.