Hay, esencialmente, dos métodos de reclamo de obras o servicios municipales, barriales o comunitarias: en algunos casos la protesta es violenta, con quema de neumáticos, bloqueo de vías públicas, derribo de árboles, reguero de basura y lo que es peor, con saldo de muertes, lesionados, detenidos y perseguidos.

En otros casos las personas afectadas por la carencia de una obra hacen sentir su reclamo en forma pacífica, ordenada, exponiendo constantemente a las autoridades sus motivaciones, defendiendo el derecho de que se satisfagan sus necesidades con la misma presteza que se cobran impuestos.

Las protestas violentas por lo regular son el resultado del agotamiento de la paciencia de la gente que protesta en forma decente, pacífica y dentro del orden, porque las autoridades no las toman en cuenta.

Parece un contrasentido pero es una realidad que se puede comprobar cada día: las autoridades suelen ignorar los reclamos civilizados aunque sean justos, pero tan pronto se tornan violentos, además de la represión, terminan negociando y en muchos casos resolviendo las carencias que motivaron las movilizaciones.

De ese modo envían un pésimo mensaje a la población y al final todos entienden que no vale la pena reclamar civilizadamente porque hasta que la protesta adquiera ribetes violentos, las autoridades no les pondrán caso.

Las autoridades deben cambiar de método y dar prioridad a la satisfacción de las necesidades de la gente que reclama en forma pacífica, organizada, con argumentos para convencer. Eso permitiría que las personas adopten privilegiadamente métodos pacíficos de protesta porque sería el camino expedito para lograr conquistas.

Cualquiera puede comprobar que con las luchas reivindicativas pacíficas es posible integrar a todos los afectados sin importar preferencias partidarias, religiosas, culturales o posición económica, y por lo general son mucho más masivas y dejan una experiencia organizativa mucho más eficaz.

En un país como República Dominicana donde hay libertad de asociación, de reunión y de manifestación, donde además existen infinidad de medios de comunicación escritos, radiales, televisivos, digitales y redes sociales para exponer los reclamos, es inaceptable que se apele a métodos violentos marginales que estigmatizan las motivaciones de grandes masas por sus reivindicaciones.

Pero las autoridades, hasta ahora, premian a los violentos respondiendo a sus demandas cuando hay un muerto fruto del vandalismo que introducen lúmpenes dentro de protestas justas y castigan a los pacíficos que se cansan de reclamar civilizadamente sin que les hagan caso.

Debía ser lo contrario: cuando una comunidad bloquea una carretera para que reparen la vía, las autoridades debían poner como condición que ese tipo de movilización no se realice, sino cualquier otra manifestación que no afecte las actividades normales del resto de los ciudadanos. Y por lo mismo, cuando un barrio reclama pacíficamente, expone sus demandas por los medios de comunicación, debe tener una respuesta inmediata para que todos entendamos que es por ese método que se obtiene ganancia de causa.

Con esa lógica ganamos todos: los gobernantes porque cumplen con su responsabilidad sin ceder a presiones violentas; y los gobernados porque sin sacrificios inútiles logramos nuestras reivindicaciones y ganamos experiencia y mejores niveles de organización ciudadana.

Hacer apología a la violencia dentro de un régimen de libertades públicas es tan contrarrevolucionario como privilegiar la lucha pacífica frente a un régimen despótico y criminal.

"Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia nada construyen, porque sus simientes son de odio", ha dicho José Martí, y no hay desperdicio en su afirmación.