Los efectos económicos asociados a la emergencia por el COVID-19 tienen el potencial, no solamente de frenar, sino de revertir el desarrollo y el progreso en el combate a la pobreza en República Dominicana, en la última década. Para los niños, niñas y adolescentes, entre todos los grupos, esta emergencia puede tener impactos severos, e incluso irreversibles. En el corto plazo, corren el riesgo de enfermar, retrasar su aprendizaje, recibir una nutrición inadecuada y de sufrir violencia. En el mediano y largo plazo, sus necesidades pueden ser invisibilizadas, sus derechos violentados, y pueden adentrarse en una espiral de pobreza para el resto de sus vidas.
UNICEF tiene el mandato de velar por los derechos y el bienestar de la población infantil y adolescente, en especial de aquella más vulnerable. Dentro de este grupo, los niños y niñas con discapacidad tienen nuestra prioridad. Ya antes de la emergencia por el COVID-19, las familias con niños y niñas con condiciones de discapacidad enfrentaban barreras para recibir servicios de educación, salud y estimulación para el desarrollo, incurrían en gastos adicionales para la atención y cuidado de sus hijos e hijas, y carecían de suficiente apoyo psico-afectivo e información para tener acceso a los servicios de cuido y protección.
Desafortunadamente, las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad; muchas veces no son tomadas en cuenta por los sistemas de protección social, que debieran ofrecer a las familias los medios necesarios para disminuir sus vulnerabilidades socioeconómicas y promover el acceso a servicios complementarios para contribuir a su pleno desarrollo.
Consciente de esta situación, la Oficina de UNICEF en el país, ha brindado apoyo desde 2018 para la inclusión de la niñez con discapacidad en los programas de protección social. Las acciones del organismo internacional se han concentrado en dos ejes:
- Para que los instrumentos de captación de los posibles hogares elegibles indaguen desde su registro sobre condiciones de discapacidad de los niños y niñas.
- Para que se incluya la presencia de niños y niñas con discapacidad en el hogar como un elemento de priorización en la fórmula de selección de la población elegible para beneficiarse de estos programas. En otras palabras, saber cuántos y en qué condiciones viven los niños y niñas con discapacidad, y que se priorice su inclusión en los programas de protección social para ellos y sus familias.
Mientras el país daba pasos para implementar gradualmente estos cambios y transitaba hacia una protección social con un enfoque más inclusivo hacia la discapacidad, la emergencia por el coronavirus se instaló en el mundo entero. Afortunadamente, desde años atrás el Gobierno dominicano ha avanzado en la adaptación de su sistema de protección social ante cualquier tipo de acontecimientos, sean de origen natural o social. De hecho, representantes de diversos ministerios se sientan en la Mesa de Protección Social Adaptativa en la que participa UNICEF junto con otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, para definir procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias y fortalecer la resiliencia de las poblaciones en mayor riesgo.
Esta visión ha permitido tener una respuesta oportuna y eficaz ante la emergencia del COVID-19, pues hoy se ha logrado una doble expansión de la protección social:
- Por medio del programa Comer es Primero, se ha incrementado sustancialmente el monto recibido por las familias, en lo que se denomina expansión vertical.
- A través del programa temporal Quédate en Casa se incluyó a nuevas familias en pobreza extrema y moderada, así como trabajadores por cuenta propia en riesgo de caer en pobreza, en lo que se conoce como una expansión horizontal.
Esta asistencia permite que las familias adquieran alimentos y productos de primera necesidad, mitigando los efectos de la crisis sobre sus medios de vida cuando más lo requieren. No obstante, si bien estas decisiones son encomiables para atender a la población que más sufrirá los efectos socioeconómicos de las medidas necesarias para la contención del contagio, todavía no se advierte un foco específico en la población infantil y juvenil con condición de discapacidad, sobre todo para aquella con una discapacidad severa.
Por lo tanto, la agencia UNICEF en el país ha emprendido una respuesta de apoyo al Gobierno para la expansión focalizada del programa nacional de transferencias monetarias a 2,700 familias con niños y niñas con discapacidad (alrededor de 8,640 personas directa o indirectamente beneficiadas), utilizando el mecanismo de pago regular del sistema de protección social. Esta transferencia es de tipo temporal, sin condicionalidades, y es acompañada por el envío de mensajes de texto a las familias con información acerca de la red de comercios donde puedan comprar alimentos y otros productos básicos. Además, UNICEF espera que, pasada la emergencia, las familias beneficiadas mediante esta intervención puedan ser reevaluadas con la intención de que pertenezcan formalmente dentro de una asistencia especial por parte del programa regular de transferencias monetarias. Éste es un magnífico ejemplo de cómo una intervención de respuesta inmediata a una emergencia podría convertirse, en el mediano plazo, en una ampliación de derechos y construir una protección social más inclusiva.
La crisis nos afecta a todos, pero para algunos grupos sus impactos serán más severos. El camino hacia lograr sociedades más justas se recorre poniendo el énfasis de la respuesta social en cerrar las brechas de las poblaciones con mayores desventajas, aún en situaciones de emergencia. Los sistemas de protección social inclusivos tienen precisamente el objetivo de nivelar esa balanza contribuyendo al pleno desarrollo de toda la infancia, sin distinción. Que la crisis que representa el COVID-19 no revierta los progresos alcanzados por República Dominica, y que se continúen garantizando los derechos de los niñas y niñas con discapacidad, dependerá de una acción solidaria coordinada, que con visión estratégica ponga al centro de la respuesta a la población más vulnerable.
Gerardo Escaroz es Especialista Regional de Política Social en UNICEF para América Latina y el Caribe
Gavino Severino es Oficial de Políticas Sociales de UNICEF en República Dominicana