Luego de analizar las deficiencias del sistema dominicano de educación superior procedo a realizar algunas propuestas para su mejora:

a)    Concertación de una política educativa de Estado. Uno de los males ancestrales de la República Dominicana es la ausencia de una política de Estado en los distintos ámbitos de interés nacional: Educación, salud, inmigración, cultura, etc. Cuando llega un nuevo gobierno "reinventa las políticas públicas", casi siempre sin tomar en cuenta a la denominada sociedad civil, lo que impide llevar a cabo planes de transformación significativa, pues los mismos se concretizan a largo plazo. Para lograr este propósito es necesario concertar un pacto nacional de las distintas fuerzas sociales y políticas que fuerce al sostenimiento de una política educativa más allá de los cambios gubernamentales.

b)    Transformación de los programas de capacitación docente. Una de las principales deficiencias de la educación dominicana es la existencia de múltiples programas de perfeccionamiento académico no integrados a un plan nacional de capacitación. Es la consecuencia de una ausencia de política estatal de educación.

A la vez, los resultados de estos programas son muchas veces cuestionables por sus resultados prácticos. Un profesor puede cursar estudios de postgrado, pero no existe un sistema de investigación donde incorporarse, así que continúa en la misma situación académica, con las mismas responsabilidades contraídas antes de obtener su postgrado. Esto genera la situación absurda de que, luego de varios años especializándose en un área del saber, un profesor retorna al sistema de educación dominicano para impartir las mismas asignaturas básicas y con la misma cantidad de horas que enseñaba cuando era solo un licenciado o un magister –si no ha perdido la plaza-. Es obvio que una situación semejante provoca una subutilización de las capacidades del personal entrenado.

Otro ejemplo de la situación es el de las becas otorgadas por el Estado a jóvenes recién graduados para cursar estudios de postgrado. Se otorgan, pero no en función de una política académica transparente y liberada de los padrinazgos políticos. La ausencia de una política educativa de Estado conlleva la carencia de unos criterios para la reintegración profesional del estudiantado que retorna a su país después de concluir sus estudios. La falta de perspectiva de reintegración estimula la fuga de cerebros.

c)    Creación de un sistema nacional de acreditación periódica por parte de una instancia independiente. A pesar de que en los últimos años el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana ha realizado evaluaciones de las universidades dominicanas, las mismas han carecido de rigurosidad. En algunos casos, se han cerrado escuelas o facultades, reabriéndose rápidamente y sin claras explicaciones a la opinión pública de por qué se realizó la reapertura. Esto hace cuestionar la seriedad del proceso.

d)    Establecimiento de una clasificación nacional de universidades basada en criterios académicos y en procedimientos de evaluación rigurosos. Según dicha clasificación, las universidades tendrían derecho o no a optar por beneficios del Estado (convalidaciones, homologaciones, exoneraciones,  acceso a fondos, etc.).  Además, los resultados de estas clasificaciones deben ser de conocimiento público para permitir una ponderación a la hora de elegir las universidades donde la ciudadanía pretende estudiar, así como criterios que permitan evaluar si es razonable estudiar en una universidad cuya titulación es cuestionable y si los costos de matrícula se corresponden con su posicionamiento en la clasificación.

e)    Modificación del sistema de ingreso profesoral. Sólo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) hacen llamados públicos a concurso para el ingreso profesoral. Pero las deficiencias vinculadas al clientelismo político, al padrinazgo y a la falta de rigurosidad académica también se reflejan en sus sistemas de ingreso.

En el caso de las universidades privadas, no existen llamados a concursos públicos y transparentes para docentes. Las autoridades del sistema privado de universidades dominicanas mostrarían un compromiso sincero con su perfeccionamiento académico si hicieran este llamado cuando requieren ocupar una plaza.

f)     Transformación del sistema de contratación profesoral. Dada nuestra situación, no es llover sobre mojado insistir en la necesidad de una transformación del sistema de contratación profesoral. Mientras el mismo promueva la inseguridad económica, la ausencia de una vinculación permanente con la institución y la inexistencia de horas para la investigación, cualquier reforma educativa será una farsa.

g)    Fortalecimiento de un espacio de movilidad internacional. Una de las principales debilidades del sistema educativo dominicano es la carencia de un entorno que promueva la diversidad cultural y la amplitud de horizontes. Existen ya algunos pequeños espacios de movilidad estudiantil y profesoral que deben seguir ampliándose, diversificándose y sostenerse en el marco de acuerdos con instituciones académicas extranjeras. Para lograr esto, se requiere mejorar la gestión y aumentar el prestigio académico vía resultados de investigación y publicaciones. A mayor prestigio académico internacional de nuestras universidades, mayor será el interés de las instituciones extranjeras en firmar acuerdos o programas de cooperación conjunta con las universidades dominicanas.

h)   Modificación del sistema de financiamiento al sector privado. En la actualidad, el Estado Dominicano otorga subsidios al sistema privado de educación superior. Las universidades dominicanas privadas suelen ser designadas como instituciones educativas sin fines de lucro. Sin embargo, en la práctica sabemos que no lo son. Se rigen por la dinámica del mercado y se administran como empresas con fines de lucro. Si lo son, deben transparentarse, lo que significa prescindir de los subsidios y convertirse en instituciones realmente competitivas.

Si aspiran al subsidio bajo el principio de ser instituciones educativas de educación superior, no deben recibir financiamiento del Estado como una dádiva, sino en función de sus méritos académicos: Nivel de impacto en la comunidad académica internacional, premios internacionales, etc.

i)     Fortalecimiento del modelo de educación virtual. La educación superior dominicana es todavía muy presencial. Los modelos de educación virtual, si son asumidos con rigor, permiten la creación de espacios de aprendizaje significativo, así como el acceso a un profesorado internacional competente cuya contratación bajo la modalidad presencial sería muy costosa. De igual modo, permite el acceso a espacios de discusión, a textos y a recursos inexistentes en la educación presencial dominicana.

Llevar a cabo estas propuestas tiene un alto costo económico y político, pero ninguna transformación educativa significativa puede realizarse sin incurrir en ellos. Esta es una de las razones por las que los líderes políticos afirman de modo vehemente sus compromisos con las reformas educativas, pero son tímidos cuando llega la hora de ejecutarlas.