En la propuesta de agenda legislativa que presenté a los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Nacional al momento de aceptar mi candidatura al Senado de la República por el partido Alianza País, expresé que voy a este órgano público a:
1.– Trabajar por el imperio de la ley y la seguridad jurídica. En nuestro país uno de los problemas más grandes que existen es que no se respeta la ley. Ni el propio órgano legislativo que hace las leyes la respeta. No se somete a ella y la viola constantemente.
2.– Hacer del Senado un poder independiente del Poder Ejecutivo; a trabajar para que, de una vez y por todas, este órgano no sea un sello gomígrafo ni una caja de resonancia del Presidente de la República. En todos estos gobiernos tradicionales esa ha sido la práctica.
3.- Llevar al Senado al respeto de su propia legalidad para se concrete a las funciones que le asignan la Constitución, las leyes y los reglamentos.
4.- Hacer que ejerza con efectividad su función de fiscalización y control del Poder Ejecutivo, así como de defensa de la soberanía nacional y los recursos naturales, responsabilidades estas que le asignan la Constitución;
5.- Eliminar el barrilito, las exoneraciones y otras prácticas corruptas y clientelistas de los partidos tradicionales que desnaturalizan sus atribuciones propias. Para nadie es un secreto que los desbordados recursos que se emplean en el barrilito y en las exoneraciones servirían para solucionar numerosos problemas e insuficiencias en el área de la salud, la educación, el desempleo y el hambre.
6. Trabajar por un Senado que desarrolle un activismo legislativo dirigido a actualizar permanentemente la norma y a suplir todos los vacios legislativos que la vida social vaya rebelando porque necesitamos legisladores concentrados en la tarea legislativa y no en el asistencialismo, clientelismo y en actividades privadas. Necesitamos legisladores que hagan de la labor legislativa su actividad pública central y exclusiva.
Empecemos por la Seguridad Ciudadana:
En la visión de Alianza País, para enfrentar el serio problema de la inseguridad ciudadana que se incrementa cada día más en nuestro país es necesario partir de que el auge de la delincuencia tiene una matriz económico-social que de no ser enfrentada adecuadamente, no habrá éxito en la lucha contra el delito y el crimen.
Esa matriz económica y social tiene que ver con los altos niveles de pobreza, desempleo, negación de derechos económicos y sociales fundamentales, marginalidad y exclusión social que se da en la República Dominicana.
Lo anterior se refleja en el hecho de que en el país hay más de un millón de jóvenes que ni trabajan ni estudian y que las cifras oficiales hablan de más de 40 mil puntos de microtráfico en todo el territorio nacional, lo que significa que el narcotráfico ha pasado a ser una importante fuente de empleo en nuestras comunidades y barrios. A esto hay que añadir la permanente crisis del sistema de salud, la baja calidad de la educación, los altos niveles de deserción escolar y de discriminación y exclusión que padece la mujer en el país, la violencia de género y muy especialmente la alta tasa de feminicidios, la mujer es discriminada en el empleo y respecto de la igualdad salarial y la falta de políticas específicas dirigidas a promover el acceso al empleo de los jóvenes menores de 35 años en el país.
Es motivado por todo lo expuesto que en nuestra agenda legislativa está: 1.Defender y establecer leyes que garanticen la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la ciudadanía dominicana; 2- Impulsar una ley de igualdad de la mujer en todos los ámbitos, así como de sus derechos en general, en especial contra la violencia de género; y 3.- Hacer leyes que hagan efectivos el respeto de los derechos de los niñas y niños y adolescentes, de la juventud, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad.
En el país, sin embargo es necesario actuar respecto de los órganos vinculados directamente a la Seguridad Ciudadana. Me estoy refiriendo en particular a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, así como la actualización permanente de la legislación penal, sustantiva y procesal.
Tenemos la convicción de que la actual Policía Nacional en su visión, estructura y funcionamiento no tiene la mínima posibilidad de ser efectiva contra el delito. Es un órgano con una estructura y jerarquía militarizada, en la que es evidente que existen vínculos de sectores de ese órgano con la delincuencia que está llamada a combatir. A su interior operan grupos de poder y mafias que imponen sus reglas y adolece de altos niveles de corrupción institucionalizada.
En nuestra visión y propuesta legislativa propugnamos por legislar para transformar la Policía Nacional en un cuerpo civil, profesional y de carrera que se ocupe principalmente de las labores de prevención del delito. Asimismo, hay que garantizarle a la Policía, salarios y condiciones dignas de trabajo, de equipamiento técnico, así como seguridad y protección social para cada policía y su familia.
Asimismo, es necesario garantizar un Ministerio Público independiente que tenga el monopolio de la investigación penal y los medios técnicos y la capacitación para realizarla adecuadamente, así como salarios dignos y protección para sus miembros y sus familias.
De igual manera tenemos que garantizar un Poder Judicial independiente. En este sentido nuestra propuesta va dirigida en primer lugar, a modificar la Constitución en lo que respecta a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. El actual esquema de la Constitución de 2010 que introdujo al Procurador General de la República en ese órgano ha posibilitado la situación que hoy tenemos en el Estado Dominicano, de que un partido por una mayoría electoral coyuntural pudo dominar y controlar todas las Altas Cortes y ponerlas en función de sus intereses, sobre todo, garantizar la impunidad a altos dirigentes suyos que han violado la ley.
A esos fines nuestra propuesta es que el Consejo Nacional de la Magistratura debe ser diversificado con la presencia de miembros provenientes de la sociedad civil, que evite que un partido lo controle de manera absoluta por una mayoría coyuntural.
Vamos a legislar para garantizar que los jueces que integren la Suprema Corte de Justicia sean de carrera y sin ningún vínculo partidario reconocido.
Por esa vía es que podremos tener un Poder Judicial que garantice la independencia externa e interna.
Asimismo, necesitamos una transformación profunda del Sistema Penitenciario.
A estos fines vamos a legislar todo cuanto fuera necesario para alcanzar un Sistema Penitenciario que garantice la seguridad de la sociedad en cuanto a lograr que las personas condenadas cumplan efectivamente la pena, distinto a lo que pasa hoy, que tenemos un sistema carcelario altamente vulnerable, de privilegios en función del poder económico de la persona detenida o condenada, donde las autoridades en muchos recintos apenas tienen el control perimetral de la cárcel y su control interno, en muchos casos está en manos de bandas que operan y dirigen acciones criminales hacia afuera.
En segundo lugar, el Sistema Penitenciario tiene que garantizar la regeneración o resocialización de los condenados que tengan esa posibilidad.
En tercer lugar, tienen que haber políticas específicas para la reinserción de los condenados al cumplir su condena.
Como puede verse el tema de la inseguridad y la reforma del sistema de justicia implica actuar a varios niveles: atacar las causas económicas y sociales para contribuir a la prevención del delito y al mismo tiempo, aprobar leyes que perfeccionen los órganos públicos vinculados a la prevención, sanción y al cumplimiento de la pena.
Ahora bien, no es posible abordar el tema de la Seguridad Ciudadana y la Reforma Judicial como un compartimento estanco. Por eso nos permitimos tocar varios aspectos de nuestra agenda legislativa que son partes importantes de estos grandes temas.
En ese sentido, no puede dejarse de lado lo relativo a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
No es posible aislar el tema de la seguridad ciudadana de los altos niveles de corrupción e impunidad que se dan en nuestro país.
Como sabemos la corrupción no solo significa la apropiación de importantes recursos públicos que deberían dedicarse a garantizar derechos y oportunidades para los ciudadanos, sino que esta supone una secuela de daños colaterales como es el debilitamiento de las instituciones, el irrespeto de la ley, la impunidad y sobre todo, la legitimación del enriquecimiento ilícito por parte de autoridades y representantes que deberían ser ejemplos para la sociedad. Por tanto, podemos afirmar que no es efectiva la lucha por la seguridad ciudadana si esta no se libra conjuntamente con la lucha contra la corrupción y los delitos de cuello blanco.
Lo otro a lo que es importante referirnos y que está en nuestra agenda legislativa es lo relativo a la necesidad de una ley de Partidos Políticos.
Resalta que en una democracia maltrecha como la de la República Dominicana los partidos son los principales proveedores de funcionarios y representantes del Estado y no habiendo una ley que obligue a la transparencia sobre el origen de los fondos que manejan estas entidades en sus campañas electorales y actividades políticas estamos expuestos a tener como hombres y mujeres públicos, a personas que alcanzan un cargo o una representación apoyándose en dinero de origen ilícito y como ha de suponerse esos representantes van al Estado a reproducir esas mismas prácticas ilícitas. Por eso es que vemos vinculado a todo el tema de la Seguridad Ciudadana, la necesidad de una Ley de Partidos Políticos que entre otras aspectos garantice la transparencia y licitud del origen de los recursos para hacer política.
Un tercer asunto que es necesario reiterar aunque está sobre entendido es luchar por una real separación de poderes que garantice el contrapeso necesario al Poder Ejecutivo, máxime en un país presidencialista al extremo, como el nuestro.
Por último, todo lo dicho hasta ahora solo tiene sentido si se enmarca en un esfuerzo sostenido para desarrollar una cultura de respeto a la ley, que implica aplicar la ley sin privilegios, sin injusticias e igual para todos.
Es por esa razón que en nuestra campaña hemos elegido como lema: por el imperio de la ley.
Aspiro ser parte del Senado de la República a hacer el esfuerzo que fuere necesario para garantizar la independencia de este importante órgano legislativo, que de una vez y por todas ejerza un efectivo control del Poder Ejecutivo, preserve la soberanía nacional y defienda los bienes patrimoniales del pueblo dominicano.
Por eso les digo que el voto que Uds. ejerzan en la casilla 26 de la boleta electoral, por Alianza País el próximo 15 de mayo será el voto útil porque es el que va a permitir que desde el Congreso, desde los Ayuntamientos y desde la Presidencia de la República podamos garantizar el cambio de rumbo de la República Dominicana y dejemos atrás la política tradicional que ha dominado en el país los últimos cincuenta años sin enfrentar ni resolver los problemas fundamentales de la sociedad dominicana.
En tus manos está este 15 de mayo hacer la diferencia. Vota 26 por Alianza País.