La prensa nace atada a su rol social, es parte inherente de su naturaleza. El primer diario, el acta diurna urbis, contenía todas las incidencias de la Antigua Roma, desde los eventos judiciales como los socialmente relevantes, y especialmente las sesiones del senado, demostrándose – desde su concepción – como la ventana predilecta a la información objetiva de los ciudadanos.
Por eso, el hecho de que el Estado Dominicano, de manera institucional, ha promovido la creación de un programa académico orientado a invertir talento en el saneamiento sistemático del periodismo, como anunció el presidente Luis Abinader hace unos días, reitera la esperanza de que la alternabilidad es necesaria pues las políticas públicas, ante cambios importantes de la administración, sufren un escrutinio provocador que – según la óptica – generará cambios de paradigmas importantes.
Este programa, preparado mancomunadamente por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Colegio Dominicano de Periodistas, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Planificación y Desarrollo, nace como respuesta al deterioro que ha generado la “prensa” inmediata, aportándose un eje transversal al ejercicio ético y de compromiso social del periodismo, para tratar de que estas prácticas desde los medios de difusión puedan permear la sociedad.
Y es que la prensa, en sentido abstracto, debe ser celosamente protegida por lo que es, un medio de difusión masiva de elementos objetivos y – a veces – con connotación subjetiva, que permite a todos los interesados tomar conocimiento de los hechos que entiendan relevantes y, en consecuencia, puedan formar su propia convicción sobre lo expuesto, lo cual toma especial relevancia de cara a los procesos judiciales, sus actores y los medios.
En un atinado comentario realizado por el reconocido maestro Ferrajoli, donde plantea que la ambigua relación que se ha instaurado entre justicia y medios de comunicación ha terminado por privar a la publicidad de su función originaria de garantía, para convertirla en un instrumento añadido de penalización social preventiva, capitalizándose la práctica del juicio paralelo, en una sociedad como la nuestra, que no cuenta con las herramientas necesarias para contrarrestar ese efecto.
Importante retener, como advierte José Augusto de Vega Ruiz, que no puede confundirse el juicio paralelo con la información exhaustiva que un medio dedique al desarrollo de un determinado proceso, la intensidad o amplitud de la información no otorga por sí sola la condición de juicio paralelo, lo que sí tergiversa eventualmente la labor de llevar la información al público es la imputación condenatoria de terminologías que – por la plataforma – generan una culpabilidad previa al proceso judicial que terminará por definir si el individuo cometió o no una falta, y una presión adicional de la sociedad que – tomándole la palabra a los medios en los que confía – asume la culpabilidad como cierta.
Es precisamente la posibilidad de tergiversación material bajo la excusa de la garantía de la libertad de expresión, con el fin de generar tracción social, que demanda con urgencia la implementación de programas como el que ha creado el Estado Dominicano.
Al evaluar los ejes que en el portal del referido programa de estudios se plantean, es importante retener dos que, de manera ilustrativa, demuestran el interés institucional que hemos estado comentando.
Primero, el aspecto digital, citándose a Micó al expresar que el periodismo en internet evidencia las graves deficiencias vinculadas a credibilidad, exactitud y arbitrariedad, y segundo, citando a Tejedor, orientado a desarrollar conceptos de verificación de noticias para evitar la ya estandarizada "fake news".
Por eso, al existir constantemente en nuestra sociedad un choque de derechos entre la libertad de prensa, expresión y otros que le orbitan, y los derechos de las partes en justicia, especialmente presunción de inocencia, derecho de defensa, dignidad e intimidad, en un ambiente tan digitalizado como el que actualmente vivimos, con el Diplomado, se demuestra el interés de la nueva administración de generar y provocar las discusiones necesarias para que todos los actores de la justicia, especialmente las partes, los abogados y los representantes del Ministerio Público, así como los que operan las plataformas de difusión, sumen esfuerzos y cooperen para que – entre todos – se puedan deducir beneficios tangibles para la seguridad jurídica en nuestra sociedad.
El Diplomado de Periodismo Ético es una iniciativa institucional que será recordada como el inicio de una labor socialmente relevante que todos los ciudadanos debemos apoyar, sin importar nuestra incidencia directa o indirecta, con el fin de tener una sociedad donde se respeten los procesos, las ideas y, especialmente, a las personas y sus garantías.