El jueves 27 de agosto en audiencia el Tribunal Constitucional conoció la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por organizaciones de la sociedad civil contra las dispensas que permiten el matrimonio infantil. La demanda quedó vista para sentencia, cuál será la decisión a la que lleguen los miembros del Tribunal resulta incierta a la luz de los pocos resultados que se han obtenido con los representantes del Congreso en los últimos 3 años.
De manera paralela y como en la legislatura anterior el Código Civil no llevó a consenso a los legisladores, se ha vuelto a enviar a la Comisión de Justicia. La esperanza de las ONG que defendemos los Derechos de la Niñez y los Derechos Humanos, así como de miles de dominicanos y dominicanas, algunos anónimos, otras famosas comunicadoras, actores, actrices e incluso legisladores y legisladoras, es que en esa Comisión el informe sea favorable a que no se permita el matrimonio por debajo de los 18 años sin excepción.
Desde hace varios años organizaciones como Save the Children y Plan Internacional hemos estado desarrollado intervenciones directas con niñas y adolescentes casadas o en riesgo de estarlo, buscando su reinserción social, para protegerlas de la violencia, favorecer su continuidad educativa o formativa, en definitiva, luchando en distintos puntos del país para que sigan siendo niñas y adolescentes, o para que vuelvan a serlo. Ambas organizaciones hemos además realizado estudios sobre esta realidad, caracterizando el matrimonio en distintas zonas del país, y los resultados en cualquier latitud de esta isla siempre reflejan los mismos factores: niñas y adolescentes en entornos asediadas por la pobreza, donde los roles de género dictan la maternidad y el matrimonio entre sus máximas y en los que la violencia es en muchas ocasiones una constante vital.
Pero hay además elementos reveladores que se deben de tomar como prioritarios a la hora de entender la dinámica y desmontar los mitos conservadores que anteponen la ¨construcción de una familia¨ a los derechos humanos: estas relaciones sean bajo el formato de unión libre o de matrimonio formal son mayoritariamente con hombres adultos (más de 10 años) y como promedio no llegan a durar más de 1 año o 1 año y medio. Es decir, son a todas luces relaciones abusivas y de poder, alejadas de los ideales del amor romántico, la familia o el hogar real.
Así es el matrimonio infantil en nuestro país: una relación abusiva de un adulto con una niña o adolescente proveniente de un hogar en situación de pobreza, donde para la niña o adolescente el ideal del amor está aún presente y se puede mezclar con la necesidad de huir de un hogar violento o donde un embarazo dentro de la relación les lleve a la supuesta construcción de una familia y una vida propia. Un tiempo después esta relación acaba, en muchos casos la niña sigue siendo menor de edad y tiene a su cargo a un hijo/a fruto de esa relación, no va a la escuela y se encuentra sin ninguna oportunidad de un desarrollo pleno que pueda romper el círculo de la pobreza en el que está atrapada.
Más allá de una indudable cuestión legal, bien sea por la declaración de inconstitucionalidad o porque definitivamente la Comisión de Justicia haga un informe favorable a su prohibición, el matrimonio infantil y las uniones tempranas en nuestro país son una cuestión de humanidad y ética. Son el reflejo de un Estado que no ha cerrado las brechas de la desigualdad y la pobreza, que permite la cultura de la cosificación de niñas y adolescentes, con frágiles mecanismos de protección para la niñez y que hace oídos sordos a una sociedad que reclama que las niñas sean solo eso, NIÑAS.
Prohibición del Matrimonio Infantil, una cuestión humana y moral.