Frente a "la malaise" y los "vaticinios sombríos" que muchos perciben en el panorama nacional, una gran parte de la población está expectante respecto a la posibilidad de unión de la oposición para desplazar al partido de gobierno en las elecciones del 2020.  Existe un clamor por un nuevo líder que sea capaz de aglutinar las diferentes fuerzas e iimplementar los cambios requeridos.  Pero también existe un clamor por un Programa de Gobierno que le imparta pertinencia y coherencia a esos cambios. Ambos aditamentos brillan hoy por su ausencia. 

Lo que sigue es una visión de un preocupado ciudadano de lo que podría ser ese Programa.  Se limita a un conjunto de reformas constitucionales, leyes y medidas, a sabiendas de que no lo abarcan todo.  Las propuestas provienen de sus diversos artículos de opinión y de otras fuentes. Se ofrece gratuitamente a la Marcha Verde y/o a los partidos de oposición en caso de que les resulte útil ponderarlo.  Si el Programa luce ambicioso es porque los cambios requeridos para apuntalar la institucionalidad democrática y combatir la cultura de impunidad y corrupción así lo determinan.

El objetivo fundamental es la reducción del ámbito de actuación de la clase política y, como contrapeso, la mayor participación de la sociedad civil en el sistema político.  También se notará en él una marcada focalización en los requisitos de equidad social, en respuesta a que en los últimos lustros el crecimiento económico no ha sido acompañado por una distribución equitativa de los ingresos y la riqueza. 

Reformas Constitucionales

  1. La membresía del Senado será compuesta por representantes de la sociedad civil (una propuesta original de Emmanuel Esquea), los cuales serían escogidos cada cuatro años por consultas plebiscitarias entre sus organizaciones más prominentes.
  2. Rotación de la membresía de la Cámara de Diputados mediante la escogencia por elecciones en las circunscripciones respectivas de una tercera parte de su matrícula cada dos años.
  3. Añadir dos representantes de la sociedad civil –escogidos por el Senado reformado—al Consejo Nacional de la Magistratura.
  4. El Tribunal Constitucional no podrá contravenir ninguna de las disposiciones constitucionales, especialmente aquellas que se hayan adoptado de manera transitoria contra la reelección del Presidente de la Republica.
  5. Creación de una Alta Corte Anticorrupción para procesar los casos de la Administración Pública (exceptuando los casos del Presidente y Vicepresidente de la Republica).
  6. Redefinir las funciones del Defensor del Pueblo para que focalice sus funciones en la  moralidad de la burocracia.
  7. Estatuir la independencia del Ministerio Publico mediante la designación de un Procurador General que sea escogido por el Senado reformado.
  8. Estatuir nuevos requisitos para el juicio político del Presidente y Vicepresidente.
  9. Designación de los miembros de la Cámara de Cuentas por parte del Senado reformado.
  10. Abolición de la moneda nacional y del Banco Central y adopción del euro y el dólar.
  11. Abolición de las Fuerzas Armadas y la conversión de sus efectivos en fuerzas policiales.
  12. Designación de los titulares de los órganos de control del Estado –Contraloría, Dirección General de Contrataciones Públicas, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental—de ternas presentadas por el Senado reformado al Poder Ejecutivo.
  13. Establecimiento de una Rendición de Cuentas del Presidente de la Republica, todos los 16 de agosto, sobre las provisiones de equidad del Presupuesto General del Estado y su ejecución.
  14. Establecimiento de requisitos específicos –tales como un cursillo de un mes sobre los problemas del desarrollo de las comunidades locales y los nacionales—para que los militantes políticos puedan aspirar a ser candidatos a cargos específicos.
  15. Acuerdos de cooperación internacionales para permitir la cogestión de algunas funciones gubernamentales con extranjeros y el establecimiento, en áreas seleccionadas, de alianzas estratégicas de desarrollo con países extranjeros.

Leyes

  1. Nueva Ley Electoral.
  2. Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.
  3. Ley de Responsabilidad Fiscal.
  4. Ley de Fiscalización Congresual.
  5. Ley de Policía Binacional Fronteriza.
  6. Ley de Facilitación de Inversiones Mixtas entre inversores extranjeros y nacionales.
  7. Ley de Concesión de la Nacionalidad a cambio de inversión en el país.
  8. Ley de Privatización de los activos estatales del Sistema Eléctrico, del Banco de Reservas, del CEA, de CORPHOTELS y los activos del COPRA.
  9. Ley de Renta Básica Universal como porcentaje del Presupuesto General del Estado, la cual consolide los programas sociales condicionados en un solo aporte mensual a los hogares más pobres.
  10. Ley de Equilibrio entre la Representacion y la Participación de los actores del sistema político mediante el uso de los medios de información y comunicación digitales.
  11. Ley que instituya el Programa de Opción Escolar Preferencial, el cual deberá ofrecer mayor atención y recursos a las 200 escuelas donde asistan los estudiantes más pobres.
  12. Ley de Incentivo Salarial a los Maestros en función del rendimiento escolar.
  13. Ley de Pasantías Industriales que promuevan el emprendedurismo.
  14. Ley de Incentivo al Empleo de los Jóvenes de menos de 25 años de edad.
  15. Ley de Subcontrataciones a las ONG de Funciones de Vigilancia Ambiental y Administración de Áreas Protegidas.
  16. Ley de Reforma del Servicio Exterior que limite las embajadas y consulados, elimine los puestos redundantes y regule la compensación salarial del personal diplomático.

Medidas

  1. Incorporación de las direcciones electrónicas de los ciudadanos encriptados en la Cedula de Identidad y Electoral para facilitar las consultas populares (referendos, plebiscitos) y la votación en las elecciones de todos los niveles.
  2. Actualización del Padrón Electoral para que contenga las direcciones electrónicas de los ciudadanos.
  3. Acordar un Pacto Fiscal que eleve gradualmente la presión tributaria a un 20%, ampliando la base tributaria, eliminando las exenciones fiscales, combatiendo la evasión y elevando el gasto social y de inversión.
  4. Identificación y eliminación de entidades gubernamentales con funciones duplicadas (redundantes).
  5. Aplicación rigurosa de la Ley de Reforma de la Policía Nacional.
  6. Aplicación de la Ley de Regulación Salarial de la Administración Pública (promulgada en el 2013).

En mi entrega Pacto Colectivo de la Oposición (https://acento.com.do/2017/opinion/8512316-pacto-colectivo-la-oposicion/) quien escribe propuso que un programa unitario de la oposición debería concentrarse en cinco pilares fundamentales: 1) combate a la delincuencia, 2) combate a la corrupción, 3) generación de empleos, 4) salud y vivienda, y 5) equidad social del gasto público. Sera evidente para cualquier lector atento a los acontecimientos y desafíos nacionales que no todas las provisiones de esa versión de programa están incorporadas en el listado anterior. Habrá entonces que hacer un esfuerzo por complementarlo.

Pero la utilidad de este listado es que muestra el sesgo y las prioridades que se requieren para 1) confrontar la grave crisis de moralidad pública que sufre el país, 2) dar respuesta a las principales preocupaciones de la ciudadanía,  y 3) introducir una visión de país más a tono con los tiempos de la globalización, la Era Digital y la Era del Conocimiento. Ojalá y su ponderación lleve a nuestras organizaciones políticas a una fructífera discusión de sus prioridades para bien de la presente y las futuras generaciones.