Seguridad Social para todos

Profundizando las desigualdades sociales

Por Arismendi Díaz Santana

Esta vez, corresponde a la cúpula de la Cámara de Cuentas. Pero ocurre con frecuencia en todos los estamentos del Estado, llámese el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Poder Judicial y una amplia variedad de ministerios y organismos descentralizados.

El aumento de la cúpula supera los RD$70,000 mensuales, elevando la nómina mensual en 4.5 millones, lo que representa casi 60 millones al año, a pesar de que sus autoridades alegan falta de recursos para cumplir con sus responsabilidades.

Se considera justo indemnizar anualmente los sueldos. Pero esos encumbrados funcionarios se hacen de la vista gorda cuando la mayoría de la población reclama el mismo tratamiento.

El argumento de que las instituciones autónomas no están sujetas a las leyes que rigen la administración presupuestaria conduce a la creación de un Estado dentro del Estado. Llama la atención que el mismo sólo se utiliza para obtener ventajas y privilegios, pero nunca para ejercer la verdadera independencia de los poderes del Estado.

Permítanme insistir en un tema ya manido, no por necesidad, sino por falta de atención de las autoridades nacionales. A finales del 2004 el salario mínimo del Estado se fijó en 5,117 pesos, y desde entonces permanece anclado, a pesar del incremento general de los precios acumulados desde entonces.

Esta injusta situación afecta a cientos de miles de servidores públicos. Y además, a más de 118,000 infelices pensionados, sin seguro médico, cuya pensión de 5,117 pesos no les alcanza ni para comprar sus medicinas, sobreviviendo en la miseria e indigencia.

Los salarios de la inmensa mayoría de los servidores públicos se han mantenido congelados durante más de una década. Los únicos aumentos han sido a los maestros y al personal de salud, no porque se los merezcan, sino porque han realizado paros y huelgas, tumbándole el pulso al gobierno.

Un Estado multiplicador de los privilegios

Estamos caminando aceleradamente hacia un régimen excluyente, cada vez más alejado de los principios democráticos y constitucionales, que establecen la igualdad de derechos y de oportunidades, y que prohíben legislar para su propio provecho.

Honestamente, no encuentro ninguna explicación de que, a pesar del tan cacareado crecimiento sostenido de la economía durante los últimos tres lustros, esas familias se mantengan marginadas, pasando por una situación realmente humillante.

Tampoco parece lógico hablar de reducción de la pobreza, cuando la gran mayoría de los servidores públicos sufren en carne propia la reducción continua del poder adquisitivo de sus ingresos, sin que se les tome en cuenta.

Sectores de la opinión pública han cuestionado estas alzas. Un editorial del periódico HOY señaló que con la célebre discrecionalidad, organismos y ministerios de diversas áreas se comportan como “cacicazgos”. Y Participación Ciudadana demandó un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas.   

Por su parte, la Cámara de diputados y varios legisladores calificaron el aumento como una acción ilegal y contraria a la Constitución y solicitaron una investigación al respeto. Pero todos sabemos que son posiciones incoherentes de legisladores sostenedores y beneficiarios de un Estado multiplicador de los privilegios.

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