´´Los procesos de reforma son complejos. Implican una transformación de la cultura organizativa y con ella, la modificación de las conductas de los individuos que la componen”
La administración pública para cumplir con el mandato constitucional y garantizar servicios públicos de calidad debe transitar el camino de la meritocracia como una condición básica para el acceso a las funciones públicas para cumplir con las metas esenciales del Estado: “la protección de los derechos de la persona, el respecto de su dignidad y la obtención de los medios que permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y justicia social”.
En la República Dominicana es necesario que se aborde con la debida profundidad la transformación de la institución policial, para que pueda ser ciudadanizada y desmilitarizada, como única manera de contar con agentes de la policía al servicio de la población y con condiciones dignas para el desempeño de sus funciones.
En ese sentido, el régimen laboral de los miembros de la Policía Nacional se debe adecuar a lo previsto en la Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04 y la Ley No 41-08 de Función Pública, que regula las relaciones laborales entre la institución policial y los agentes, para poder avanzar en el saneamiento y profilaxis de las filas policiales, la implementación de incentivos, beneficios para los agentes, sueldos decentes y dignos, la debida seguridad social que beneficie a estos y a sus familiares.
No es posible hablar de la implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana y una policía de carrera, profesionalizada, con los salarios precarios que actualmente reciben los agentes, como se puede ver en la gráfica que compara el salario del escalafón inicial de miembros de la policía de Centroamérica y la República Dominicana
El Consejo Superior Policial debe asegurar la dignidad salarial, una mejor condición de vida y la profesionalidad de los miembros de la institución. Además la equidad retributiva, que a trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad, desempeño o antigüedad, corresponde siempre igual remuneración, cualesquiera que sean las personas que lo realicen.
El Artículo 11 Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, establece que: “La escala salarial de los demás funcionarios de alto nivel incluyendo a los jefes, subjefes e inspectores generales de los estamentos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; de los organismos autónomos y descentralizados, instituidos por leyes y demás funcionarios de sus dependencias jerárquicas, serán establecidos por reglamento que al efecto dicte el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Administración Pública, que a la fecha no avanza en su implementación y cumplimiento.
También la ciudadanía debe demandar una Policía Nacional civil a su servicio, disciplinada, con un eficiente régimen de ingreso, jerarquías, ascensos, designaciones, separaciones, promover un desarrollo institucional lejos de las prácticas de violación de derechos humanos o de arbitrariedades e ilegalidades.
La ley institucional de la policía determina que: “El número de ascensos estará determinado por las plazas disponibles y el personal requerido para cumplir los servicios respectivos, según lo decida el Consejo Superior Policial, sin discriminación de género.” Por cuanto, en el proceso de reestructuración orgánica de la institución policial, tenemos pendientes dos aspectos fundamentales como son disponibilidad presupuestaria y la cantidad de policías.
En relación a la cantidad de policías la República Dominicana cuenta con más agentes en nómina si lo comparáramos con los países de Centroamérica, como se puede apreciar en la gráfica.
El análisis de estos datos es fundamental para impulsar un mejor desempeño policial, reducir los servicios domésticos de los miembros de la policía y avanzar en la determinación de la cantidad de policías que conforme a los grados requiere el país y que la sociedad dominicana pueda confiar y saber que sus agentes de policía está en funciones de orden público y de prevención del crimen y el delito.
Por instrucciones del presidente Danilo Medina, el Ministerio de Defensa dispondrá de 1,200 hombres más a nivel nacional en cada turno de servicio, sumándose a los agentes policiales, dicha situación claramente evidencia la poca claridad para enfrentar la situación de seguridad en el país. Queda claro que el problema no cruza por la integración de más hombres a las calles, más bien, debemos pensar y preguntarnos ¿Dónde están los 32,545 agentes de la Policía Nacional? Pienso que si estos estuvieran en sus tareas propias, serían más que suficiente y de esa forma evitamos militarizar la función policía o que las fuerzas armadas asuma tareas policiales propias de un cuerpo civil.
También una nueva y diferente institución policial debe velar por la calidad del servicio público y sus miembros son servidores públicos que reciben su remuneración con fondos del Estado, fijados en el Presupuesto General de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. Actualmente, como se muestra en la gráfica la Policía Nacional dominicana cuenta con una asignación presupuestaria de las más bajas y precaria comparada con otros países de la región.
Una mayor asignación de recursos para la policía nacional se convierte en una necesidad imperiosa, revestida de mayores controles y políticas de transparencia en su ejecución, para garantizar la implementación de su plan estratégico, operacionales y su plan de seguridad ciudadana, la mejora de la calidad de los servicios públicos, es uno de los desafíos más importantes de la Administración Pública y la Policía Nacional.
La implementación de políticas de seguridad deben partir de la comprensión de nuestra propia realidad del contexto político, social, económico e institucional y debe partir de una claridad de las amenazas de carácter local, nacional, regional, teniendo una conexión con factores geopolíticos que inciden en la problemática y que deben ser considerado para sus propuestas de soluciones que cruza por recursos humanos de calidad, disponibilidad presupuestaria para sus tareas y funciones, mayores controles para la prevención de la corrupción a sus filas.