No hay dudas que en muchos aspectos el servidor público dominicano de hoy no es ni la sombra del burócrata tradicional de las décadas 70 y 80, aquel peculiar personaje “empleado público” de finales del siglo XX conocedor al dedillo de los procedimientos institucionales, pero sin capacidad de tomar decisiones inteligentes en situaciones apremiantes.
Este individuo, quien por ósmosis y costumbres enraizadas se caracterizaba por ser el devoto e incondicional simpatizante de “la ley del menor esfuerzo”, el personajillo de la subcultura vernácula de nuestra burocracia, quien hacia honores a sus dotes innatas de colmar la paciencia al más tolerante y sumiso ciudadano con sus acostumbradas tácticas dilatorias, muchas veces por ineficiencias institucionales, por desidia y en el peor de los casos como mecanismo de extorsión al ciudadano.
Desde siempre la administración pública constituye el escenario más fluido y complejo de cualquier estructura organizativa existente.
En ella convergen un conjunto de instituciones creadas por Ley para al menos intentar resolver problemas que atañen a toda la sociedad.
La organización estatal se encarga de captar recursos a través de todo una serie de disposiciones impositivas que obligan a las empresas y a los ciudadanos a pagar los tributos establecidos de acuerdo a sus niveles de ingreso.
En teoría, el Estado debe ser capaz de canalizar estos recursos para la solución de un sinnúmero de problemas y situaciones que afecta a todo el conglomerado social y que requiere de la actuación oportuna del Estado en procura del bien común.
La búsqueda de soluciones a las demandas y problemáticas que surgen en la sociedad requiere de un Estado con capacidad una formidable capacidad de respuesta y un continuo aprendizaje de su labor, a través de las metodología y las herramientas de gestión más efectivas.
Es en ese contexto que toma real importancia el proceso de mejora permanente de la administración pública, para esto requiere de primera mano de la profesionalización y actualización de toda su estructura organizacional.
La formación y capacitación constituyen esa piedra angular tan fundamental en cualquier iniciativa que desde el Estado tengo como objetivo implantar cambios permanentes y centrados en la calidad y la eficiencia del quehacer público.
Si bien es ampliamente conocido y aceptado el alto impacto de la capacitación y formación en todo el sector público, cabe destacar que persisten algunos aspectos que deben ser replanteados y mejorados con el fin de que los profesionales en formación aprovechen más y mejor el contenido y la metodología de enseñanza.
Cabe resaltar que entre otros aspectos el cumplimiento efectivo de la ley 41-08 y sus reglamentos, aseguran la necesaria provisión del capital humano que requieren nuestros servidores públicos, lo cual a su vez generaría una transformación de la visión de un sector público más eficiente, con servicios de alta calidad y recursos humanos más comprometidos, mejor formados y con altos niveles de desempeño.
Existe una relación directa entre el grado de aprobación que la ciudadanía otorga al funcionamiento institucional en los servicios que ofrece y a la capacidad de la administración pública de responder de forma eficiente y efectiva sus demandas por los servicios públicos, sobre todo aquellos que por su naturaleza aluden a necesidades básicas de la población como la salud, la educación, la seguridad entre otros.
El gestor público hoy en día debe tener la visión y entender que esta aprobación por parte de la ciudadanía solo se logra con recursos humanos bien formados, mediante la vinculación de las competencias requeridas para sus funciones y la provisión de servicios públicos eficientes y de alta calidad
El gestor público del siglo XXI está obligado a evolucionar y entender las crecientes demandas insatisfechas de la ciudadanía en múltiples órdenes, ciudadanía que dicho sea de paso está muy bien informada y con tecnología de punta para convertir un simple reclamo en un fenómeno viral.
Un vistazo al panorama general de la región en materia de procesos formativos nos confirma una tendencia recurrente en Latinoamérica de incorporar en las instituciones públicas las herramientas metodológicas de gestión más acordes a las necesidades y transformaciones que requiere la administración pública.
En pleno siglo XXI, la profesionalización de la función pública ha permitido a los Estados latinoamericanos superar en materia de institucionalidad algunos escollos que tradicionalmente los han caracterizado, sin embargo aún quedan grandes desafíos por lograr.