En los últimos dos meses el tema del transporte ha sido objeto de debate por la acción de amparo incoada por el CONEP en un intento de abrir una brecha en el mercado del transporte de pasajeros y el transporte de cargas mediante la judicialización de un problema que tiene su raíz en la completa ausencia de políticas públicas para mejorar los servicios de transporte.
Hace poco más de un año escribí en esta columna sobre la reordenación del transporte de pasajeros y el enfoque que este debe tener para mejorar sustancialmente este servicio. Hoy día lo sostengo con más firmeza. El pleito del CONEP y los empresarios del transporte se limita a la frase siguiente: “y tú más”. Trapos al sol de entidades que aúpan monopolios y oligopolios en distintos renglones económicos. Ninguna de las partes tiene soluciones al tema de transporte urbano de pasajeros. Y el gobierno tampoco tiene voluntad para intervenir y hacer de este servicio más efectivo y eficiente.
En este país, el servicio de transporte urbano de pasajeros no es público ni es un servicio público en los términos del artículo 147 del Constitución, es decir, que no hay y nunca ha habido obligación de parte del Estado ni de los particulares que prestan el servicio de hacerlo respondiendo a principios como universalidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad y continuidad. Estos son principios cardinales del servicio público constitucional y por tanto de obligatoria observancia al momento de configurar las políticas públicas para la prestación de estos servicios.
Si bien el transporte de pasajeros no es un servicio público en sentido estricto, su trascendencia en el orden económico y social del país, sobre todo en las grandes urbes, es innegable. De ahí que esta actividad comercial sean servicios de interés colectivo, es decir, servicios de mercado que satisfacen necesidades colectivas.
Justamente el enfoque de servicios de mercado es la trampa y el problema principal del transporte urbano de pasajeros. Esta actividad de alta incidencia en el desarrollo social y económico no debe abandonarse a las reglas del mercado pues por la importancia de este servicio tiene que prestarse con estricta observancia a los principios del servicio público constitucional.
De hecho, entiendo que el transporte urbano de pasajeros debe ser declarado servicio público, lo que implica el cierre de la libre iniciativa privada respecto a esta actividad y una total direccionalidad de la misma en manos del Estado, que está llamado a establecer una política integral del transporte urbano de pasajeros.
El transporte urbano de pasajeros no puede depender solamente de las reglas de la competencia en un mercado liberalizado como algunos apuestan porque éstas no garantizan su universalidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad que requiere para la satisfacción efectiva de las necesidades colectivas vinculadas a movilidad urbana.
Y esto es así porque los costes (de gestión, regulatorios, medioambientales, etc.) para un servicio de esta naturaleza que haga efectivo el libre tránsito de las personas en los centros urbanos (bajas tarifas, no discriminatorios para personas con algún tipo de discapacidad, rutas hacia sectores o barrios con poco flujo de personas, etc.), son altamente elevados de manera tal que el fin lucrativo, propio de cualquier actividad de mercado, amenazaría con socavar la universalidad del servicio.
Tomás Cano Campos deja claro porque se justifica la publificación de los servicios de transporte urbano de pasajeros al afirmar que: “el transporte urbano constituye una pieza central en el funcionamiento cotidiano de las ciudades, de modo que su adecuada regulación y prestación no sólo influye decisivamente en la libertad de circulación de los individuos y en el goce efectivo de numerosos servicios de todo tipo (sanitario, educativo, cultural, etc.), sino que se erige también en un elemento imprescindible para una adecuada vertebración territorial conectado los lugares de residencia, trabajo, ocio, etc., y, en definitiva, para mejor la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos en su medio natural de vida: los asentamientos urbanos[1]”.
En resumen, el problema del transporte urbano de pasajeros no se remediará con alguna apertura de mercado que pueda lograr el CONEP. No es el mercado la solución al tema del transporte urbano. Se necesita una decidida intervención pública apoyada en planificación urbanística en el que exista un esquema de colaboración público-privada, que permita a los particulares participar y competir en términos de calidad del servicio dentro de en un régimen concesional de transporte urbano de pasajeros.
[1] Tomás Cano Campos, «La regulación del transporte público urbano» en Alberto Ruiz Ojeda (Dir.), Derecho de la regulación económica, Tomo VI: Transportes, Iustel, Madrid, 2011, p. 314