El consumidor es una pieza clave en la comercialización de los productos y bienes puestos a su disposición en el mercado nacional. Sin consumidor no hay intercambio comercial. Lo propio aplica para los productores, distribuidores y suplidores de esos mismos productos, encargados de mercadearlos y venderlos en la cadena de comercialización.
El consumidor es el ultimo eslabón en esa cadena y por sus manifestaciones a toda escala es fácil entender porque se siente el más vulnerable y desprotegido, ante la insaciable voracidad de determinados comerciantes que basan su quehacer en una gestión mercadológica engañosa.
La queja de los consumidores respecto al accionar de comerciantes inescrupulosos en el manejo de los precios y la presentación de toda clase de productos se ha convertido en un constante lamento. A veces, esta condición no ha permitido apreciar los esfuerzos que llevan a cabo organismos del Estado para frenar estas acciones, que van en perjuicio de la salud y el bolsillo de los ciudadanos dominicanos.
En ese sentido es de apreciar las recientes declaraciones de la Directora de Pro-Consumidor Anina Del Castillo, cuando afirmó que la protección de los derechos del consumidor debe ser parte integral de la política económica del Gobierno, así como la unificación del trabajo de todas las agencias del Estado, para respaldar a los ciudadanos que demandan bienes y servicios en una economía de mercado y dar certeza jurídica en las transacciones comerciales.
La directora de Pro-Consumidor abogó por la instauración de una Política Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor como política pública transversal, con la finalidad de brindar mejores servicios para la atención y la protección de los ciudadanos como agentes económicos.
Esto así porque es claro que un Mercado Justo es aquel en el que todos sus actores se sientan protegidos y satisfechos.