Los privilegios de los legisladores no se limitan a los exorbitantes ingresos derivados de los “barrilitos” y “cofrecitos”. Los miembros del Congreso disfrutan de dos exoneraciones de automóviles por cada periodo constitucional; tres en el actual de seis años.
Hay congresistas que tienen en su haber más de seis de esas exoneraciones. Estos son de los privilegios irritantes que deben ser eliminados, debido a que el hecho de ser electo para el Congreso no implica ganarse el derecho de situarse por encima de los demás. La ley prohíbe la venta o traspaso a terceros de las exoneraciones de vehículos, pero no respetan esa disposición y muchos de ellos tienen ya vendidas las que se auto-asignarán el año próximo.
Más que la primera, esa segunda exoneración es un abuso contra el país, porque la mayoría de los fabricantes de vehículos y sus distribuidores locales, sean autos o todo terreno, mejor conocidos como “yipetas”, ofertan cinco años de garantía o 100 mil kilómetros, de manera que una sola les bastaría para el período para el cual se escogen, que es de sólo cuatro años, afortunadamente, a excepción del actual.
Para hacerlas más inconsistentes con las penosas realidades de la mayoría de quienes esos honorables legisladores dicen representar, las exoneraciones no se refieren a vehículos utilitarios, de bajo costo y consumo de combustible, sino abiertas con las que pueden adquirir sin pagar los impuestos que se les cobran al resto de la población las marcas más caras del mercado.
Los políticos favorecidos con esos excesos propios de nuestra cada vez más débil estructura institucional, se auto-proclaman defensores de los derechos del pueblo. Y en su nombre se otorgan graciosas canonjías que ofenden la pobreza nacional. Algún día se les recordarán entre los auténticos sepultureros de una democracia viciada por la corrupción y el despilfarro de los recursos del país.