En los años noventa escribí varios artículos sobre las ventajas de un proceso de privatización de empresas estatales en procesos transparentes, abiertos y competitivos que permitieran descubrir su valor de mercado para funcionar en competencia y sin los privilegios que tenían por ser propiedad del gobierno. A pesar de establecer ese punto con claridad, no faltaron quienes opinaban que el interés de los privatizadores era conseguir para beneficio propio o de asociados activos públicos a “precios viles”. Para responderles recuerdo escribir un artículo en El Siglo presentando argumentos para demostrar que hasta un caso de priva-pillaje era preferible a que siguieran operando con administradores nombrados por decreto. No lo tengo a mano, pero creo que la lógica andaba por los siguientes párrafos para una empresa pública de zapatos.
Supongamos que los activos de esa fábrica “del pueblo”, en un sector de manufactura donde existen varias empresas privadas, se traspasa a un tercero por un precio equivalente al 10% del valor estimado en un proceso de privatización competitiva. También que la transacción se hace con garantía de blindaje judicial para los “buitres privatizadores” y sus herederos nonatos. Argumentaba que esa transacción, obviamente repugnante, producía en el acto tres cosas positivas:
a) con dueños privados la empresa deja de ser una carga más para el presupuesto de la nación, al perder el auxilio automático que estaba dando el gobierno para cubrir sus cuantiosas pérdidas anuales, la norma con raras excepciones cuando interviene en producción directa bienes y servicios; b) la empresa que operaba a costos unitarios mayores que sus pares, deja de ser referencia para establecer precios de control y aranceles a productos importados; c) perdiendo al socio público todos los zapateros son empresarios privados, en consecuencia más vulnerables a críticas sobre colusión para imponer condiciones de calidad y costo a los consumidores, a la vez que se devalúa el poder para evitar mayor competencia de importaciones o la entrada de nuevos participantes locales.
En caso de que la producción de zapatos fuera un monopolio, el “despojo vil de activos del pueblo” para favorecer a un particular venía con la ventaja inmediata de abrir la entrada a la competencia en el bien o servicio, por la tradición constitucional de prohibir monopolios a favor de particulares. En plazo bien corto, estimaba que los beneficios de una oferta más competitiva en calidad y precios superaría la situación de subsidiar las pérdidas con transferencias del presupuesto, situación normal aún en monopolios públicos, y estar encadenados a una oferta inestable de bienes con calidad cuestionable y el azar con que se fijan los “precios políticos”.
En cualquiera de los dos casos, el beneficio para el priva-pillo zapatero es equivalente a ganar una sola vez de manera fraudulenta el premio gordo de la lotería. Me explico. Como el escenario probable es que exista un rezago en tecnología y calidad de producto con los competidores privados, se tendrá que invertir capital propio para renovar maquinarias, innovar procesos y contratar capital humano con las competencias para relanzar o introducir nuevas marcas. Como estos zapatos saldrán pesados por el lastre reputacional, venderlos va a requerir colocarlos a precios donde el consumidor sienta tanto alivio en el bolsillo que ignore su génesis contaminada por corrupción. Pero ese es un anatema que competidores mantendrán siempre presente, especialmente cuando hagan contraofertas de precios para quitarles el segmento de consumidores menos repulsivos a la forma en que fueron despojados de su proporción en el patrimonio teórico de las llamadas “empresas del pueblo”.
Entonces, queda claro que para generar ventas se requiere la inversión de capital propio, desde el primer día después de la fechoría con la finalidad de renovación industrial, y luego por varios años para compensar el patrimonio robado que se diluye a causa del margen escaso o nulo se requiere para crear lealtad en compradores. Ahora bien, ¿no fue precisamente ese camino, el de formar empresas arriesgando capital propio con visión largo plazo, que ellos optaron por evitar al participar en la trama del priva-pillaje?
En consecuencia, es más seguro establecer que el móvil de la operación fue usurpar activos públicos para realizarlos en efectivo a la primera oportunidad. Nada de un Robin Hood moderno que se roba empresa pública ineficiente tiene al pobre caminando descalzo, con el fin de que ahora los tengan en abundancia, buenos y baratos. El priva-pillaje fue caso de raterismo a mayor escala. Mercado con libre competencia local y apertura importaciones, sin embargo, termina favoreciendo a todos al eliminar la empresa como fuente de dispendio de recursos públicos, monopolios y cárteles.
Volver a pensar sobre ese artículo se me ocurrió al leer el informe sobre la venta de las tierras donde está el barrio Los Tres Brazos, activo fijo que aparecía en el balance de una fábrica de zapato estatal. El análisis del noventa que rescato es válido para un caso de priva-pillaje en empresa cuyos activos tienen relación con la actividad principal y el terreno se limita al área donde se realizan las operaciones. Pero una fábrica de zapato del gobierno que es propietaria de una parcela enorme y sin uso en la que se forma un barrio, es cosa distinta.
Un priva-pillaje de esa parcela donde el gobierno hasta invirtió en obras de infraestructura, para revender pedazos a quienes fueron primeros ocupantes hace más de veinte años es una monstruosidad cuando se lee el informe tapando los precios y márgenes en que se concibió, y se llegó en parte a materializar, la transacción. Esa parcela ya tenía dueños por derecho natural, lo correcto era trabajar armoniosamente en un proceso de titulación con valoración unidades y costos administrativos ajustados a la realidad. Que algunos propietarios llegaron a firmar contratos es prueba de que no hay una posición fundamentalista para aferrarse a no pagar nada por la ocupación de terrenos públicos. La civilización está entre los extremos de las barbaries “¡Te vendo barato para que te bañes de oro con deslinde y transferencias!” y el “¡Ya esto es mío y hay que darme mi título gratis!”
La diferencia de los Tres Brazos con el caso explicado de la simple fábrica de zapatos es abismal. El beneficio del atropello es exclusivo para los actores de la trama y a unos valores, forma de pago y márgenes tan groseramente absurdos que debieron concebirse en un escenario casi seguro de blindaje judicial. La posesión de la parcela por los moradores de Los Tres Brazos no afectaba directamente las finanzas públicas, como es el caso de transferencia públicas a su empresa deficitaria. Quitarles posesión para obligarlos a pagar certificado propiedad a los priva-pillos es un atraco monumental al que el barrio se enfrentó con gallardía. Felicitaciones a los medios dieron cobertura al caso y a las autoridades redactaron el informe, pieza importante en proceso judicial los implicados sólo creían posible cuando el cambio climático provocara una nevada en Azua.