En el país hemos arribado a un año de gestión de un nuevo gobierno. Algo inusual ha sido la creación de un escenario por parte del Poder Ejecutivo para presentar un 16 de agosto una especie de rendición de cuentas. Este mecanismo constitucionalmente no está concebido. Sólo cada cuatro años esta fecha se convierte en escenario para la juramentación del presidente de la República y otros funcionarios, pero no para rendir cuentas. De todo modo, aprovechamos esta oportunidad para compartir algunas valoraciones sobre lo que han sido estos doce meses de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader.
Parte de nuestra cultura política se caracteriza por escuchar en la voz oficial o de quien gobierna un enfoque positivo y optimista de la gestión. Y del otro lado, ver a la oposición centrada en los yerros y las debilidades del gobierno. Esta es una conducta frecuente en la propia condición humana. Tendemos a no develar nuestras vulnerabilidades frente a los demás porque nos tornamos frágiles y fácilmente manipulables. Y a lo inverso, se espera la hora de la muerte para resaltar los valores y virtudes de las personas.
En política, la visión instrumental del poder no concibe la autocrítica. Y en una cultura autoritaria como la nuestra es inaceptable asumir las críticas de los demás como una oportunidad de reconstrucción, mejora y revisión de lo que hacemos y pensamos. Hacer análisis crítico y objetivo de una gestión arrastra consigo el riesgo de ser considerado progobierno o por lo contrario ser acusado de tener una identidad política con la oposición.
En el contexto del libre pensamiento, no sujeto a intereses corporativos ni partidarios, es determinante colocarse en la visión de los cambios reales y los no reales, los aciertos y desaciertos de una gestión, los elementos estructurales visibles y no visibles del poder.
En efecto, el gobierno de Luís Abinader no es un gobierno rupturista ni de transformación sistémica. La noción del cambio es dentro del mismo modelo de sociedad y de un tipo de Estado de naturaleza liberal. Es una gestión que emerge en un contexto de hartazgo y descontento social y político de una gran masa de la población, en especial la clase media urbana, con la gestión de 20 años del peledeísmo y la corrupción de algunos de sus funcionarios.
Esta nueva gestión se instala en un momento pandémico y de estancamiento de la economía. Con una oposición fragmentada y dispersa. Un pueblo que compró el discurso del cambio que en su subjetividad e imaginario significa esencialmente superar el cansancio con la gestión del PLD y la corrupción administrativa. Y una clase empresarial pragmática, cuyas simpatías políticas se mueven flexiblemente en función de la coyuntura y de lo que más favorece sus intereses.
Por tanto, cualquier medida que implique una diferenciación con los elementos que fueron generadores de descontentos en la población, logrará un impacto favorable al posicionamiento político del PRM y el presidente Abinader. Esto acompañado con la amplificación de los medios de comunicación, las redes sociales y la extensa estrategia publicitaria de este primer año. En términos de favorabilidad, se puede decir que, del 16 de agosto 2020 a la fecha, el ecosistema político ha sido favorable para la actual gestión.
En ese contexto complejo debemos destacar, como uno de los principales aciertos de este primer año del gobierno del PRM, la reactivación y la estabilidad de la economía, logrando un crecimiento de un 13.3% del PIB y una proyección a cerrar entre un 9% y 10% al final del 2021.
Tres factores han sido claves en esta reactivación: la inyección de U$8,200 millones de las remesas recibidas de los dominicanos residentes en el exterior, en especial los que viven en Estados Unidos; la agresiva política de endeudamiento y la dinamización gradual del turismo. Asimismo, esta reactivación está asociada a los logros del gobierno en el control de la pandemia del COVID 19 y muy particularmente de su plan masivo de vacunación. De igual manera en términos de la economía, también cabe destacar haber logrado mantener la estabilidad cambiaria y el aumento de las reservas internacionales.
Un acierto del gobierno fue disponer de los fondos financieros para la inclusión al Régimen Subsidiado de más de 2 millones de dominicanos y dominicanas. Una política que indiscutiblemente ha facilitado la permanencia en la seguridad social de aquellas personas que quedaron sin empleos como resultado de los estragos económicos generados por la pandemia del COVID 19. Esta rápida inclusión encontró una base institucional y tecnológica en SENASA, heredada de las pasadas gestiones, para que en pocos meses se lograra esta meta.
En términos institucionales, se puede destacar como un logro que ha tenido mucha empatía con la población ha sido la designación en el Ministerio Público de funcionarios partidariamente independientes, quienes inmediatamente implementaron un plan de apertura y persecución de casos a altos funcionarios y militares del pasado gobierno peledeísta. Este ha sido quizás, junto con el proceso masivo de vacunación, el logro más valorado por la población dominicana.
Por otro lado, cabe señalar que, a pesar de todos los desaciertos, el gobierno evitó que el año escolar colapsara totalmente, mediante el modelo de educación a distancia. Fue un escenario complejo, con una marcada red de intereses que apuestan más a sus beneficios individuales y empresariales que a la verdadera defensa de la calidad de la educación. Las lagunas y huecos educativos de los dos últimos años se suman al déficit que históricamente arrastramos en materia del conocimiento y el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Destacamos como un acierto importante la continuidad de algunos programas sociales del pasado gobierno. Se han hecho modificaciones domésticas en los nombres de estos programas y el aumento de algunos incentivos monetarios, pero en su esencia estos programas han permanecido, los cuales contribuyen a amortiguar las precariedades de la población que vive por debajo de la línea de pobreza en nuestro país.
No obstante, en este primer año de gestión se observan algunos desaciertos que anticipan la poca probabilidad de cambios en el Estado dominicano. Un primer elemento es la instauración de una estructura burocrática gubernamental de naturaleza plutocrática y fuertes influencias patriarcales. La plutocracia es un concepto definido por el intelectual alemán Max Weber, haciendo alusión a Pluto al dios de la riqueza en la mitología griega. Se trata de una forma de gobierno en la cual el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos.
De igual forma, la configuración de la burocracia estatal refleja una alta identidad patriarcal. Con una presencia poco significativa de las mujeres en las instituciones de más influencia en la toma de decisiones políticas y económicas, como son los ministerios. El nombramiento de un 100% de mujeres en las gobernaciones provinciales no puede exhibirse como un logro.
Las gobernaciones son una herencia del trujillismo. Son estructuras obsoletas, descontextualizadas con la realidad nacional y atadas al Poder Ejecutivo. Con presupuestos precarios y su incidencia está muy vinculada a las acciones de naturaleza clientelista del Estado dominicano.
Hemos visto una clara continuidad del modelo patrimonialista del Estado. Nueva vez experimentamos la cultura de la repartición de los puestos del Estado en función de la identidad política de las personas. No se diferencia el cargo técnico del político. La militancia perremeista presiona como si llegó el momento de nuevos propietarios. Indiscutiblemente que se pueden destacar algunas instituciones cuyos funcionarios han sido coherentes y no han permitido que esta cultura penetre su gestión. Pero la lógica dominante ha sido el patrimonialismo clientelar. En esta debilidad institucional debemos destacar como un desacierto la falta de garantía o reconocimiento de los derechos por prestaciones laborales a miles de empleados públicos desvinculados de sus puestos.
El acelerado endeudamiento del gobierno ha sido el tema más debatido en la sociedad. Cualquier partido que le tocara dirigir el Estado iba a encontrar en la deuda pública una de las principales fuentes para generar recursos financieros inmediatos para enfrentar el déficit económico producido por la parálisis de la economía. Uno de los elementos a cuestionar del actual proceso de endeudamiento es la calidad de la deuda, para qué están destinados estos recursos, cuáles son las condiciones de negociación de éstos. De igual manera, en la medida que nos vamos endeudando y las deudas absorben gran parte del PIB y del Presupuesto Nacional, habrá poco rejuego para la implementación de políticas sociales en el país.
Nuestro país arrastra un déficit institucional acumulado por décadas. Uno de estos déficits ha sido la fragmentación institucional, la duplicidad de roles y yuxtaposición de funciones. En este año hemos visto un comportamiento ambiguo y contradictorio. Mientras se están eliminando estructuras obsoletas, que no agregan valor a la gestión pública, por otro lado se promueven estructuras paralelas como los gabinetes y comisiones que fungen como órganos paralelos o yuxtapuestos a los ministerios.
En materia de salud y seguridad social, persiste el enfoque hospitalocéntrico de la salud en detrimento de la visión de la atención primaria. Se entiende que la salud es asunto exclusivo de infraestructuras hospitalarias, equipamientos, personal. Se evidencia una clara ausencia de un enfoque integral de la salud y de estrategias de transformación del sistema. Todo apunta a que seguiremos teniendo un sistema de salud y seguridad social con predominio de los entes privados en la conducción y organización del sistema de salud.
Asimismo, se observa una fragmentación, dispersión y falta de coordinación en el proceso de reformas de la Ley de Seguridad Social (87-01). Por un lado, el Congreso crea una comisión para recoger, a través de las vistas públicas y reuniones con actores claves, las diferentes propuestas de reformas a la ley. Pero por el otro lado, el Poder Ejecutivo crea una comisión tripartita compuesta por el sector empresarial, sindical y gubernamental. Hasta el momento se desconoce una propuesta concreta del Poder Ejecutivo que facilite las discusiones. Este paralelismo sólo favorece a los espacios de poder real para las negociaciones subrepticias, los demás escenarios son simbolismos de democracia.
En el escenario actual es difícil que podamos experimentar un modelo de gestión gubernamental orientada a la disminución de la pobreza. Existe un discurso limitado, casi inexistente, frente al tema de la inequidad y la pobreza en la República Dominicana. Esto es comprensible. La base social electoral del PRM es principalmente la clase media urbana. Además, es difícil implementar un modelo redistributivo y equitativo con el predominio de una burocracia de naturaleza plutocrática.
Por tanto, las apuestas del Gobierno seguirán siendo por la estabilidad económica, la gobernabilidad y un marco institucional funcional mínimo. Así como a no perder el enfoque de que la continuidad en el poder está cimentada en la promoción de la figura presidencial. Esto no significaría ninguna novedad para la sociedad dominicana de los últimos 30 años.
La novedad deseada es que tengamos cambios y transformaciones en términos de protección social y de una nueva institucionalidad que permita una sociedad más equitativa y solidaria.