Desde que se anunció el paquetazo tributario en la primera semana de octubre de 2012, amplios sectores de clase media del Distrito Nacional y Santiago –principalmente- se han estado manifestando en las calles y plazas en reclamo de que el hoyo fiscal provocado por el pasado gobierno sea aclarado y los culpables sometidos a la justicia por violar la Constitución y la ley de presupuesto.

Más de un dominicano está preocupado por el alto nivel de espontaneidad de la protesta social contra el “paquetazo” sin que hasta hoy el gobierno de Danilo Medina de señales de que acepta juzgar a los culpables del hoyo fiscal no autorizado por el Congreso Nacional, y temen con razón, que la lucha pueda difuminarse en el tiempo y convertirse un nuevo revés para anotarse en la bitácora del movimiento popular.

Afirman –y nuevamente con razón- que los nuevos actores sociales que están dando un brillante ejemplo de compromiso con la decencia, la honestidad, la justicia y el compromiso, deben definir una agenda mínima que tenga una meta firme de la lucha: enjuiciar la corrupción y determinar culpables con nombres y apellidos para que la justicia los condene y envíe un ejemplo claro de que hay una nueva etapa en la que la población no acepta pasivamente que sus derechos sean pisoteados.

El objetivo de detener la corrupción, enjuiciar a los corruptos y sostener la protesta social como preludio al surgimiento de una verdadera oposición de carácter político-social a un gobierno-partido que controla todos los poderes, parece ser el último recurso que tiene este país si quiere realmente seguir viviendo en democracia si ella es equivalente a votar cada cuatro años.

He dicho y repito que hasta ahora la protesta social la enarbolan las clases medias porque tienen suficiente alcance para ver –antes del amanecer- los efectos de una reforma fiscal que hundirá en la miseria a miles de familias pobres y enviará a la pobreza a cientos de miles de personas que hoy subsisten como empleados y pequeños comerciantes.

No obstante, en los primeros tres meses del próximo año, que es cuando los sectores más humildes sentirán en su espinazo el golpeo directo del cobro de impuestos y el incremento de todos los productos de primera necesidad y los servicios con los mismos ingresos, los sectores populares se sentirán en necesidad de salir a luchar a las calles por un asunto de elemental supervivencia.

Eso no se puede contener con funditas, tarjetitas o promesas, pero mucho menos con los chantajes que se quieren hacer a participantes de la protesta como Olaya Dotel, Alex Mundaray o un hijo de Altagracia Salazar.

No, en los barrios populares las estaciones se identifican por una radicalidad muy diferente y allí están creadas las condiciones para que la gente luche mucho más decididamente que en las plazas del polígono central de la más vieja ciudad de América.

Si cuando irrumpan a la protesta los barrios populares de la periferia de Santo Domingo y de las principales ciudades del país el gobierno no tiene disposición de perseguir la corrupción que si es seria toca a figuras importantes del pasado gobierno, tanto la administración de Danilo Medina como quienes se movilizan ahora tienen que prepararse para ver un desbordamiento popular en las calles que tal vez “nunca se había visto”.

Corresponde al movimiento Justicia Fiscal y a todas las organizaciones que respaldan la protesta cívica, buscar vínculos desde ya con los barrios populares antes que estos irrumpan con los métodos que les son propios, pues de lo contrario serán muy probablemente desbordados y colocados en segundo plano.

Para establecer esos vínculos es necesario que el movimiento de lucha actual defina un objetivo y enarbole una consigna única, pues de lo contrario serán esos barrios populares y campos los que con su proverbial creatividad y su sobrada experiencia, los impongan sin detenerse a buscar aliados.

Colocar la lucha contra la corrupción en un primer plano –esa es una obligación legal del nuevo gobierno- y fijar metas para verificar que ella es efectiva y real, es el estandarte de un movimiento que necesita ampliarse a bases populares si no quiere quedar como un nublado que no llegó a ser aguacero.
La agenda de la clase media tiene que bifurcarse con la de los sectores populares barriales “al norte de la avenida San Martín y al oeste de la avenida Luperón” si en verdad quiere luchar con éxito contra la corrupción y registrar un ejemplo de victoria.

Diciembre, que no ha significado una tregua en la lucha, es buen tiempo para pensar en estos temas y esperar la llegada de enero 2013 con ideas más claras sobre el porvenir y la esperanza de este traicionado pueblo.

¡No más palabras magistrado y pare esa cogedera de piedras para los más chiquitos!