La aprobación en primera lectura por el Senado del proyecto de ley de partidos políticos, con la modalidad obligatoria de primarias abiertas (con el padrón de la JCE), simultáneas (todos los partidos el mismo día) y organizadas por la JCE, ha lanzado a todo el mundo a opinar a favor y en contra, con argumentos jurídicos y políticos, y pocos se han detenido a pensar en el reto que representa este modelo para una JCE que acaba de salir de una experiencia traumática en las últimas elecciones.

Leonel y el presidente Medina (este último indirectamente) han asumido la defensa de modelos distintos, pues los intereses políticos de ambos se podrían ver afectados dependiendo del modelo que se escoja. Al presidente Medina no le ganaría nadie la candidatura de su partido, con primarias abiertas o cerradas, pero ocurre que tiene un impedimento constitucional que se vislumbra difícil levantar y entonces tendría que cederle la precandidatura a uno de sus delfines y en ese escenario a Leonel, dentro del partido, no le gana nadie, pero fuera del partido las cosas son diferentes, y de ahí la gran batalla que libran con el tema de las primarias.

Ciertamente, en el escenario de la precandidatura de Leonel versus la de uno de los delfines del presidente Medina, en primarias abiertas, Leonel tendría que lidiar primero con la fuerte percepción negativa de la ciudadanía, no solo con respecto a él, sino además a su entorno. Pero, en segundo lugar, tendría que lidiar con quien hace los cheques a favor de más de dos millones de personas, no solo empleados públicos, sino también los beneficiarios del vasto plan de asistencia social. ¿Por qué? Por lo que Wilfredo Lozano ha llamado la estrecha relación existente entre las políticas sociales y el clientelismo político.

El argumento jurídico en que Leonel basa su rechazo a las primarias abiertas es discutible. Es cierto que existe una sentencia de la SCJ que declaró inconstitucional el modelo de primarias abiertas por violar la libertad de asociación, el principio de no retroactividad, la convocatoria irregular de las asambleas electorales y no haber identificado los fondos públicos que se utilizarían para organizar las mismas, pero no menos cierto es que con posterioridad se modificó la Constitución y por primera vez se aprobaron disposiciones para regular los partidos políticos, lo que permitiría que el Tribunal Constitucional pueda reexaminar el tema a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales, a pesar del artículo 277 constitucional que le otorga autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada a las decisiones de la SCJ anteriores al 2010.

Una de las nuevas disposiciones constitucionales introducidas en 2010, aplicable a los partidos políticos, es la que establece que su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna. ¿Qué es “democracia interna”? Parecería referir a la decisión de los miembros de los partidos. Por eso, estoy de acuerdo con que sean los estatutos, aprobados por los miembros de los partidos, que decidan la forma en que se escogerán los candidatos. Me parece que esa es la forma adecuada para respetar el principio de democracia interna que manda la Constitución y por eso estoy de acuerdo con la fórmula que propone la JCE, de que cada partido decida si las primarias serán con padrón abierto, semi abierto o cerrado, organizadas por cada partido o por la JCE y la fecha en que serán celebradas. Aquellas que no sean organizadas por la JCE, deberán ser estrechamente supervisadas por ésta.

Mis queridos amigos, Javier Cabreja y Ramón Tejada, compañeros de mil batallas desde sociedad civil, han escrito a favor de las primarias abiertas y simultáneas. Uno de los argumentos que utiliza Javier es la historia de enfrentamientos, divisiones y muertos en las elecciones internas organizadas por los partidos con padrón cerrado. Javier cita a Einstein cuando señala si quieres lograr resultados distintos, no se puede seguir haciendo lo mismo. Pero no propongo que sigamos haciendo lo mismo, pues entonces Javier tendría razón.  Propongo someter a la obediencia a los partidos políticos a través de una ley fuerte, con un régimen de consecuencias fuerte y sobre todo una JCE fuerte, capaz de aplicar la ley.

Argumentar que los partidos no tienen capacidad para organizar primarias, que no tienen capacidad para organizar su propio padrón, dos cuestiones básicas de la vida de cualquier partido, es tratarlos como niños y no ayuda para nada a su fortalecimiento. La ley debe crear las condiciones para que los partidos actúen como adultos y no irse por el camino fácil de delegar en otros lo que debería ser responsabilidad de los partidos. Partidos que no sean capaces de celebrar primarias o darse un padrón confiable, no deberían tener la oportunidad de dirigir el país.

Una JCE que supervise eficazmente el padrón de los partidos, la organización y celebración de primarias, asambleas y convenciones, que controle la recepción de fondos y su uso, y sobre todo que imponga las sanciones administrativas pertinentes en caso de violación, es hacer algo distinto, que nunca se ha hecho, y contribuir a resultados distintos a los obtenidos, fortaleciendo los partidos.

Pero el más serio inconveniente para aplicar la fórmula aprobada en primera lectura por el Senado es la JCE, sobre la cual se quiere hacer recaer la responsabilidad de organizar primarias simultáneas de todos los partidos en un mismo día, y que arriesgue su credibilidad justo tres meses antes de las elecciones municipales, y seis antes de las congresuales y presidenciales.

Se tratarían de unas primarias sumamente complejas, más que las del 2016, que involucrarían alrededor de 75,000 precandidaturas. Tómese como referencia que en las elecciones del 2016 fueron 24,442 candidaturas, pero ahora habría que multiplicarlas por 3 suponiendo que en cada partido habría alrededor de tres candidatos por posición y sabemos que en muchos casos serían más.

Desde hace un tiempo la JCE viene abogando porque se posponga el voto preferencial a nivel municipal para las elecciones del 2020.  ¿Saben la razón? Es casi imposible de implementar para las próximas elecciones, con los recursos y la tecnología existente, a pesar de que las municipales de febrero del 2020 se harán separadas de las congresuales y presidenciales. ¡Imagínense todas juntas, multiplicadas por tres!

Esos mismos conflictos de los partidos, ¿creen ustedes que desaparecerán cuando las primarias las organice la JCE? ¿Solo porque las organice la JCE? Por el contrario, la JCE podría verse arrastrada por esos conflictos poniendo en riesgo su reputación y por ende las próximas elecciones.

La JCE aún no se repone del desastre de 2016 y todavía existen conflictos por el uso de la tecnología en esas elecciones, lo que ha obligado a la JCE a descartar los equipos utilizados y anunciar que irá con la tecnología que usaba paras las elecciones anteriores. Eso significa que, en el 2020, la tecnología no será un factor de mucha ayuda en el caso de que tenga que organizar primarias abiertas y simultáneas.

Dejemos que cada partido decida, por aplicación del principio de democracia interna que manda la Constitución, cómo, quién y en qué fecha organizará sus primarias para elegir sus candidatos y aprobemos la indispensable ley de partidos, tan importante si queremos equidad en las elecciones.