Los más amplios, diversos y plurales sectores de nación, como los partidos de oposición, la iglesia católica, los empresarios, sociedad civil, el grupo que encabeza el presidente del partido gobernante, intelectuales, juristas y académicos se han opuesto de manera categórica a que se contemple en la ley de partidos políticos las primarias abiertas.
La lógica, la razón, el sentido común, la ley y la Constitución de la República sirven de amparo, sustento y aprobación a los sectores que rechazan ese método de elección.
Financiera y económicamente el país no resistiría el costo de tres procesos electorales nacionales y un cuarto proceso electoral, si fuese necesario una segunda vuelta electoral.
Sobre qué base legal o constitucional quiere el sector de palacio y que controla a su antojo los poderes del Estado y las Altas Cortes, implementar primarias abiertas en los partidos políticos.
La Suprema Corte de Justicia, actuando como control directo o concentrado en materia constitucional desconoció la sentencia del 2005, que declaró inconstitucional la ley 286-04 que había instituido las primarias simultáneas con padrón universal para la escogencia de candidaturas municipales, congresuales y presidenciales.
Además, se ignoraría y violaría el Art. 216 de la Constitución del 2010, que los mismos senadores aprobaron, el cual reza “la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, su conformación y funcionamiento debe sustentarse en el respeto de la democracia interna”, en otras palabras, lo que establezcan sus normas o estatutos democráticamente aprobados.
La desesperación y la truculencia de esa facción del PLD, que detenta de manera corrupta y sin escrúpulos el poder, le pasaría por encima a los artículos 38 y 47 de la constitución que plantean la libertad de la organización de los partidos y los derechos de asociación y de reunión. Así que la existencia de los partidos políticos en el país está debidamente constitucionalizada.
Retomando la sentencia del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional la ley 286-04 sobre la instauración de primarias abiertas, el último artículo de nuestra constitución sintoniza perfectamente y da la razón jurídica a esa decisión; dicho artículo el 277 establece que “todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en el ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente constitución, no podrán ser examinada por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia”.
Lo que esto significa es que el Tribunal Constitucional no podrá declarar en ningún momento la inconstitucionalidad de la constitución y, por ende, aunque la Cámara de Diputados acogiere la aprobación que en dos lecturas consecutivas hiciera el Senado y se convirtiera en ley para regir las primarias abiertas en los partidos políticos para escoger sus candidatos, esta sería declarada ipso facto inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la República. Pero la estrategia de la facción del palacio es que esa última decisión tomaría mucho tiempo y a eso está jugando de manera temeraria el presidente Medina y su insaciable grupo en el poder para que sucumba y no se apruebe ni la ley de partidos ni la del régimen electoral.
Definitivamente detrás de todo ese escarceo donde participan Senadores, Diputados, ministros y miembros del comité político para que se permitan primarias simultáneas con padrón abierto está el interés de que el país se tome la cicuta o el veneno de la reelección.
Lo que le interesa al sector políticamente dominante del poder es obstruir y violentar a toda costa la ley, la Constitución, la institucionalidad, la democracia, el Estado social, democrático y de derecho e instaurar el régimen de la plutocracia y de la cleptocracia, que ya en parte lo están ejerciendo.
Se impone y la sociedad cívica y política de nuestro país pide que se apruebe una ley de partidos políticos y se modifique sustancialmente la ley del régimen electoral bajo el más amplio consenso y pacto social, apegadas ambas leyes a los criterios de equidad, democracia interna, institucionalidad, transparencia, justicia, ética, valores y principios de la nación.
Es imperdonable que el país se resigne al despropósito de los detentadores del poder, de que o habrá primarias abiertas o que entre el mar.