El hecho bochorno de las tristes muertes de 11 niños el pasado fin de semana en el hospital Robert Reid Cabral obliga a una revisión de las prioridades del gobierno en materia de asignación de los recursos públicos a través del Presupuesto General del Estado, en especial en materia de salud y asistencia social.
Conforme al artículo 61, constitucional, la salud es un derecho fundamental y el Estado tiene el deber de procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran.
Por lo tanto, el Estado, como regulador, rector y garante del Estado de Derecho, debe adoptar políticas públicas a través de decisiones, directrices, lineamientos y cursos de acción, que se concretizan a través de programas, proyectos y acciones públicas, consignando en el presupuesto público los recursos suficientes y oportunos para el logro del desarrollo humano.
Las políticas públicas deben apuntar a por lo menos dos metas mínimas:
- Acceso universal a servicios sociales básicos comenzando con los niños y niñas:
- Salud básica
- Educación básica
- Nutrición
- Agua potable y saneamiento
- Ingresos dignos para todas las familias
Como se puede apreciar, la salud de los niños y niñas debe ser la primera responsabilidad social del Estado y esto solo se puede lograr con recursos.
Lo que no tiene recursos asignados en el presupuesto público, no existe.
Para el año 2014, en la ley No. 155-13, Presupuesto General del Estado, se dispone un monto para el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 60 mil 298 millones de pesos, de los cuales al 30 de septiembre se habían ejecutado 41 mil 503 millones, equivalente al 69 % de ejecución y con una proyección para final de año del 93 % con relación a lo aprobado.
Dentro de ese monto se aprobaron 19 mil 544 millones destinados al programa de Atención a la Salud de las Personas, representando el 32 % del presupuesto total del ministerio, con una ejecución de 13 mil 997 millones, equivalente al 72 % de lo aprobado.
La mayor partida del programa lo constituye la actividad de Dirección y Coordinación con un monto de 17 mil 96 millones y una ejecución en el período enero-septiembre de 13 mil 75 millones para un 76 %. Es decir, el 87.5 % del presupuesto para la Atención a la Salud de las Personas se gasta en lo administrativo del sistema regional de salud, resaltando los bajos salarios de los médicos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo.
La segunda actividad lo constituyen los Servicios Regionales de Salud, nueve en total y 1,781 centros de salud registrados, con un monto presupuestado de 2 mil 351 millones, de los cuales solo han recibido como subvenciones el 38 %, equivalente a la suma de 901 millones.
Y para la actividad de Servicios de Primer Nivel de Atención se presupuestó un ridículo monto de 28 millones y se han ejecutado 14 millones, equivalente al 49% de lo aprobado.
Situación que no varía en el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año Fiscal 2015, sino que se agrava al ser disminuidas las partidas asignadas a las Regionales de Salud, donde ni siquiera se ha considerado la inflación proyectada del 4 % para el próximo año. (Ver Cuadro 1).
Sin embargo, para los hospitales denominados autogestionables, nueve en total en todo el país, lo presupuestado alcanzó la suma de 2 mil 645 millones y lo ejecutado a un mil 765 millones para un 67 % de lo aprobado, es decir que a esos centros hospitalarios se les asignan más recursos y se les hacen las transferencias a tiempo, a pesar que los mismos aceptan seguros y pagos complementarios.
En realidad no podemos entender que el señor presidente Danilo Medina Sánchez se “indigne y pida investigación de lo ocurrido en el hospital Robert Reid Cabral”, cuando él encabezó el Consejo de Ministros que aprobó semejantes partidas como subvenciones de los hospitales públicos.
Esto no es un asunto de ‘indignarse”, ni de “investigación”, es de asignación de recursos a una prioridad social que el gobierno no la asume.