Esta administración, en medio de un panorama global adverso, ha realizado serios esfuerzos para llevar el gasto social a niveles superiores a los prevalecientes antes de la crisis acontecida en el gobierno del actual candidato Hipólito Mejía; sin embargo, elevar el gasto en educación, como aspira esta sociedad, así como el de salud o el relacionado con la seguridad ciudadana, demandará de graves ajustes en otras partidas o por el contrario una reforma fiscal general que garantice la sostenibilidad de las recaudaciones.
El proyecto de presupuesto del estado para el 2012 se enmarca en ese esfuerzo de elevar sostenidamente el gasto social (ver "Acento" del 8/10/11: "Presupuesto, gasto social y comparación de dos gestiones") y aunque son legitimas las aspiraciones del 4% para educación y cumplir con las leyes que establecen porcentajes a diferentes instituciones; lo cierto es que resulta una tarea prácticamente imposible, dado el nivel de presión tributaria.
Las "Proyecciones Presupuestarias Plurianuales de Mediano Plazo 2012-2015″, que representa un primer esfuerzo para cumplir con la Ley Orgánica de Presupuesto y su reglamento a este respecto, nos ofrecen evidencias de que sin una reforma fiscal, el incremento hasta el 4% del PIB a educación implica reducir las partidas a otros componentes del gasto social y la inversión en obras.
Los estimados de ingresos del presupuesto plurianual del gobierno central para el 2012-2015, parten de una serie de supuestos, como el comportamiento de la economía Norteamericana, crecimiento del PIB dominicano cercano a su potencial(6%), tasa de inflación menor de 5%, estabilidad relativa del tipo de cambio, déficit del gobierno central equivalente al 0.6% del PIB, y una presión tributaria, que aumenta de 13.0% del PIB en el 2011 a 13.8% en el 2012, pero se reduce hasta 13.5% en el 2014, por la eliminación de impuestos transitorios que fueron incluidos en la reforma de este año.
En el presupuesto plurianual para el 2013-2015 no se contempla el cumplimiento de la infinidad de leyes especiales que otorgan porcentajes a una serie de instituciones, porque sencillamente haría inviable la ejecución presupuestaria; aunque en el caso de la educación a partir del 2013 se asigna el 4% del PIB. Las limitaciones fiscales se manifiestan en que este incremento se sustenta en sacrificar sectores como la salud, que se afecta con una reducción equivalente al 0.2% del PIB; la asistencia social en 0.1%; justicia y orden publico 0.1%; deportes 0.1% y los gastos de capital en 0.4% del PIB para solo citar algunas áreas.
Si pretendemos un estado con los recursos suficientes para invertir 4% o más del PIB en educación, continuar la mejoría del sector salud, gastar más en seguridad ciudadana, invertir en infraestructuras, cumplir con el servicio de la deuda pública y preservar la sostenibilidad fiscal; es un imperativo una reforma general que por un lado mejore la calidad del gasto y por otro garantice una presión tributaria mínima equivalente al 18% del PIB.
Esa reforma fiscal general, para la cual será imprescindible contar con el consenso de esta sociedad y de la mayoría partidaria representada en el Congreso, podría marcar el punto de partida para garantizar una lucha eficaz contra la pobreza y construir un país seguro y de oportunidades. Obviamente que aparte de esa reforma uno de los supuestos principales, implícitos en el presupuesto plurianual y la "Estrategia Nacional de Desarrollo", es la preservación de este clima de crecimiento con estabilidad, confianza e inversión que han caracterizado la presente gestión del PLD y de Leonel Fernández.