En ocasión de la discusión anual sobre el presupuesto general de la República para el próximo año, toca nuevamente traer a la palestra la necesidad de asignar, por lo menos, el 2.66% del presupuesto al Poder Judicial y el 1.44% al Ministerio Público, tal como contempla el artículo 3 de la ley núm. 194-04. Y este año, aun con el coronavirus causando serios estragos en la economía nacional y en la política presupuestaria futura, este tema no deja de ser descabellado.
De acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2021, la asignación al Poder Judicial es básicamente la misma que la prevista para este año, mientras que para el Ministerio Público habría una caída importante dado que para el 2020 le fueron asignados RD$11,715.3 millones y para el 2021 solamente se contempla unos RD$7,005 millones. De modo que en circunstancias especiales como las que vivimos y con un nuevo gobierno que ha prometido una justicia más independiente en todos los ámbitos, el Poder Judicial seguirá trabajando con el mismo nivel presupuestario y el Ministerio Público tendrá que arreglárselas.
Es cierto que debemos revisar prioridades y echar mano a todos los sectores que han sido duramente golpeados económicamente por la pandemia; pero no se puede desaprovechar estas oportunidades de cambio de gobierno ni de crisis para tomar decisiones certeras que en mediano plazo fortalezcan el sistema de justicia, su independencia, su accesibilidad y su eficacia. Una de estas decisiones tiene que ver con los fondos que le son asignados, sobre todo ahora que producto del coronavirus los planes de virtualidad judicial y la creación del ecosistema digital del Poder Judicial se puso en marcha prematuramente.
Garantizar la viabilidad de estos programas, además de las reformas legislativas que deben discutirse para su sostenibilidad más allá de la pandemia, ameritan la asignación de un mayor presupuesto. El acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 69.1 de la Constitución, el cual a su vez implica que los procesos se lleven a cabo con seguridad y celeridad, acompañados de todo un proceso de reformulación interna en el Poder Judicial de capacitación del personal, revisión de la escala de salarios de los servidores judiciales y los jueces, así como de sus condiciones de trabajo, un sistema de evaluación mucho más riguroso, infraestructuras dignas y accesibles para cualquier persona y, por supuesto, el mejoramiento sustancial de la plataforma virtual para lograr mayor agilidad de los trámites ordinarios.
Ahora que la virtualidad judicial entró en vigor de golpe y ante un nuevo gobierno que dice apostar a un mejor sistema de justicia, debe cumplirse con lo establecido en la ley núm. 194-04. Por igual con el Ministerio Público pues no se puede esperar que sus miembros cumplan con una labor de investigación profunda y apegada a las normas del debido proceso, tanto en los casos ordinarios como en los grandes casos de corrupción administrativa que la gente espera ver, sin las herramientas necesarias en sus manos y sin los incentivos económicos de lugar.
Particularmente los casos complejos como los de corrupción administrativa, fraudes bancarios, estafas multimillonarias, narcotráfico y trata de personas ameritan un despliegue importante de recursos y que las fiscalías empleen bastante tiempo en la investigación para sacar a camino estos expedientes, todo lo cual indica que recortar el presupuesto del Ministerio Público al tiempo que se promete un mayor empeño e independencia en la persecución de estos delitos es contraproducente.
El compromiso con una justicia independiente y con su fortalecimiento se resuelve con la asignación presupuestaria que así contempla la ley núm. 194-04 o por lo menos un aumento sustancial para el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes juegan un rol esencial en la materialización de esa promesa de “cambio” con la que llegó a la dirección del Estado el actual gobierno.