La solución judicial de los conflictos es un servicio público fundamental para la sostenibilidad y el desarrollo de la sociedad. Ese servicio de interés colectivo está cargo de los jueces de la República, quienes están obligados a prestarlo en condiciones de gratuidad, universalidad, accesibilidad y calidad.
Sin embargo, el dinero lo hace todo, lamentablemente, y sin recursos económicos el Poder Judicial no puede impartir la justicia pronta y de calidad que se merece y demanda la población dominicana.
Ya lo ha dicho el presidente del Consejo del Poder Judicial, el doctor Mariano Germán Mejía, que lo asignado en el Presupuesto 2013 es “muy chin”.
Se trata solo de un aumento de RD$450 millones, que en adición a los casi RD$4 mil millones que deberá recibir durante este año, dista mucho de los RD$7 mil millones requeridos para poder atender los problemas básicos del Poder Judicial durante el entrante año 2013.
Son muchas las necesidades que pueden mencionarse: funcionamiento de tribunales ya creados, aumento de salarios a jueces, más defensores públicos. Pero hay dos urgentes y prioritarias: otra sala para conocer los asuntos civiles y comerciales de primera instancia en Santo Domingo Este y otra sala para agilizar los fallos en el Tribunal Superior Administrativo.
Ojalá los diputados y senadores consideren al momento de aprobar la ley de presupuesto la transcendencia de tener un sistema judicial eficiente, pero con recursos económicos.