El presidente Luis Abinader se convirtió en el primer mandatario que racionaliza en público la contribución de Santiago al producto bruto interno (PBI).

Históricamente, desde Ulises Espaillat (1876), Horacio Vázquez (1924), Juan Bosch (1962), Joaquín Balaguer (1966), Antonio Guzmán (1978), Salvador Jorge Blanco (1982) hasta Hipólito Mejía (2000), el Cibao ha aportado decenas de presidentes. Ninguno como el actual para referirse a Santiago como eje de proyectos de impacto nacional.

¿Si la línea presidencial impone aumentar la inversión descentralizada, por qué el Ministerio de Hacienda no identificó en la nueva propuesta de ley de presupuesto 2022 los proyectos anunciados por la Presidencia en Santiago, por más de 8 mil, 400 millones de pesos anuales?. Esta provincia cibaeña sólo tiene asignados $2,054.8 millones, apenas un 24% de la inversión anunciada.

En la práctica se pueden hacer buenos reajustes, pero es racional que cada ministerio tenga consignados formalmente los recursos en su presupuesto.

Por ejemplo, para remozar el centro histórico de Santiago, entendemos que la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial lo asumirá. Lo mismo valoramos de la recuperación del río Gurabo, que será ejecutada por INAPA. Las viviendas seguras para familias vulnerables por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; correcto. Sin embargo, ninguno de estos órganos lo tiene consignado en el proyecto de presupuesto 2022. Asimismo acontece con las nueve (9) propuestas de intervención vial y conectividad de acceso a la ciudad.

Tal como el gobierno formula en estos momentos, es prudente preparar un adendum a la propuesta presupuestaria. Esperamos que aparezcan precisadas las iniciativas presidenciales anunciadas coherentes con el Plan Estratégico Santiago. Proyectos que estimularán la creación de más de 83 mil nuevos empleos formales y más de 5 mil empresas anuales.

La propuesta de presupuesto, de un millón de millones doscientos catorce mil seiscientos seis millones siete mil trescientos sesenta y nueve pesos ($1,214,606,007,369), tiene oportunidades y brechas reales para hacer valer la inversión presidencial comunicada. Si no se precisa en la ley de presupuesto, las políticas no tendrán la debida continuidad de Estado y sostenibilidad que requieren.

Esta debilidad es tan frecuente en América Latina que el Instituto para el Desarrollo Económico Social del BID tiene herramientas de solución. Una aplicación tecnológica realizada con funcionarios ficticios, coordinados por el ministro de Hacienda, define herramientas para que la inversión sea equitativa con necesidades y visión del desarrollo armónico y descentralizado. Se cuida estabilidad económica, ingresos, gastos, riesgos fiscales y calidad del gasto.

Finalmente, nos ocupa la defensa de los fondos de los ministerios de Industria y Salud Pública. Ambos, tienen proyectos promotores de empresas culturales y atención primaria. Iniciativas aseguradoras que las obras generen más empleos saludables.

Si nos dormimos en el hecho efímero de que la pandemia terminó, no podremos anticiparnos a otros peligros latentes en los sectores salud y economía. Otras epidemias, desastres relacionados al cambio climático y las crisis económicas que nos acechan. Se impone entonces precisar en cada ministerio los proyectos de Santiago, especialmente en el adendum que se prepara en estos momentos