Hasta los más despistados no han tenido dificultad para interpretar la señal que ha querido enviar el gobierno estadounidense, a través de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, al retirarle la visa al empresario Angel Rondón, principal implicado en el expediente de soborno de la Odebrecht, congelar sus bienes en ese país y prohibir a sus empresas y ciudadanos relaciones de negocios con el mismo.
El mensaje es claro y va dirigido como certera estocada al mismo corazón de nuestra Administración de Justicia, a la que de manera implícita cuestiona y enrostra no estar procediendo con la energía esperada, de la que han estado dando muestras otros países involucrados en la escandalosa trama de soborno internacional montado por la constructora brasileña.
Ciertamente la impresión generalizada, que ahora dan fe de compartir las autoridades estadounidenses, es que el expediente de la Odebrecht no solo ha marchado con extrema lentitud sino que luce débil de elementos probatorios e incompleto el número de encartados. Luce en verdad difícil de digerir que en un caso de esa naturaleza y gravedad, no sea mayor la cantidad de implicados y más ágil la tramitación del proceso.
En febrero, a tiro de piedra de apenas dos meses, la Procuraduría General de la República, tendrá que presentar el expediente acusatorio, al vencerse el período de que dispone para profundizar las investigaciones.
¿Ha logrado en estos meses el Procurador General enriquecer el fardo de elementos probatorios necesario, y sobre todo ajustado a Derecho, más allá de las simples delaciones importadas de Brasil, que permita establecer de manera convincente y sin margen a duda razonable, el grado de culpa o de inocencia, según el caso, de los sometidos?
¿Ha podido sumar al expediente indicios de culpa sobre otros posibles implicados que no figuran en la causa, cuando resulta bastante difícil de aceptar que por la trama de sobornos y el monto de los mismos, la cantidad de involucrados tiene que resultar necesariamente mucho mayor?
¿Se han dado los pasos necesarios para auditar el costo real de las obras ejecutadas y en proceso por parte de la Odebrecht, donde el monto pagado por el Estado supera con mucho los presupuestos originales, lo que sumado en conjunto pudiera rondar los mil 300 a mil 500 millones de dólares, que no es precisamente una mentica de guardia de cinco cheles?
Sobre el propio Procurador y los magistrados que juzgarán el caso pesará como espada de Damocles la presión del gobierno estadounidense, que tal como advirtió el vocero de la embajada aquí, Robert Copley, en su comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, está en actitud vigilante y no permanecerá impasible y de brazos cruzados, ante los casos de corrupción que pretendan ser arropados de impunidad.
¿Ingerencismo? Sin dudas. Pero en esta ocasión con perfil positivo y el beneplácito de la mayoría que anhela ver castigada la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Y el expediente de la Odebretch luce tan evidente que resultaría un escándalo mayor de cerrarse sin consecuencias.
Para la Justicia Dominicana será un caso de presión y reto como nunca antes.