El presidente Abinader había proclamado su intención de hacer una reforma fiscal, tanto desde la oposición como desde el gobierno. Como toda reforma que no sea una radicalmente neoliberal, tenía como objetivo aumentar los ingresos tributarios del Estado. Es decir, disponer de más medios financieros para pagar los intereses de la deuda acumulada, afrontar los gastos corrientes del Estado y realizar las necesarias e imprescindibles inversiones públicas.
Entonces llegó la pandemia del Covid-19, lo que trastocó todo lo programado. Significa mayores gastos en vacunas y en gastos sanitarios. Eso implica destinar fondos comprometidos en otras áreas en esta calamidad sanitaria. En otros países como los pertenecientes a la Unión Europea, los Estados miembros van a disponer de fondos, parte donados y otros a devolver a largo plazo con intereses casi inexistentes, con la condición de que se utilicen para hacer cambios que afecten al medioambiente y que se adapten a otro modelo productivo más sostenible.
El gobierno Dominicano, no tiene paraguas externos que le permita estimular su economía en momentos de recesión. Lo más que puede hacer es endeudarse más con préstamos de organismos financieros internacionales, ya que, aunque de hecho la RD es una especie de semicolonia económica de los EE.UU., ésta metrópoli no funciona como una comunidad solidaria, sino con criterios de lucro, aunque disponga de fondos de ayuda a países terceros, todo muy condicionado a sus intereses y prioridades políticas.
Ante esta situación, con evidente “razón económica”, su equipo pedía reforma fiscal ya. Pero por muy excelentes que sean los técnicos, no siempre la experticia técnica va acompañada de la perspicacia, sensibilidad e “intuición” política, para ver no una parte del cuadro sino la totalidad del mismo. En política, dos más dos no siempre son cuatro. La reforma fiscal es algo inadecuado emprenderla en esta coyuntura.
Hay que estar satisfecho de tener un Presidente que no haga gala de tozudez. Y que, ante tantas presiones encontradas, tenga el momento de reflexionar y en la completa soledad que le corresponde por la Constitución, tome una decisión con la ataraxia del estadista y no con la petulancia del politiquero de baja estopa. Esa decisión, primero, es buena para el país, y también, es buena para él. De hacer lo contrario su prestigio y popularidad política se habría derrumbado en meses.
Considerar extemporánea la reforma fiscal en esta coyuntura no quiere decir que el Estado Dominicano no deba hacer una reforma fiscal que aumente los ingresos públicos, pero la misma se tiene que hacer con un criterio político muy claro: la progresividad no confiscatoria. Obviamente, lo más fácil es cargar de impuestos indirectos a todos los productos de consumo, desde los más básicos a los más suntuarios. Pero eso no es justo.
Los impuestos de los productos de primera necesidad deben ser los mínimos, e incluso para la dieta básica de la mayoría más pobre, no deben existir: Arroz, plátanos, huevos , pollos y cerdos criados en el país y para el mercado interno, exclusivamente, deben venderse sin impuestos. Eso aumenta la capacidad de consumo, la salud de las masas más pobres y economiza al Estado en otros gastos, como los de Salud. Un pueblo mejor alimentado es más sano, más productivo, desarrolla más capacidades y es más feliz. Y de paso, el Gobierno previsiblemente obtendría sus votos.
El nudo gordiano se le presenta al Gobierno dispuesto a hacer una reforma fiscal progresiva , justa y equitativa, al buscar el nicho de incremento impositivo. Para mí tiene tres puntos nodales: impuestos sobre beneficios de las sociedades empresariales, sobre las rentas más elevadas y sobre el patrimonio. Doctores tiene el Estado Dominicano-sin necesidad de gastarse fortunas en contratar asesores de otras latitudes, que vienen aquí a tratar de calcar sistemas útiles o discutibles en sus propios países (caso del sistema implantado con la Seguridad Social imitando el nefasto sistema expoliador y explotador chileno), para indicar las tasas más convenientes y apropiadas a la situación dominicana.
Me permito exponer que mi punto de vista – influido como no puede ser de otro modo por mis ideas políticas y sociales-, es que hay que aumentar lo que se les cobra pero sobre todo, hay que cobrarlos siempre y penalizar (Código Penal), con prisión y confiscación, a quienes evaden. Ni el Presidente de la República, ni sus ministros, ni el Director General de Impuestos, pueden tener la capacidad discrecional de perdonar o dar exenciones impositivas. Mucho menos eximir del pago de impuestos a los inversores extranjeros.
Lo que considero que es contrario al interés nacional y a la justicia conmutativa es exprimir a los asalariados con impuestos sobre las rentas con tipos muy elevados. Hasta los 150 mil pesos/mes el impuesto a pagar debe ser bajo. A partir de esa cifra se debe aumentar razonablemente y contemplar rebajas fiscales en función del número de hijos y familiares dependientes y si se está pagando la hipoteca de una vivienda familiar, nunca una segunda o tercera vivienda .
Uno escucha a partidos que hacen gala de palabrería progresista lapidar al Gobierno por pagar sueldos de lujo. Y hablan de sueldos de 100 mil, 150 mil pesos. Cierto es que la desigualdad dominicana es elevada, que las diferencias en los salarios son terriblemente injustas, pero los gobernantes, o los que aspiran a serlo, no pueden practicar la demagogia estupidizante.
Permítanme poner un ejemplo foráneo a modo comparativo. Un funcionario español con sueldos de 100 mil o de 300 mil pesos, No se ve obligado a enviar a sus hijos a colegios privados donde debe pagar unos 500 euros/mes por las clases, porque el sistema público escolar es eficiente y tiene a los mejores profesores, los de más alta cualificación con puestos docentes obtenidos por oposición libre y pública. No nombrados por motivos políticos y a dedo: como los famosos funcionarios de “carrera” dominicanos que se ha inventado el PLD., para controlar la Administración.
En materia de Salud, el sistema de Seguridad Social, aunque con algunas disfunciones , es bastante eficiente e incluso los funcionarios que tienen mutualidades privadas se cambian a la Seguridad Social cuando tienen que hacerse cirugías delicadas, porque los hospitales públicos tienen los mejores equipos (pese a que los gobiernos neoliberales han disminuido el gasto en salud y no contratan el personal sanitario necesario).
En cuanto al transporte, esta es otra fuente de ahorro para los ciudadanos en general, y que hace que los funcionarios y todos los asalariados puedan ahorrar. No siempre hay que tener un coche privado para ir al trabajo, porque hay trenes, metro, autobuses, eficientes y a precios módicos.
¿Qué significa lo expuesto? Que en RD cualquier trabajador desde los peor pagados hasta los pagados relativamente bien, tiene unos gastos adicionales en materia de Educación de sus hijos, de Salud y de Transporte, que en otros países son proporcionados por Servicios Públicos. La moraleja fiscal es la siguiente: No se pueden subir los impuestos a los asalariados porque eso va a significar reducir sus condiciones de vida de manera radical.
Y no se pueden pagar sueldos de miseria en la Administración Pública, porque sería una política contraria al interés público, y sólo se reclutaría para el desempeño de empleos públicos a personal sin las capacidades para el desempeño de sus funciones…o bien, personas dispuestas a practicar como medio de vida habitual el cobro de comisiones, sobornos y propinas por hacer su trabajo. ¡Seamos serios, sea desde el Gobierno, como desde la oposición!