A principios del mes de marzo República Dominicana comenzó a implementar un plan de contención para contrarrestar la llegada al país de la covid-19. Para ello, el gobierno conformó un equipo al más alto nivel que se encargaría de gestionar la crisis y dar seguimiento a los efectos económicos y sanitarios que conllevaría dicha pandemia.
En el sector económico, el Gobierno se agenció más de 190 mil millones de pesos por diferentes medios para destinarlos, a través de distintos programas, a la estimulación financiera y monetaria de la economía tratando de evitar así su desplome y la pérdida masiva de empleos.
Mientras, en el plano sanitario, las autoridades procedieron a adecuar hospitales para colocarlos en condiciones de recibir una mayor afluencia de pacientes; además, organizó la preparación de centros para el aislamiento de los pacientes que fueran diagnosticados con la enfermedad; demandó la compra de insumos, así como la aplicación de políticas para evitar la entrada por aire, tierra y mar de personas que pudieran trasportar el virus al territorio nacional.
Concomitantemente, durante los primeros dos meses y medio de la pandemia, el Gobierno decretó un estado de excepción con toque de queda que casi paralizó todas las actividades sociales y económicas de los dominicanos. Sin embargo, a finales de junio, obligado por las circunstancias, dio inicio a la desescalada permitiendo una considerable ampliación de la movilidad social a pesar de que el virus aún se encontraba en fase de circulación comunitaria.
Es importante notar que entre las primeras medidas sanitarias adoptadas por el gobierno estuvieron ausentes aquellas que hubieran podido servir para fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica con la finalidad de ir delante de la pandemia, así como aquellas que consiguieran facilitar la integración de la sociedad y de los actores que estuvieran interesados en ayudar en el control social del flagelo.
Fue notoria la intención del Gobierno de afrontar solo el problema; incluso, de hecho, rechazó la ayuda de líderes y partidos políticos que ofrecieron su colaboración para mitigar la tragedia que nos azotaba, perdiendo así la oportunidad de unir toda la nación en la lucha contra la pandemia.
En el plano sanitario, algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno vinieron a conformar una estrategia para la contención de la pandemia que reforzó el viejo modelo de salud existente en el país basado en la atención de la enfermedad, carente de una visión preventiva de la misma y con bajo nivel de participación social.
Después de cinco meses de lucha contra la pandemia, durante las últimas cuatro semanas la curva epidemiológica ha registrado un alza considerable de casos nuevos. En promedio, del 7 de julio al 7 de agosto de este año, se han reportado 1,225 casos positivos diarios de SAR-COV-2 y 14.4 defunciones promedio por día.
Sin dejar de reconocer las buenas prácticas que se han ido produciendo en el campo clínico durante estos meses y de agradecer, además, el inmenso esfuerzo realizado por cientos de hombres y mujeres que han estado cada día en el frente de batalla en los hospitales y las distintas instancias que se han ido creando, es el momento de llamar a la unidad nacional para enfrentar la gravedad de la situación en la que nos encontramos.
Este llamado debe producirse sobre la base de introducir un cambio en la estrategia sanitaria, estableciendo medidas que permitan a la sociedad empoderarse ampliamente, participando de manera activa en el proceso de control de la pandemia para cortar la circulación del virus, que es donde estriba lo fundamental del problema.
Para enfrentar la situación actual es necesario crear el cuerpo nacional de promotores de la salud, adscritos a las direcciones provinciales y a las gerencias de salud a través de las UNAP, cuyas funciones están enmarcadas estrictamente dentro de la visión preventiva y de promoción de la salud.
Este cuerpo, conformado por miles de jóvenes de todo el territorio nacional, distribuidos en brigadas, organizados, adiestrados y sensibilizados, deberá salir a rastrear, a darles seguimiento a los casos de covid-19 y a servir de apoyo para realizar el primer censo nacional de salud.
A partir de la data de este censo deberá organizarse el Sistema de Atención Primaria en Salud y el sistema de referencia y contra referencia, que en la actualidad no funcionan manteniendo a los hospitales del tercer nivel permanentemente congestionados.
Las brigadas también podrán identificar las poblaciones de alto riesgo y luego, en su momento, cuando ya esté disponible en el país, ir casa a casa a aplicar la vacuna contra la covid-19.
A esos jóvenes, promotores de salud, se les debe pagar. Esa medida también ayudará a estimular la economía, que bien lo necesita.
Escoger cincuenta mil jóvenes de las diferentes universidades, preferentemente de las escuelas de medicina, enfermería, bioanálisis, odontología y de los liceos que hoy están cerrados, para integrarlos a esta labor humanitaria ayudará a recobrar la confianza perdida en el sistema de salud; pero, sobre todo, será la palanca que brinde su apoyo para el empoderamiento y la integración de la sociedad en la lucha contra la covid-19.
Para que la estrategia tenga carácter integral, sugerimos que las brigadas azules actúen acompañadas de la participación de los ayuntamientos en todo el territorio nacional y de las organizaciones sociales que ya tienen experiencia en el trabajo social.
Estoy convencido que el empoderamiento y la amplia participación social podrá ser la diferencia entre la continuación de la expansión de la pandemia y su control.