La mayoría de los economistas, políticos y organizaciones de la sociedad civil focalizan su atención en el alza del precio de los combustibles y su efecto sobre el presupuesto familiar. Si bien estas consecuencias resultan innegables, no menos cierto es que no caen en la cuenta de que la manipulación del precio de los combustibles obedece a la naturaleza de la política fiscal de la presente administración del gobierno.
El aumento semanal del precio de los combustibles constituye una de las fuentes de financiamiento del déficit presupuestario conjuntamente con la deuda pública y la acumulación de atrasos en el pago de los compromisos gubernamentales. El deterioro del balance presupuestario se produce no solamente por la caída de la presión fiscal (de 16.6% en el 2006 a 12% en el 2010) sino por la persistencia del nivel de gasto público que resulta imposible de financiar con los actuales niveles de recaudaciones. De aquí se producen las continuas alzas del precio de los combustibles.
Durante 2008-2010, la administración del presidente Fernández incurrió en un déficit acumulado que supera los RD$160,000 millones; razón por la cual no se ha podido finalizar la quinta revisión del Acuerdo Stand-By firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 2009. Además se realizaron gastos durante el 2010 que no fueron capturados por los registros contables de la administración financiera del gobierno.
A marzo del 2011 el gobierno tiene un déficit fiscal cercano a los RD$14,000 millones; en otras palabras durante primer trimestre se tiene un déficit que equivale a un 42% del déficit proyectado para todo el año. Se estima que a mediados de mayo el déficit del gobierno alcanzaría los RD$20,000 millones (es decir 60% del déficit proyectado para el 2011). A pesar de que se ha pospuesto en dos ocasiones la firma de la quinta revisión del acuerdo, el gobierno mantiene su política fiscal expansiva, profundizando el incumplimiento de los acuerdos con el FMI. Resulta poco probable que el gobierno cumpla con el monto del déficit proyectado para todo el año ya que la partida consignada en el presupuesto para el subsidio eléctrico se agotó durante el primer trimestre del 2011 (US$350 millones).
Las recaudaciones por los impuestos aplicados a los combustibles produjeron durante el primer trimestre RD$8,900 millones; recaudaciones que son insuficientes para equilibrar las cuentas fiscales sobre todo cuando las fuentes regulares de ingresos se redujeron en aproximadamente RD$7,000 millones durante el primer trimestre de este año. Por tal razón, cabe esperar que el Ministerio de Industria y Comercio mantendría fijos los precios de los combustibles cuando su precio internacional se reduzca o los sobre-ajustará cuando se produzcan alzas en los precios internacionales.
Si el gobierno intentara racionalizar su política fiscal tal y como se contempla en el acuerdo con el FMI, entonces el déficit fiscal sería menor así como la deuda pública, los atrasos en el pago de suplidores del gobierno y el precio de los combustibles serían menores.
Resulta altamente difícil que el gobierno corrija el rumbo de la política fiscal porque lamentablemente la corrupción de la presente administración se vinculan estrechamente al gasto público. Cuanto mayor sea el gasto del gobierno mayores son los ingresos y los beneficios de las firmas organizadas para apropiarse de las obras que ejecuta el gobierno.
En tal sentido, es poco probable que la política fiscal sea racionalice en lo que resta de gobierno del presidente Fernández, sobre todo cuando tienen por delante unas complicadas elecciones presidenciales que ganar. Este panorama es menos claro para el partido de gobierno por cuanto una proporción amplia del electorado duda de la propaganda oficial en torno a las bondades del modelo económico peledeísta; cuyo resultado más claro es la creación de grupos económicos a partir del secuestro del presupuesto público para su propio beneficio.