El tranque existente con el proyecto de ley de partidos políticos debido a las posiciones de Danilo, que apoya las primarias abiertas, y la de Leonel, que defiende que deben ser cerradas, perjudica al país, a la democracia y a los propios partidos, por lo que una solución podría ser aprobar las primarias abiertas, pero para ser aplicadas para las elecciones del 2024 y en el 2020, que cada partido escoja el método que aprueben sus organismos competentes bajo supervisión obligatoria de la Junta Central Electoral (JCE).
Este planteamiento, que ya barajan algunos, puede ser la base para alcanzar un consenso que permita la rápida aprobación de la ley de partidos y se pueda trabajar entonces con la ley de régimen electoral, para que la JCE pueda contar con estos dos importantes instrumentos que contribuirían al fortalecimiento de los partidos, a mejorar los niveles de equidad y la transparencia en las elecciones.
Ambas partes saldrían ganando sin tener que recurrir a grandes sacrificios. Veamos el caso de Leonel Fernández. Se sabe que su principal argumento es la inconstitucionalidad de las primarias abiertas. No se le puede pedir que renuncie a un tema que para él debe ser de principios, aunque opino que es más por conveniencias políticas del momento. Sin embargo, con la solución planteada sus diputados podrían no asistir a la sesión de la Cámara de Diputados para no comprometer su voto con un tema que consideran inconstitucional y su corriente tendría plena libertad de elevar una acción de inconstitucionalidad contra las primarias abiertas y simultáneas, organizadas por la JCE y que sea el Tribunal Constitucional (TC) que decida al respecto, pero sin afectar las elecciones de 2020.
El leonelismo no estaría ni siquiera sacrificando su argumento de que el caso no puede ser conocido por el TC debido al artículo 277 constitucional, que confirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgada a las decisiones anteriores a la proclamación de la Constitución del 2010, como la sentencia del 2005 de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional las primarias abiertas, puesto que lo primero que haría el TC es decidir sobre este primer aspecto.
Por el otro lado, los argumentos expuestos por los seguidores de Danilo Medina descansan en que las primarias abiertas detendrían el desgaste que vienen sufriendo los partidos políticos, que no han podido ni siquiera darse padrones confiables, y pondría orden en la escogencia de candidatos. Mejoraría sustancialmente las oportunidades de trabajar y alcanzar estas metas, que requieren de tiempo, ya escaso de cara al 2020.
La fórmula propuesta permitiría alcanzar un acuerdo en los que no haya ganadores o perdedores entre los partidos. Ganaría, eso sí, la JCE, que no tendría que enfrentar el reto colosal de organizar unas primarias super complejas, con una cantidad nunca vista de aspirantes, sin ayuda de nueva tecnología, y a la vuelta ya de escasos 17 meses. Está claro, que la posposición ayudaría al organismo electoral a preparar las primarias abiertas con suficiente tiempo de antelación, con presupuestos adecuados para poder incorporar nueva tecnología, indispensable para el éxito de este modelo.
¿Por qué ambos líderes deberían alcanzar un acuerdo como el sugerido? Porque ninguno de ellos tiene la posibilidad de imponer al otro su posición en la Cámara de Diputados, como se ha visto. Se comenta que la intención de los leonelistas el jueves pasado era aprobar el proyecto con modificaciones para adoptar las primarias cerradas y que los danilistas tuvieron que romper el quorum, pero qué se gana con ello si de todas formas el proyecto modificado tendría que volver al Senado donde el danilismo tiene amplia mayoría.
Los esfuerzos que cada uno hace para alcanzar la meta perseguida, solo se traducen en divisiones y heridas cada vez más profundas, no solo dentro del PLD, sino arrastrando además al PRM y hasta al PRD. Si lo que quieren es fortalecer los partidos, deben percatarse de que este tema los está destruyendo.
Seguir en terquedad es darle la razón a quienes opinan que la intención detrás de la diferencia es seguir sin ley que los controle, abusando de los recursos del Estado, en procesos electorales sin equidad.