Continuando las reflexiones de Pedro Silverio Álvarez a partir del estudio de caso “La economía política de la capacidad estadística. Una aproximación practica”, publicado por el BID en 2017

La Oficina Nacional de Estadística (ONE), otrora una de las instituciones más débiles de la región, con un declive marcado a partir de la década perdida para el desarrollo de 1980, inició un proceso de reforma y modernización institucional orientado a la creación de un Sistema Estadístico Nacional (SEN), durante el periodo 2004-2016.   

Su meta: contribuir a  generar estadísticas oficiales, normativamente centralizadas y operativamente descentralizadas. Sus principios orientadores: diversificar y mejorar la calidad, oportunidad y comparabilidad nacional e internacional de las estadísticas del país, desde una rigurosa normatividad estadística guiada por las mejores prácticas nacionales e internacionales, según evidencias de sus planes estratégicos institucionales. 

Avances importantes en la generación de las estadísticas nacionales, sectoriales y territoriales recibieron amplio apoyo y reconocimiento nacional e internacional  – de la CEPAL, la UNESCO, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el UNFPA, el FNUAP entre otras  –  y este proceso de reforma y modernización ha sido sistematizado,  en el 2016,  como un estudio de caso por el BID, desde la perspectiva de la Economía Política de la producción estadística de los países, por representar la Republica Dominicana un proceso  notable en la región.  

Este estudio, valoraba positivamente los notables logros alcanzados por la ONE en hacer avanzar la construcción del Sistema Estadístico Nacional (SEN),  pero advertía sobre su sostenibilidad temporal,  en un contexto de asimetrías de poder entre la ONE y el Banco Central, con intereses encontrados en torno a la separación institucional entre la función de implementación de las políticas económicas y sociales y la función de generación de las estadísticas para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas.

Ciertamente, el  análisis desde la óptica de la economía política de la producción estadística de los países muestra que disponer de un SEN, legitimado socialmente, releva de múltiples aristas, cuya complejidad aumenta en un contexto nacional donde construir institucionalidad estatal constituye aún una deuda básica. Esto, a pesar de los avances logrados en la puesta en marcha de mecanismos públicos de articulación de las políticas económicas y sociales, urgidos de mayor consolidación. 

El artículo de Pedro Silverio Álvarez,  publicado en Diario Libre en fecha 10 de agosto de 2018, llama la atención sobre la necesidad de que el país disponga, en el siglo XXI,  de un Sistema Estadístico Nacional (SEN) unificado y liderado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), dotada de la profesionalidad altamente calificada que requiere el ejercicio de una función pública especializada, como lo es la generación de las estadísticas oficiales. La zapata  propuesta por la ONE fue  sustituir el obsoleto marco jurídico de 1959,  para dotarla de autonomía de gestión y presupuestaria, en correspondencia con la importancia de su función técnica.  

Difiero del articulista  sobre las razones por las cuales no se ha logrado culminar el proceso de unificación de las estadísticas nacionales. Desde una perspectiva de sistema: siempre ha estado claro que la construcción del SEN es un proceso que requiere de una etapa transicional de estrecha colaboración entre la ONE y  el Banco Central, para la  búsqueda de consenso y el traspaso de competencias y experiencias. Esto colaboración necesaria se extiende al conjunto de las diferentes oficinas generadoras de las estadísticas oficiales que integran el SEN, pues es la única vía para establecer una norma estadística y una metodología común que aproveche los diferentes experticios institucionales.

El proceso de unificación de las estadísticas nacionales  no ha podido ser continuada debido a conflictos de intereses entre actores institucionales  públicos, que mantienen estancado en el Congreso Nacional, hasta hoy,  un proyecto de Ley del Sistema Estadística Nacional  para la actualización del obsoleto marco jurídico nacional de casi 60 años de edad.  De manera particular, el Banco Central, activo productor de las estadísticas del Sistema de Cuentas Nacionales,  del mercado laboral,  el índice de precios al consumidor, entre otras, ha sido renuente a la cesión de competencias, recursos presupuestarios y humanos, así como al control de información sensible, única vía para iniciar un proceso transicional que debería culminar en un sistema estadístico nacional unificado y con credibilidad.

Una de las tareas urgentes y básicas de este proceso, hoy rezagada, es el establecimiento de una normativa estadística unificada nacional, sectorial y territorialmente, y de una metodología transparente y mejorada para censos, encuestas y registros administrativos, lo mismo que para difundir  y utilizar ampliamente el dato estadístico. Esto constituye la senda apropiada  para  disponer de  estadísticas oficiales idóneas, al servicio de las políticas públicas y de la ciudadanía. 

Ciertamente, el SEN debe continuar generando las estadísticas oficinales de manera descentralizada a partir de los registros administrativos de las diferentes instituciones públicas, la fuente a ser privilegiada en el siglo XXI, pero a partir de una normativa unificada. En el contexto tecnológico actual,  nada impide  normalizar estadísticamente, mejorar y automatizar la generación de estos registros administrativos, con rigor metodológico y en función de las mejores prácticas regionales e internacionales, con importantes economías de escala en el mediano plazo. 

Ahora bien, concordamos con el articulista, en que en el contexto actual de la ONE, ciertamente hay un factor que obstaculiza este proceso y es la falta de personal con las competencias para conducirlo, pues requiere de recursos humanos con capacidad de liderazgo técnico de alto nivel, con calificaciones diversas y con las competencias para trabajar en equipo y de manera articulada con cada una de las instituciones del sector público que conforman el SEN. 

De la masa crítica de técnicos y profesionales, formada  fuera y dentro del país, durante el periodo 2004-2016,  en el manejo teórico y práctico  de herramientas estadísticas, quedan muy pocos en la ONE, según evidencia la evolución de las nóminas disponibles en el portal institucional  de Transparencia.

Esta acción formativa de técnicos y profesionales del SEN,  impulsada por la ONE a través de la creación de la Escuela Nacional de Estadística en colaboración con la UASD,  las becas del MESCYT, la colaboración inter-institucional Sur-Sur y Norte Sur y la Red de Transmisión del Conocimiento de la CEA/CEPAL, supuso un ingente trabajo de articulación, convenios de colaboración y de recursos financieros para la formación del personal de la ONE y del SEN, ha constituido una buena  práctica a ser dinamizada para continuar mejorando la formación estadística del personal del sector público, única vía para dar sostenibilidad a la construcción del SEN.

Justamente, la alta rotación del personal del sector público, sobre todo de aquel con  competencias especializadas, es una de las aristas que, históricamente,  han entorpecido la mejora continua de la gestión gubernamental  del país. En particular en  la  ONE, donde este tipo de personal  es crucial para el buen desempeño de una función pública de alta especialización, que pretendía ser garantizada por el nuevo marco jurídico propuesto. 

Otra arista de relevancia en el marco de la Economía Política, es la alineación del contexto internacional y, de manera específica, de las agencias de cooperación internacional, que en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible apoyan decididamente el fortalecimiento de los sistemas  estadísticos nacionales. Lo consideran como el punto de partida para impulsar y dar seguimiento a los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Actualmente, la Cooperación Internacional está apoyando la construcción de normativas unificadas que guíen la generación idónea de estadísticas nacionales, territoriales  y sectoriales -educación, salud, agropecuaria, medioambiente, economía, industria,  para solo citar algunas urgentes-  que sirvan de base para evaluar los resultados de esta agenda, fundamentados en las evidencias que arrojen los distintos indicadores establecidos. Un paso de avance mayor sería apoyar  la mejora y automatización de los registros administrativos para su explotación estadística. 

Ahora bien, el factor más importante, aún pendiente, es la voluntad política del Gobierno – particularmente del Presidente y del Congreso –  para la creación de un Sistema Estadístico Nacional  acorde con el contexto del siglo XXI. Nadie se atreve a negar hoy que la capacidad estadística del Estado dominicano tenga efectos directos en los resultados de las políticas públicas, puesto que constituyen el insumo racional básico para su formulación e implementación, al igual que para la evaluación de sus resultados y la aplicación de correctivos pertinentes. 

En este contexto se sitúa la conveniencia de la transparencia metodológica y de la separación institucional, entre las políticas implementadas por las diferentes instituciones del SEN y la generación de las estadísticas para evaluar sus resultados.  

Ahora bien, las estadísticas oficiales, de tanta utilidad para que el Gobierno pueda formular  políticas públicas más eficaces, también son de utilidad para que la ciudadanía pida cuentas a las instituciones responsables de implementarlas y de producir los resultados propuestos por dichas políticas. Cuando surgen conflictos de intereses entre esos dos propósitos, aprovecharlos para manejarlos como una oportunidad para mejorar las políticas y las estadísticas en función del bien común, sería la estrategia idónea  para un dialogo social  constructivo.