Ante el anuncio del Presidente Fernández de haber decidido no presentarse a la reelección, lo "políticamente correcto" es expresarle agradecimiento y reconocimiento por tan noble gesto, si la decisión hubiese sido realmente un acto de desprendimiento, tomada "de manera voluntaria y espontánea" y fundamentada en que la Constitución vigente se lo prohibía. Pero eso no es lo que se desprende de su discurso del pasado viernes. Renuncia a la reelección porque no pudo lograrla.
En vez de haber señalado que aunque le hubiese gustado optar por otro mandato consecutivo no debía intentarlo porque la Constitución se lo prohibía, prefirió justificar su decisión en un acto de desprendimiento y renuncia a un derecho, exponiendo, además, todas las "travesuras constitucionales y legales" que podía realizar para lograrlo.
Después de defender que el artículo 124 de la Constitución, según interpretaciones, no prohíbe la reelección continua, cuando fue precisamente la firma del "Pacto de las corbatas azules" lo que hizo posible que se aprobara ese artículo, que evitaba su jubilación política de permanecer el "nunca jamás"; que una interpretación de la Suprema Corte de Justicia o la prostitución del Tribunal constitucional hacía legal la reelección o que se podía recurrir a la figura del referendo para obligar a la reforma de la Constitución, llegar a afirmar en su discurso a la Nación que proceder de esta manera no tiene nada de pecaminoso y que puede considerarse legal y legítimo.
Olvida a propósito, porque sus conocimientos jurídicos no se lo permiten, que lo legal no siempre es legítimo y que, por el contrario, todo lo legítimo tiene que ser primero legal. Interpretar de manera acomodaticia mandatos de la Constitución, prostituir instituciones justo en su nacimiento y apurar las posibilidades más de lo razonable de la figura del referendo, puede ser todo lo "legal" que se quiera, pero una reelección fundamentada en esas "travesuras" no otorga legitimidad alguna.
Sus argumentos de que no tenía ningún impedimento constitucional y haber esperado pocas horas antes de que el Comité Político escogiera los precandidatos que serían presentados al Comité Central, evidencian que desde la firma del "Pacto de las Corbatas Azules", si no antes, la reelección era ya un proyecto en marcha. Elaboró, presentó y logró que se aprobara la nueva Constitución con la maquiavélica idea de que podía aspirar a la reelección, aunque el artículo 124 lo prohibiera.
Lo evidencia también que dejó abierta la puerta de la reelección hasta el último momento, esperando que alguna circunstancia le permitiera reelegirse. Nunca la cerró. Por el contrario, no desaprovechó oportunidad alguna para señalar que era posible. Recordemos sus señalamientos de que en esa materia el pueblo tiene la última palabra y que el referendo la hacía técnicamente posible.
Ahora podemos encontrarle sentido a muchas de sus acciones en las "travesuras constitucionales e institucionales" realizadas y de sus silencios: simplemente estaban encaminados a lograr el continuismo, vía la reelección, y disponer de una gran concentración del poder en el Presidente de la República, que pensaba seguir disfrutando.
La afirmación de que "mi decisión…más que descansar sobre aspectos constitucionales o legales, a lo cual insisto, tendría legítimo derecho, se fundamenta, más bien, en consideraciones de lo que conviene o no, por razones estrictamente políticas, al pueblo dominicano y al Partido de la Liberación Dominicana", es la confirmación más contundente de que renunció a ella porque no pudo, pese a todo lo que hizo. Y haberlo hecho tan tarde no puede considerarse victoria. Es una derrota política.