Es indudable que la Policía Nacional es una parte importante del engranaje  para la buena administración de las políticas estatales en materia de seguridad ciudadana, por lo que debería prestarse a esta institución todas las atenciones necesarias a fin de reformarla y hacerla ejemplar.

La población pide a gritos una policía reformada.  No es asunto de buscar culpables. La culpabilidad no puede endilgársele al actual jefe de esa institución ni tampoco los demás, ya es imperativo que tengamos una Policía moderna y eficiente.

Varios factores hay que tomar en cuenta para una reforma policial: la adopción de una nueva ley orgánica, la revisión de la doctrina  policial hasta la puesta en funcionamiento de nuevos protocolos para la acción policial, acordes con la misión moderna que le asigna el artículo 255 de la Constitución.

También la dignificación policial, que plantea el aumento del salario policial que tantas veces se ha prometido y el mejoramiento de la seguridad social, para los miembros de esa institución que ponen en peligro sus vidas.

Sin embargo, y ante todo, la Policía dominicana necesita una reforma profunda en el orden interno para erradicar prácticas institucionales negativas y que se han constituido en vox populi, unido al auge del crimen organizado.

Sin embargo, el problema de la reforma policial es regional. La debilidad histórica de las instituciones estatales y la falta de una política coherente y adecuada en materia de seguridad ciudadana,  en Latinoamérica ha impedido que estas puedan asegurar el Estado de derecho y el imperio de la ley. La policía no es la excepción y forma parte de este mal que ya es sistémico, y su solución es parte de la simple retórica de los políticos.

A todo esto, se sumaron desde los años noventa las amenazas de la narcoactividad y del crimen organizado con la anuencia o no de los gobiernos que fueron infiltrados por narcotraficantes en las altas instancias, fenómeno que  no ha dejado de crecer, especialmente en la región andina, Centroamérica y México, pero también en países como Argentina y Brasil, en donde el tráfico y consumo de drogas han aumentado significativamente.

El temor ciudadano frente a la inseguridad ciudadana se suma la desconfianza con respecto a la policía, no sólo en República Dominicana, sino en Latinoamérica. Según las encuestas hechas por el Latinobarómetro desde 1996, alrededor de dos tercios de la población latinoamericana, entre 61 y 71%, señalaron tener poca o ninguna confianza en ella.