Siempre hemos opinado que la seguridad ciudadana no implica solamente tomar en cuenta el aspecto represivo dotando a los organismos policiales y militares de más presupuesto y equipos, ni en el aumento de las armas en la población para protegerse, sino el involucramiento de todos los sectores de la sociedad nacional.
En un verdadero plan de seguridad ciudadana deben participar desde las iglesias, hasta las empresas privadas, centros educativos y otros sectores en un esfuerzo común de prevención orientados por una política estatal adecuada.
Esa política debe implicar cambios en cuanto a la inversión orientada al gasto social no sólo en seguridad sino también en prevención, crear condiciones de vida capaces de mitigar situaciones de violencia en determinados sectores. Tomemos el ejemplo de la violencia intrafamiliar, uno de los fenómenos sociales que más muertes han acarreado.
En ese aspecto las iglesias evangélicas pueden jugar y han jugado roles determinantes en la consecución de la paz social en los hogares, tal como lo han hecho de manera autogestionaria durante décadas. Si mal no recuerdo, las iglesias tanto evangélicas como católicas nunca han sido tomadas en cuenta para políticas de seguridad ciudadana.
Otro aspecto esencial que es contrario a la seguridad ciudadana es la percepción de la impunidad que tiene la población, que necesita creer en los actores del sistema judicial y policial. Si tomamos las mediciones de las últimas encuestas nos daremos cuenta que el país ha perdido prácticamente las esperanzas de que se castiguen a los principales responsables de la corrupción.
La violencia es considerada en el país como una forma para resolver conflictos, ya sean interpersonales, familiares o incluso sociales y se hace necesario romper ese esquema. Esta “aceptación de la violencia” se relaciona en parte con la debilidad del Estado en la resolución de conflictos, se refleja en la desigualdad ante la ley y el acceso a los derechos.
Otra principal causa de inseguridad ciudadana: la corrupción. Lo demás que es el pillaje, los atracos a todas horas del día es la consecuencia de una falta de políticas de prevención estatal y falta de gasto de inversión social.
Todavía el país está en los primeros estadios errados de lo que se cree una política de seguridad ciudadana, y eso lo constatamos cuando simplemente se sustituyó al jefe de la Policía Nacional ante el incremento inusitado de robos y muertes violentas. Este mal es sistémico y enfrentarlo con más violencia y muertes extrajudiciales lo que hace es agravar el problema.
En otras palabras seguridad implica más prevención que represión. Es útil que el Estado se preocupe por involucrar a todos los sectores en un esfuerzo serio desde sus respectivas áreas de acción, que tanto la sociedad civil, los partidos, la empresa privada actúen al unísono.
Se debe insistir en fomentar la cultura de la tolerancia y el respeto. Una sociedad que no aborda las distintas formas de violencia, solo la promueve en la medida que la ignora, esta condenada a no salir de ese círculo vicioso. Reflexionemos.