Este pasado miércoles 28 de abril, el país celebraba la primera cumbre para una justicia con equidad de niños, niñas y adolescentes, liderada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), en articulación con la Comisión Especializada para la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (CEJNNA) y el Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside la Primera Dama, Raquel Arbaje.
Esta actividad, de la cual se llevaron varias mesas de trabajo semanas previas y en las que tuve oportunidad de participar, tuvo como fin lograr un acuerdo interinstitucional que garantice la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley o víctimas del delito.
Este compromiso lo asumen todas las instituciones que conforman la CEJNNA, especialmente el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el CONANI, a fin de garantizar esa respuesta efectiva en la protección de derecho, atención integral y reinserción social a esta población.
Hacer una prioridad la atención integral que requiere un adolescente que ha estado en conflicto con la ley penal, es vital. Lejos de verlo como una persona que ha cometido un delito, existen estigmas sociales que de manera automática se crean en su perjuicio. Sin embargo, siguen siendo niños, niñas o adolescentes, a quienes el sistema les ha fallado en brindar una respuesta efectiva en la protección y disfrute de sus derechos.
Cuando el derecho al disfrute de una vida digna, de un hogar sano, de educación, salud, atención integral y necesidades básicas suplidas no son garantizados, se torna difícil el crecimiento de un niño sano dentro de la sociedad. Más irrisorio se vuelve aún el hecho de que esa sociedad exija mantener conductas y estándares determinados a ese menor de edad para hacer la vida posible en sociedad, cuando el propio Estado no le ha suplido, garantizado ni protegido mínimamente sus derechos fundamentales.
Esta falta de protección lo conduce a tener que aprender a desarrollarse en ambientes desfavorables como respuesta a sus necesidades, expuesto a toda clase de explotación y vulneración de sus derechos, y ya de ahí es un salto fácil para encontrarse en situaciones que lo arrastren a verse en conflicto con la ley.
En las mesas técnicas trabajadas previo a la cumbre del pasado miércoles, analizábamos minuciosamente qué faltaba por hacer de parte de las instituciones del Estado con el apoyo de la sociedad civil, a fin de lograr que el niño, niña o adolescente en conflicto con la ley pueda alcanzar restauración y empoderamiento para la reinserción de una vida en la sociedad; y a la vez, identificamos las mejores prácticas a implementar para dar respuesta efectiva dentro del contexto actual. Esto quedó plasmado en ejes de manera individualizada para cada institución. Entre los ejes identificados se encuentran:
1- Garantía del enfoque diferenciado para alentar al desarrollo de políticas eficientes, tuteladoras y accesibles.
2- Fortalecimiento de la justicia especializada.
3- Habilitación de rutas claras de abordaje.
4-Habilitación de un sistema adecuado de reinserción del adolescente en conflicto con la ley penal que mitigue los factores de riesgo que le impulsaron, entre otros tantos.
La Primera Dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, presidenta del Gabinete de Adolescencia y Niñez, hizo el llamado de no dejar plasmado este plan de trabajo en papeles, sino que se lleve al terreno, a la práctica, de forma “aplatanada” para que sea una realidad. Su interés y voluntad de hacer de la niñez y la adolescencia dominicana una prioridad para nuestro país, se deja ver desde el momento en que fue creado el Gabinete de Adolescencia y Niñez que dirige.
A su vez, el propósito de la CEJNNA, creado desde el año 2004 por iniciativa del Poder Judicial, el Comisionado de Justicia y UNICEF, es crear ese espacio de socialización y coordinación de acciones entre el sistema judicial y el sistema de protección, a fin de alcanzar una justicia juvenil social y restaurativa con enfoque de derechos humanos. Y CONANI como órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en la República Dominicana es el encargado de liderar y hacer posible, “recuperar la generación que se nos ha perdido, mitigar los riesgos y estimular a la adolescencia para el paso a una vida social”, tal como expresó Paula Disla, Presidenta Ejecutiva de CONANI, durante su presentación en la cumbre.
Con esta celebración de la cumbre por una justicia con equidad para los niños, niñas y adolescentes que por primera vez se hace en el país, se pone nuevamente el tema de niñez y adolescencia sobre el tapete, en la primera página de la agenda estatal. Equidad es mirar a la niñez y adolescencia desde todos sus ejes, cuando son víctimas o cuando son victimarios, igual merecen protección, sin distinción ni prejuicio.
El Estado Dominicano está intencionalmente buscando brindar un sistema integral de asistencia y protección para nuestros niños, niñas y adolescentes a fin de que sean partícipes de la educación y la justicia social, cualquiera que sea su situación. El compromiso contraído y sellado con las instituciones involucradas, procurarán trabajar para que esto pase de ser una ficción a ser una realidad visible y palpable.
“Los niños, niñas y adolescentes en privación de libertad requieren que el sistema opere de forma eficaz para que tengan garantizada la reeducación y la reinserción social, y sean merecedores y merecedoras de una oportunidad” enfatizó la presidenta ejecutiva del CONANI en sus palabras de apertura en la cumbre.
Las organizaciones internacionales presentes en el país, especialmente Misión Internacional de Justicia (IJM) la cual represento, celebran las iniciativas emprendidas por el CONANI, el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia y la CEJNNA, en disponer su compromiso y trabajo en la reeducación, restauración y empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes, que no son más que quienes conformarán la sociedad del país que queremos en el mañana.
Estamos seguros que, con el fortalecimiento de un sistema de justicia que responda a las necesidades básicas e integrales de la persona menor de edad, contribuimos al verdadero Estado de Derecho, un Estado que contiene un sistema de justicia confiable que responde a garantizar y tutelar por los derechos de los más vulnerables.
*Sonia Hernández es abogada litigante, procesalista penal. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia.