En distintas oportunidades, asociaciones empresariales vinculadas al comercio exterior han planteado la necesidad de un giro en la política económica dirigida a crear una cultura exportadora. El reclamo no es en forma alguna una crítica a la administración Fernández, ya en su etapa final, como pudieran hacer creer algunas epidermis muy sensibles que merodean alrededor del poder político nacional. Todo lo contrario. Es un reiterado deseo de cooperación para impulsar acciones que tiendan a fortalecer los sectores más productivos de la economía.
Si el país no logra aumentar sus exportaciones tendrá serios problemas en el futuro, más de los que en la actualidad encara ya de por sí difíciles de sobrellevar. Incrementar el comercio exterior en un mundo cada vez más competitivo no es tarea fácil ni se logra de la noche a la mañana. Pero mientras más tiempo se pierde, menores serán las oportunidades. Las empresas dominicanas se desenvuelven en un ambiente poco propicio. Sus pares de Centroamérica disponen de muchas más facilidades y menos cargas impositivas. Eso las sitúa en posición de ventaja frente a las nuestras. Además, en el país existen una serie de factores que atentan contra la competitividad que es preciso poseer para colocar productos en el exterior, como son algunas disposiciones obsoletas del código laboral, un irritante e inexplicable monopolio del transporte terrestre, un servicio eléctrico caro e ineficiente y un régimen tributario que penaliza la eficiencia y la responsabilidad impositiva, para citar sólo algunos.
Lejos de constituir un desafío, el planteamiento tantas veces formulado al gobierno es una oportunidad de colaboración que no debería ser desestimada. Dentro de ese esfuerzo, se impone la aprobación de leyes y medidas que pongan a los sectores productivos en condición de preservar los beneficios de los tratados de libre comercio suscritos por el país.