En la organización del Estado dominicano, los ayuntamientos son las entidades políticas administrativas básicas, por lo menos en teoría. Eso implica que quienes los componen (tanto el Concejo Municipal como la alcaldía) son los representantes más cercanos a los electores y electoras.
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, entre las competencias exclusivas de los ayuntamientos se encuentra la de "o) promoción, fomento y desarrollo económico local" y, entre las compartidas "a) La coordinación en la gestión de la prestación y financiación de los servicios sociales y la lucha contra la pobreza, dirigido a los grupos socialmente vulnerables y, principalmente, a la infancia, la adolescencia, la juventud, la mujer (sic), los discapacitados y los envejecientes; c) Coordinación y gestión de la prestación de los servicios de atención primaria de salud; h) Promover la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así como de apoyo y protección de los derechos humanos; i) Desarrollo de políticas públicas focalizadas a mujeres jefas de hogar y madres solteras".
Es decir, que el desarrollo de la República Dominicana pasa de manera directa por una concepción de ciudad diferente, que incluya la planificación, gestión y administración municipal orientada al mejoramiento de la calidad de vida de sus munícipes, una concepción de ciudad que brinde la oportunidad de participar a sus habitantes, con servicios públicos de calidad, una concepción de ciudad que ponga la vida y las necesidades de sus munícipes en el centro, en su razón de ser. Ese, definitivamente, no es el caso del Distrito Nacional.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) contó para el año 2015 con un presupuesto municipal de RD$4,345,094,724.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cinco millones, noventa y cuatro mil, setecientos veinticuatro pesos con 100/100 centavos). Sin embargo, las evidencias que demuestran que todo ese presupuesto no fue puesto al servicio de la población son múltiples y escandalosas: servicios municipales de muy mala calidad, espacios públicos obstruidos e inhabilitados, tránsito insoportable, incapacidad de fomento del desarrollo económico local y de políticas de inclusión social, altos índices de inseguridad ciudadana (el caso de las mujeres es aún peor) entre otras tantas deficiencias de un ayuntamiento que ha sido presidido los últimos 14 años por Roberto Salcedo.
Evaluando uno solo de los renglones de competencias del ayuntamiento a partir del Plan Estratégico del Distrito Nacional (PEDN) 2005-2015 en su etapa del 2008 (por demás confuso y el único disponible), no se encuentra una línea estratégica, ni una acción específica que aborde ninguno de los aspectos vinculados a la alarmante cifra de mujeres muertas por sus parejas o exparejas en el país. No solo eso, el ADN no cuenta con ninguna estrategia, ni acción específica para hacer de la ciudad de Santo Domingo una más segura para las mujeres, ni siquiera en los aspectos establecidos por la ley 176-07.
Si bien esto es una competencia compartida del ayuntamiento del DN, los altos índices de feminicidios ocurridos en la provincia de Santo Domingo deberían obligarle a desarrollar acciones que permitan contrarrestar las causas de ello.
Esto es importante por varias razones. Primero, el ADN tiene el mandato por ley de invertir el 4% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud. Para el presupuesto del año pasado, ese porcentaje fue equivalente a RD$ 173,803,788.00 pesos.
Segundo, de acuerdo a cifras del 2012, sólo de enero a junio se registraron 11 feminicidios en el Distrito Nacional y 24 en la Provincia de Santo Domingo, que, sumados, representan el 36% de los feminicidios. Eso quiere decir que uno de cada tres feminicidios que ocurrieron en el país los seis primeros meses del 2012, ocurrió en el Gran Santo Domingo.
Si el Ayuntamiento del Distrito Nacional considera que no cuenta con la experiencia ni con los conocimientos técnicos para llevar a cabo su función (a pesar de que cuenta con una oficina de Género y con una Comisión Permanente de Gestión de Género y Niñez – presidida por Jacqueline Ortiz, quien ahora pretende ser diputada por la circ. 1 del D.N.) bien puede echar mano del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II), en donde de manera específica se involucra a los ayuntamientos en la implementación del mismo, con la finalidad de garantizar los derechos de las mujeres y el pleno ejercicio de su ciudadanía.
O, a través de fondos concursables, poner a disposición de instituciones de la sociedad civil que cumplan con determinados requisitos y a través de un completo programa de monitoreo, parte de los casi 174 millones de pesos anuales que debería destinar el Ayuntamiento del Distrito Nacional a los sectores de género, educación y niñez, para desarrollar programas, campañas, diagnósticos, investigaciones, evaluaciones, fortalecer capacidades, redes, protocolos, sensibilizar actores del sistema, etcétera, que ayuden a disminuir la violencia intrafamiliar y de género que experimentamos las mujeres y garantizar nuestros derecho una ciudad seguridad y a una vida digna
Está claro que las prioridades institucionales se miden en términos presupuestarios y, por lo que respecta al Ayuntamiento del Distrito Nacional (a partir de las muy pocas acciones que desarrolla), la seguridad y calidad de vida del 52% de su población vale muy poco. Algo así como las "12,000 raciones alimenticias [y las] 456 canastillas a mujeres embarazadas entregadas" establecidas como metas en el presupuesto del 2016. O la "Campaña de Respeto a la Mujer", consistente en pintar los postes de luz con franjas rosadas, negras y grises, simbolizando la "delicadeza de la mujer, el luto por la sangre derramada por todas las mujeres que han sufrido maltratos y la independencia, la capacidad para la toma de decisiones y el autocontrol", respectivamente.
Nos queda exigir que el presupuesto del Ayuntamiento se utilice para mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en esta ciudad y eso solamente es posible en la medida que elijamos candidaturas (a la Alcaldía y al Concejo Municipal) representadas por personas que tengan claro cuáles son los cambios que necesita el Distrito Nacional para convertirse en una ciudad para todas y todos.