¿Por qué Profamilia?

Los representantes legales de la Vicaría Pastoral Familia y Vida y la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, abogados Edwin Grandel y Carmen Luisa Martínez, y el sacerdote Manuel Ruiz,  dieron a conocer a la prensa el pasado nueve de mayo,  que el sometimiento a los directivos de Profamilia fue ocasionado  por  violar el uso de la imagen de menores, violación a los derechos de los padres a ejercer su autoridad sobre sus hijos y violación al derecho a la no injerencia en el hogar.

Varias fotos con explicaciones fueron usadas por la campaña de educación sexual de tres meses de duración Profamilia.  Una de ellas presenta un niño con una madre sorprendida por su pregunta sobre el coito sexual, imagen presentada para motivar el diálogo entre la madre y su hijo.   Otra foto muestra a una adolescente molesta por las pretensiones sexuales de un adulto en el lugar de trabajo, presentada con el objetivo de motivar a las adolescentes y mujeres empleadas a denunciar los avances sexuales de sus jefes o compañeros de trabajo.   Y una tercera es la de la madre o abuela, enseñándole un condón a una jovencita en una habitación del hogar, para iniciar el diálogo sobre la forma de evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual.

Con estas fotos el Padre Manuel Ruiz, vocero de la iglesia, acusa a la campaña de Profamilia de repartir preservativos en todas las escuelas y a niños de todas las edades, y al mismo tiempo la acusa de promover el aborto.  Por sus declaraciones es obvio que el cura desconoce los estándares científicos que norman la educación sexual.  Éstos se fundamentan en conocimientos biológicos y neurológicos sobre la sexualidad, en avances de la psicología social sobre el comportamiento de grupos, y de la psicología en la niñez y la adolescencia.

Desconoce además sus objetivos de empoderar a niños, niñas y adolescentes para enfrentar pederastas, reconocer situaciones de peligro sexual, evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, evitar el bullying en las escuelas, y tomar el control con decisiones informadas que les permitan satisfacer sus sueños profesionales y de vida.    En pocas palabras, la ausencia de educación sexual en las escuelas y su sustitución por preceptos religiosos constituye una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes a ser educados para la libertad y una vida digna.

Pero además, el cura parece desconocer que los preservativos evitan embarazos, y por lo tanto si Profamilia promueve el uso de condones, no puede a la vez estar promoviendo el aborto como el afirma.  El axioma correcto es que la Iglesia bloquea el uso de preservativos y por lo tanto promueve el aborto y hasta la muerte de niñas que han salido embarazadas por incesto o violación y son obligadas a llevar el embarazo contra su voluntad y la de su familia.  En estos casos, es la iglesia la culpable de los actos de que acusa a Profamilia: violación a los derechos de los padres a ejercer su autoridad sobre sus hijos y violación al derecho a la no injerencia en el hogar.

Resulta incomprensible que la Iglesia Romana que en países europeos, Estados Unidos, Canadá, Méjico y Australia ha sido llevada a los tribunales por proteger sus curas pederastas, en República Dominicana demande a Profamilia por plantear la educación sexual que empodera a los menores a defenderse contra los acosos sexuales.  Pero lo absurdo de esta demanda tiene explicación si preguntamos, ¿por qué Profamilia?  ¿Por qué no el Ministerio de Salud quien es la institución responsable por la salud sexual y reproductiva de la ciudadanía?

La Iglesia conoce que en todos los hospitales y clínicas rurales del sistema de Salud Pública funcionan, (o deben funcionar) programas de salud sexual y reproductiva.  Inmediatamente una mujer o una adolescente da a luz, es obligación médica informarle sobre los métodos anticonceptivos a su disposición para evitar un espaciamiento corto entre sus hijos que afectaría la salud de la madre y el bebé.  En las maternidades y hospitales regionales existen programas dirigidos a la salud reproductiva de adolescentes.  Cuando estos programas se iniciaron, la Iglesia retiró a las monjas de los hospitales en que éstas funcionaban como enfermeras o administradoras.

El Ministerio de Salud tiene cobertura en todo el territorio nacional, no así Profamilia que como ONG tiene servicios limitados. Lo qué Profamilia si ofrece es un modelo de salud sexual efectivo, de calidad, y a bajo costo. Sus médicos son pagados según el servicio que prestan, y cumplen puntualmente sus horarios contrariamente a lo que ocurre en los hospitales públicos.[1] ¿Por qué entonces, y precisamente en estos momentos la iglesia se ensaña contra Profamilia, en vez de poner la demanda contra el Ministerio de Salud Publica? ¿Acaso no es el Ministerio de Salud el organismo del estado encargado de regular y supervisar los servicios de salud que permitan a adolescentes y adultas tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva?

La aparente paradoja se resuelve si consideramos que lo que la iglesia busca con su demanda a Profamilia es censurar la libertad de expresión.   Y aquí debemos de ser vigilantes: El ataque contra Profamilia es el ataque contra toda la sociedad.  Se inicia contra una institución con principios científicos que valientemente ejerce su derecho a usar los medios masivos de comunicación para orientar a la mujer sobre la educación sexual de sus hijos. El único elemento nuevo que ha provocado la ira de la iglesia es el uso de los medios de comunicación para hacerlo.[2]

La Iglesia reacciona por mantener vigente el monopolio de sus ideas intentando silenciar posiciones científicas divergentes.   Construye sus doctrinas como verdades absolutas incuestionables, que intenta imponer a creyentes y no creyentes utilizando los poderes del estado.  Confrontamos una situación similar a la de septiembre del 2009 cuando la Iglesia utilizó el poder legislativo para criminalizar el aborto terapéutico o producto de incesto y violación.  En pocos países del mundo occidental la iglesia ha logrado ejercer tanta influencia y control de los poderes e instituciones estatales y de la Tesorería Nacional como en República Dominicana.

La Iglesia Romana está dispuesta a controlar los úteros y cerebros de la mujer dominicana tomando el mando de las decisiones que sólo ella debe tomar.   No acepta que el sexo se disfrute y sea una expresión natural de amor entre dos personas adultas y responsables.  Su doctrina sobre el sexo se deriva del magisterio de San Agustín, (354-430), Padre y Doctor de la Iglesia. De él adopta su función utilitaria del sexo y reafirma la discriminación ancestral contra la mujer.[3] En él encuentra la razón para prohibir los anticonceptivos que impiden la procreación.  Con anticonceptivos, la relación sexual tiene su razón de ser en sí misma, como expresión de placer y amor; en cambio, para la Iglesia el sexo que no se destina a la procreación es pecaminoso aún dentro del matrimonio.

Sin la influencia de San Agustín en la política discriminatoria de la mujer, resulta imposible comprender las razones por las cuales la Iglesia condena el uso de preservativos frente a epidemias de alta mortalidad como la del VIH/SIDA, particularmente en países africanos sumidos en la pobreza donde la infección afecta una parte considerable de la población.  En estos casos, la política de abstinencia, que también fue adoptada por George Bush al sacar los preservativos donados de los programas de USAID (2000-2008), puede categorizarse de criminal. De igual manera, resulta incomprensible  que las monjas americanas, que han renunciado al matrimonio,  construido el sistema de escuelas parroquiales, universidades y hospitales católicos en los Estados Unidos, y hecho votos de pobreza, castidad, y obediencia, sean coartadas e humilladas por el Vaticano y acusadas de ser feministas radicales.

La demanda contra Profamilia manifiesta la pretensión de la iglesia de controlar el poder judicial para violentar la constitución y limitar aún más la libre expresión de las ideas.  El nivel de autocensura en República Dominicana es tan extendido que si no fuera por el Internet, no lograríamos conocer el Concordato, ni expresarnos sin censura.   Es casi imposible lograr que periódicos impresos publiquen artículos críticos al Concordato, al rol político de la Iglesia romana en la sociedad dominicana, o reproduzcan la pastoral del 24 de julio que excomulgó a Duarte y sus seguidores.  Con esto contesto a las muchas personas que me preguntan por qué yo no publico en periódicos impresos.

Con la demanda a Profamilia, la iglesia, ahora pretende silenciar a la única institución que ha tenido la valentía de romper el silencio.  Por eso, todas las dominicanas y dominicanos que valoramos el derecho a la libertad de expresión somos también Profamilia.  Su causa es nuestra causa si no queremos que la República regrese a la tiranía.

La libertad de expresión es fundamental porque sin ella la democracia no es posible.   Significa que tenemos el derecho a expresar lo que queremos sin ser censurados; importante porque la democracia se fundamenta en hacer lo que la mayoría de la gente quiere.  Esto significa que las decisiones deben de ser informadas por el libre intercambio de ideas; algo que en la República se ha evitado con la celebración de elecciones sin debates, el uso del dinero del pueblo para la propaganda oficialista masiva, la compra de profesionales del periodismo y el monopolio de su propiedad por dueños de corporaciones empresariales dominicanas, y con la compra de votos y uso de los recursos del estado con fines clientelistas y electoreros.

Este tinglado de complicidades determina el triunfo electoral.  En su rol anti-democrático, la iglesia Romana juega un papel importante por su acceso al dinero del estado para mantener una presencia permanente que guía políticamente a las clases pobres en todo el territorio nacional y durante todo el año.  Internamente controlan sus sacerdotes para que seleccionen causas potables para la Iglesia—derechos humanos de inmigrantes haitianos, no de las mujeres que constituyen la mitad de la población; 4 % para educación, no sacar al Opus Dei y la religión de las escuelas públicas; corrupción del gobierno, no la falta de transparencia y rendición de cuenta de la iglesia; apropiación del dinero del pueblo por élites políticas, no la apropiación de la Iglesia oficial; silencio ante la impunidad de curas pederastas, etc.

No podemos ignorar que el derecho a la libre expresión tiene limitaciones.  No se puede intencionalmente mentir.  Por lo tanto, el Padre Miguel Ruiz debe de cuidarse de sus acusaciones. Necesita presentar pruebas de que Profamilia fabrica anticonceptivos y los vende en escuelas públicas y a niños de 5 y 6 años de edad.  Siempre me llama la atención de cómo juzgamos a los demás según nuestra condición, y la ligereza con que algunos curas acusan al otro de mentir cuando se difiere de sus dogmas absolutistas que no se fundamentan en evidencias.

En conclusión, la importancia de la libertad de expresión debería ser obvia en la República. La dictadura Trujillista se caracterizó por imponer un régimen de terror cuya principal arma fue controlar la libertad de expresión. Ni prensa, ni libros, ni filmes, ni palabras pronunciadas en la privacidad del hogar podían criticar al tirano o a la Iglesia oficial que financiaba y privilegiaba. Solamente se expresaba la voz del terror que nos cubrió por 31 años entre el humo del incienso de Tedeums, y la algarabía del campesinado entrelazado al tirano con lazos de compadrazgo bautismal y debidamente domesticado con “Dios y Trujillo”. ¡Nunca más!  La Carta Pastoral de 1960 llegó cuando el régimen se desboronaba, después de 30 años de adulación y oportunismo.

No debe pues extrañarnos que la iglesia haya recurrido a censurar el derecho constitucional de libertad de expresión llevando a Profamilia a los tribunales para lograr que el estado censure la institución. Es el mecanismo utilizado para mantener al pueblo desinformado y poder competir con ventajas en el denominado mercado de las ideas. Esperemos que los jueces en el año del 200 aniversario de Juan Pablo Duarte, sigan su ejemplo.  Prefirió la excomunión, el encarcelamiento y el exilio, antes que doblegarse al poder supremo de la iglesia y el estado en las figuras del Arzobispo Tomas de Portes e Infante y el general Pedro Santana, ambos unidos en su proyecto de anexar la Patria a una potencia extranjera.