Para nadie es un secreto que la República Dominicana tiene grandes retos en materia de transparencia, justicia y lucha contra la corrupción, como también es importante reconocer que no estamos en el mismo lugar que hace 20 o 30 años, ha habido pequeñas y significativas mejoras en temas como las compras públicas, la gestión de los recursos del presupuestos nacional, la información pública y la rendición de cuentas.
Odebrecht se ha llevado por el retrete para una considerable parte de la sociedad la poca credibilidad que le quedaba sobre la honestidad y desinterés con que se mueven los actores del sistema político dominicano, en especial sobre aquellos y aquellas que han tenido la oportunidad de gestionar fondos públicos, como lo han medido innumerables encuestas en los últimos años, que además estuvo expresando de manera contundente en las calles durante el 2017/2018, con las movilizaciones del movimiento Marcha Verde.
Mientras que el papel realizado por el Ministerio Público, institución encargada de investigar y llevar ante los tribunales delitos como éstos, controlado y dirigido hoy por el Partido de la Liberación Dominicano (PLD), es no sólo débil, sino que, esa debilidad y poca iniciativa en investigar con rigor y ampliamente los contratos a los cuales tuvo acceso Odebrecht en la República Dominicana parece deberse más a una clara voluntad política en encubrir y dejar libre a gente que está vinculada al caso por la función pública o privada que ejerció durante el periodo que la misma empresa ha reconocido que puso en prácticas sobornos en el país a funcionarios y congresistas para obtener las obras de infraestructura que construyeron.
No lo vieron o no lo quisieron ver, en cualquier de los dos escenarios; la renuncia del Procurador de la República es lo mínimo que debería haber ocurrido tras la revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pone en evidencia 39 millones de dólares en pagos secretos asociados a Punta Catalina. El presidente, su círculo político más cercano y los principales funcionarios del sector eléctrico, que han sido los más fervientes heraldos de la planta termoeléctrica, deberían también como mínimo estar bajo una investigación, que ya no puede, bajo el manto de duda que cae sobre él, hacerlo, el actual procurador, Jean Alain Rodríguez.
El danilismo en el Gobierno con amplio control y campo de influencia sobre el Congreso Nacional y el Poder Judicial parece no importarle los reiterados escándalos de corrupción con los que se encuentran vinculados importantes figuras de su liderazgo, que incluye al presidente de la República, Danilo Medina. El danilismo entiende que los sectores que hoy se “indignan” por el escándalo de Odebrecht son muy reducidos, con una amplia posibilidad de hacer ruido en la conversación que se da en el circuito por donde corre la información de corte político en los periódicos impresos y digitales, programas de radio y TV, como en las redes sociales, en fin, gente ruidosa que no entiende ni ve lo “importante y trascendental” que ha sido la presidencia actual para el país.
En contraposición a eso, se siente respaldados por una buena parte de la elite económica dominicana y con influencia sobre los sectores populares que están cautivos en los programas de transferencia o bajo la nómina que permite el presupuesto nacional, sectores, que frente a la “minoría ruidosa” no se informan o les importa poco lo que pasa con la corrupción, como bien lo expresó, el ministro José Ramón Peralta, al decir que el pueblo dominicano piensa con el estómago y no está interesado en eso de Odebrecht, en diciembre del 2016, cuando se le preguntó sobre esta empresa en los días posteriores a la revelación de los escándalos de corrupción que sacudieron buena parte de América Latina y el Caribe.
Si hoy los partidos políticos en la oposición no trabajan para motivar y galvanizar para que todos los sectores sociales, económicos y políticos se movilicen y puedan convertir en resultados tangibles, material y subjetivamente, la lucha contra la corrupción y la impunidad, tendrá la razón entonces el ministro de la presidencia, y con esto se le dará más puntos para fortalecer la idea de que no importa y es mejor una nueva reelección de quien ya lleva 8 años controlando el presupuesto nacional.