República Dominicana es uno de los países con el mayor número de asesinatos de mujeres en el ámbito doméstico en la región, con 22 mujeres por cada millón, seguido de Panamá, con 15, y Puerto Rico, con 12.
A su vez, Centroamérica y El Caribe son dos de las áreas del continente americano que experimentaron un mayor índice de violencia contra las mujeres y feminicidios en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006.
Estos datos se desprenden del III Informe Internacional "Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja", elaborado por el Centro Reina Sofía, en base al estudio realizado en conjunto en 135 países del mundo.
No es de extrañar. La violencia de género tiene una raíz predominantemente cultural. En aquellas sociedades donde se acepta como "normal" que un pleito entre marido y mujer termine en golpes y ofensas, que la mujer tenga que sobreponer sus intereses y deseos a los de su marido, que se deba conformar con "recibir" los recursos, mínimos o abundantes, para cubrir sus necesidades y las de su familia, cumpliendo a cambio el rol que se entiende está llamada a cumplir: cuidar de los hijos y del hogar, no resulta entonces anormal que la dinámica de poder sea manejada, en absoluto y a su antojo, por el hombre. Ojo: esto pasa en todos los estratos sociales.
Por tanto, conseguir un mejor equilibrio en las relaciones de poder, por medio de un mayor empoderamiento de las mujeres, es vital para propiciar ese cambio cultural. No todas las mujeres sufrimos de abuso físico o emocional, ni todas las parejas son agresoras, pero sí todas y todos podemos aportar con la promoción de otros esquemas de relacionamiento en nuestras comunidades y entornos.
En este orden, en cuanto a la evolución del fenómeno del feminicidio, el país también destaca como uno de los que ha experimentado un mayor incremento, a pesar del descenso generalizado en el resto del mundo.
Es cierto que a nivel regional hemos avanzado mucho en la elaboración de leyes contra la violencia de género e intrafamiliar, y nosotros no somos la excepción, con la promulgación de la Ley 24-97, sin embargo, el principal problema sigue siendo el efectivo despliegue de las herramientas y mecanismos necesarios de prevención de la violencia.
En nuestro caso, se ha hecho un importante esfuerzo desde las instancias de gobierno en cuanto a la atención y protección de víctimas de violencia de género. Hace unos 5 años, no contábamos, por ejemplo, con las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia, a las que puede acudir toda víctima en busca de protección y asistencia legal.
En definitiva, la problemática de la violencia de género nos afecta a todas y todos por igual. Mientras más mujeres mueran a manos de sus parejas o ex parejas, más se debilita la confianza en las bases comunitarias, en el sistema de justicia penal, en las instituciones locales. La violencia de género corroe nuestra percepción de cohesión social, así como nuestras oportunidades de crecer como colectivo.
La lucha consiste en alcanzar que los hombres comprendan y puedan transformar la estructura social de poder que los induce constantemente a ser violentos. Sin una transformación, tanto a nivel de la persona, como a nivel cultural, es indudable que las políticas públicas de prevención de la violencia de género estarán destinadas al fracaso.
Respondiendo a la interrogante de este artículo, las mujeres morimos por nuestra condición de serlo. Por nuestra vulnerabilidad frente al maltrato físico y emocional de nuestras parejas agresoras, quienes son a su vez el producto de una sociedad que arraiga y legitima la hombría avasallante, el machismo mentecato, porque así ha sido ya establecido. Es hora de revertir esta suerte ominosa, entre todas y todos.