La crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha provocado que los trabajadores demanden una tajada de lo que han acumulado durante años, fruto de su trabajo tesonero. Sin embargo, una medida de dicha magnitud traería como consecuencias negativas para la economía dominicana y los trabajadores. En el caso de la economía dominicana, las consecuencias macroeconómicas serían nefastas, ya que dicha medida tendría incidencia en la inflación y en las tasas de interés, ya que esto provocaría un aumento de la oferta monetaria por unos RD$160,000 millones adicionales, de igual manera, presionaría al alza el tipo de cambio. Por el lado de los trabajadores, si reciben el dinero que tienen acumulados en sus cuentas de capitalización individual, estarían perdiendo entre 2 y 4 años de pensión.
Sin embargo, el Banco Central de la República Dominicana respaldó con liquidez cuatro emisiones de bonos realizadas por el Ministerio de Hacienda por un valor de RD$ 40,000 millones, con una tasa cupón que oscilan entre 10 y 11%, con periodos de vencimiento que van desde los 10 hasta los 20 años. Esta emisión fue adquirida por cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en una operación poco transparente que auspicia el oligopolio. El Banco Central está llamado a explicarle al país como fue realizada dicha transacción, ya que contradice lo expuesto por el Banco Central en un comunicado hace unas semanas, donde explicaba por qué se oponía a la entrega del dinero de los trabajadores por las implicaciones monetarias que esto tendría. Sin embargo, ahora realiza una operación con ese mismo dinero.
Sin dudas, el mayor impacto de esta operación es precisamente la destrucción del sistema de capitalización individual, en detrimento de los trabajadores; incrementa los valores en circulación, y produce un efecto de sustitución de pesos por dólares fruto de la incertidumbre económica que vive el país debido a la pandemia del coronavirus, lo que a su vez ejerce una presión al alza del tipo de cambio. Es probable que las AFP accedieron a realizar una contraposición de títulos de mayor rendimiento y duración, por títulos de menor rentabilidad y duración, que si son transados en la bolsa de valores a su valor de mercado estarían perdiendo entre un 35 y 40% de su valor, algo que en última instancia pone en peligro el dinero de los trabajadores, ya que si no hay nada oculto las AFP asumirían esas pérdidas.
El rol que debe jugar la oposición política y la sociedad civil en sentido general debe ser el de velar por la transparencia en el uso de esos recursos por parte del Gobierno en medio de este estado de emergencia, ya que el Gobierno ha sido protagonista de varios escándalos en el manejo de los recursos en estado de excepción, lo cual crea suspicacia de que pueden ser destinados para fines políticos a través de las ayudas y donaciones que realiza el candidato oficialista, Gonzalo Castillo.
Reformas a la ley de Seguridad Social 87-01
La mayoría de los trabajadores no cuenta con mucho dinero en sus cuentas de capitalización individual, y eso se debe a varios factores: los bajos salarios que en sentido general devengan los trabajadores, y las ganancias astronómicas que reciben las AFP. Por un lado, las AFP reciben ganancias por administrar esos fondos y por el otro por el rendimiento de esas inversiones. Creemos, que debe modificar la ley en ese sentido, ya que si las AFP quieren recibir ciertas ganancias por el rendimiento del portafolio, deben aplicar de manera inteligente el artículo 97, numeral e de la ley de Seguridad Social 87-01, que reza lo siguiente: Títulos de créditos, deudas y valores emitidos o garantizados por estados extranjeros, bancos centrales, empresas y entidades bancarias extranjeras o internacionales, transadas diariamente en los mercados internacionales y que cumplan con las características que señalen las normas complementarias.
Los fondos de pensiones con mejor desempeño son aquellos que tienen un plan a largo plazo, y que diversifican sus inversiones en capital privado o private equity. Las AFP si quieren cobrar por las ganancias, deben garantizar rendimientos a largo plazo que estén por encima de la media nacional realizando inversiones inteligentes a favor de los trabajadores. Por ejemplo, pueden invertir en fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés). Inversión en bonos protegidos por la inflación en el extranjero, en materias primas, monedas y derivados de tasas de interés. De igual manera, las AFP deben invertir en proyectos de infraestructura, en síntesis, la diversificación en distintas clases de activos financieros deben ser el Norte, y no simplemente limitarse a títulos de renta fija del Banco Central y el Ministerio de Hacienda en el mercado local, que es donde reposa el 80% del dinero de los trabajadores. Todos sabemos que ese dinero se invierte en títulos del Banco Central y de Hacienda para mantener el tipo de cambio artificialmente anclado.
Una reforma a la ley de Seguridad Social debe contemplar mayor libertad a los trabajadores a la hora de manejar sus inversiones, no simplemente debe estar a la merced de las AFP, ya que el trabajador conoce a la perfección su nivel de aversión al riesgo.