El mismo día en que se inició la primera legislatura del Congreso Nacional inaugurado el 16 de agosto fue renovado el debate sobre el proyecto de Código Penal y la pretensión de ratificar la penalización absoluta del aborto, desconociendo la razón universal que ha consagrado excepciones, las llamadas tres causales, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de una mujer, si el ser en gestación se comprueba inviable, y cuando es fruto de una violación del sagrado cuerpo femenino.
La circunstancia de las graves crisis de salubridad, económica y social derivadas de la expansión del coronavirus no parecía la más propicia para traer al primer plano un tema que divide tan profundamente a la sociedad dominicana, pero en la Cámara de Diputados se insiste en privilegiarlo, y se envió a comisión de estudios tanto el proyecto de Código Penal como otro de “ley especial” sólo sobre las tres causales.
La separación parecería razonable, pero resulta engañosa, porque quitar del código las excepciones, reafirmaría la penalización absoluta, y en vez de ablandar a quienes imponen dogmas religiosos a toda la sociedad, fortalecería su posición. Y si los legisladores se dejan chantajear ahora, no hay razón para creer que después recuperarán su libertad y el deber de acatar un sentimiento ciudadano que las encuestas han mostrado como absolutamente mayoritario.
Las tres causales para despenalizar la interrupción del embarazo, tal como fueron introducidas en el proyecto de Código Penal por el presidente Danilo Medina hace cuatro años, se corresponden con criterios de casi absoluto dominio universal, sustentados en el derecho de la mujer a preservar su vida por encima de una gestación, cuando peligra por condiciones precarias de salud, o porque la concepción se ha realizado fuera del útero materno, lo que la condena a una peligrosa ruptura.
La segunda causal es cuando los métodos de la ciencia demuestran que el ser en gestación está deformado o no tiene posibilidades de sobrevivir, resultando un atropello obligarla, bajo amenaza de prisión, a cargar esa frustración durante los largos meses del embarazo y posiblemente para el resto de su vida. Y la tercera es cuando el embarazo ha sido fruto de una violación, de violencia física y emocional. Estas dos causales atañen no sólo al derecho de la mujer a disponer y defender su cuerpo, sino también su dignidad humana.
Se puede entender que numerosas confesiones religiosas sustenten la prevalencia de la gestación como un dogma, como también que todavía la poderosa Iglesia Católica mantenga su oposición al uso de recursos del desarrollo científico para evitar el embarazo, y hasta que rechace el divorcio, como hace aún en Filipinas y en Chile hasta hace 16 años.
Lo que es inaceptable es que las iglesias quieran imponer sus dogmas a toda la sociedad, como hicieron durante siglos, desconociendo el inmenso desarrollo de los derechos y las libertades consagradas en las constituciones y los códigos internacionales. Hay que respetar los derechos de confesión religiosa, pero también los de los laicos. Como no se trata de imponer abortos, siempre podrán convencer a sus fieles de que no deben practicarlo.
Con el agravante de que las jerarquías religiosas, casi absolutamente masculinas, además de discriminar a la mujer, desprecian su dignidad, sobre todo de la inmensa mayoría de limitados recursos económicos. Sabiendo que las pudientes abortan cuando lo desean, tanto en el país como en naciones vecinas donde está despenalizado, las sacrificadas son las que sólo pueden acceder a los servicios de los hospitales públicos donde el personal médico no corre el riesgo. Es decir que se trata de un dogma clasista.
No hay razón para que los legisladores dominicanos sigan bajo el chantaje o el oportunismo de hacerse graciosos ante jerarquías religiosas, desconociendo las excepciones a la penalización del aborto consagradas en 133 países, además de otros 58 donde cualquier aborto es libre. Sólo compartimos ese olor de santidad con Nicaragua y El Salvador y con los pequeñitos estados de Malta y El Vaticano.
Hay que esperar que el Partido Revolucionario Moderno, con clara mayoría en ambas cámaras, cumpla la resolución de su Dirección Ejecutiva del 26 de julio del 2016, que apoyó las tres causales y concierte con otras fuerzas políticas que también la favorecen. Si quieren una justificación ante las jerarquías religiosas, que auspicien una amplia encuesta donde seguramente saldrá ratificada la prevalencia de la dignidad de la mujer.-