"Policía y Justicia deben marchar juntas como las dos acciones complementarias de un mismo proceso, garantizando la Policía, la acción de la sociedad sobre cada individuo, y la Justicia, los derechos de los individuos contra la sociedad”.(M. Foucault)
La seguridad ciudadana, principal tarea que debe garantizar la policía, desde finales del s. XX ha dejado de entenderse como un principio únicamente de Seguridad Nacional de Estado, vinculado a la defensa de las amenazas del ‘enemigo externo’, pasando a considerar en primer plano al ciudadano/a y sus necesidades. Justamente los procesos de reforma en materia de seguridad en Latinoamérica han estado dirigidos a revalorizar los factores internos del Estado que tienen que ver con la calidad de vida de la gente.
Es bajo dicho enfoque que los cuerpos policiales de la región han tenido que repensarse. El agente policial es ahora concebido como alguien al servicio de la persona, cuyas actuaciones están orientadas hacia mecanismos de prevención del delito y restauración de la paz social.
Esta visión ha quedado reflejada en el esfuerzo que han hecho algunos países por disminuir el gasto y los recursos destinados a los sectores militares y al Ejército para aumentar el gasto dirigido al fortalecimiento de la policía como cuerpo civil, así como a la implementación de programas que enfatizan la resolución pacífica de conflictos.
Un ejemplo exitoso de política pública que aborda de forma efectiva aspectos troncales en materia de seguridad ciudadana es el Plan Nacional de Desarrollo costarricense, homólogo de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. En este aspecto, el plan parte de la idea de que frente a la inseguridad ciudadana los esfuerzos deben encaminarse a restablecer la confianza y tranquilidad de la ciudadanía mediante mayor prevención y fortalecimiento del engranaje judicial, implementándose políticas concretas en ese sentido. Ya sabemos cuáles son las estadísticas del país vecino, que por cierto no tiene milicia.
Aquí, por el contrario, es elevado el número de muertes violentas y muy comunes los casos de abuso policial (que no solo se quedan en abusos, sino que terminan en crímenes), dando muestra la llamada ‘institución del orden’ de ser cualquier otra cosa menos garante de la seguridad e integridad de los dominicanos/as; igual de común, vergonzosamente, es que agentes policiales se vean involucrados en redes de crimen organizado.
¿Será que es mucho pedir, por enésima vez, que la Policía Nacional dominicana de cabida a la reformulación de sus prácticas sistemáticas y racistas de irrespeto hacia la vida y dignidad de un grupo determinado de personas que está en la obligación de proteger, y que cuando así no lo haga rinda cuentas?
La implementación de un modelo policial basado en los principios de descentralización, profesionalización y proximidad al ciudadano/a es nuestra mayor deuda acumulada. Abandonar el fuerte arraigo autoritario que heredamos de las dictaduras, el jefismo inmisericorde que se encuentra en la psiquis de todo aquel con cierta cuota de poder y un arma de fuego.
Por la tranquilidad que merecemos, que no es solo en diciembre.