La semana pasada, el presidente Luis Abinader se dirigió al país para informar que había logrado, de forma amigable, rescindir el contrato de concesión de la Autopista del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico por un monto de US$410 millones. Esta decisión genera al fisco un ahorro de US$1,500 millones evitando que se mantuviera vigente la concesión y los recursos para cubrir el peaje sombra por diecisiete años más.
El contrato para la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura vial incluía una onerosa cláusula conocida como el peaje sombra que obligaba al Estado a pagar una cantidad considerable de recursos cada año mientras la concesión se mantuviera vigente.
El peaje sombra es una especie de seguro a favor del concesionario para garantizar que se cumpla con la estimación de la cantidad de vehículos que utilizaría la nueva carretera. Esta estimación de la cantidad de vehículos que utilizaría la vía, pagando una determinada tarifa por hacerlo, equilibraría los flujos financieros que permitirían pagar la inversión más la rentabilidad requerida por los concesionarios para realizar la obra y gestionarla durante un periodo de treinta años.
Esto pone de manifiesto que cuando hay voluntad política las cosas pueden cambiar.
En caso de que la cantidad de vehículos y el monto pagado por estos no cubriera los flujos de recursos requeridos para pagar la inversión más la rentabilidad requerida por los concesionarios, el Estado se comprometía contractualmente a pagar cada año un "ingreso mínimo garantizado" equivalente a la diferencia entre la estimación y la cantidad de vehículos que efectivamente utiliza la carretera. Estos compromisos por pagar constituyen el peaje sombra.
Desde su inauguración en diciembre de 2008, el Estado ha pagado la suma de RD$26,835 millones (equivalente a US$563 millones) a las empresas concesionarias de la Autopistas del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico S.A por concepto del peaje sombra.
Esto monto equivale a casi el doble del costo total para la construcción de ambas obras, que fue de RD$17,674 millones (equivalente a unos US$305 millones). Según proyecciones, al culminar el contrato que estaba vigente hasta el año 2038, el Estado estaría pagando más de seis veces el valor total del costo de la obra. Es decir, unos US$1,900 millones en los próximos 17 años.
A trece años de la inauguración de la obra de infraestructura vial más onerosa en la historia del país, el presidente Abinader y su equipo asesor dan un paso valiente para frenar este lesivo convenio, firmado y modificado en gobiernos anteriores, que ha representado una carga insostenible con pérdidas millonarias y un elevado costo de oportunidad para el Estado.
Si no se hubiera rescindido el contrato, el gobierno debía pagar solo en el año 2021 cerca de RD$7,000 millones para “compensar” la reducida circulación de vehículos por estas autopistas (peaje sombra). En un contexto post-pandémico, donde se necesitan más recursos económicos para garantizar el bienestar de las personas e impulsar la recuperación económica del país, el uso alternativo de estos recursos del erario no solo es oportuno sino justo y necesario.
Desde el punto de vista estratégico, la decisión beneficia el clima de negocios y la seguridad jurídica del país debido a que la recisión del contrato de concesión se realizó de forma amigable agotando las medidas legales pertinentes y mecanismos de solución de controversias entre las partes sin necesidad de llegar al arbitraje internacional.
Por otro lado, la operación en cuestión pone de manifiesto la inteligencia financiera de las actuales autoridades debido a la oportunidad fiscal y la previsión presupuestaria establecida para fines de renegociación de contratos y/o deuda que impliquen comprometer recursos del erario.
Los fondos requeridos para la rescisión del contrato de concesión están consignados en el presupuesto de este año. De manera previsoria en la más reciente modificación para este año, conocida como presupuesto complementario, aprobado en el Congreso Nacional y su ejecución se produjo a la firma del acuerdo.
El Ministerio de Hacienda transfirió US$123,124,841 a la firma del acuerdo que pone fin a la concesión. Los restantes US$287,090,000 serán pagados con un bono en dólares que se emitirá el 22 de diciembre de este año, fecha estipulada para que se haga efectiva la terminación del contrato vigente.
El bono que emitirá el Ministerio de Hacienda será con vencimiento en 2026. Con esta operación el gobierno se libra de pagar el peaje sombra, que representaba una carga al presupuesto 2021 de RD$7,000 millones. El monto acordado para la cancelación del contrato de US$410 millones se recuperará en un periodo de 4.4 años.
Esto implica que el gobierno, además de reducir los recursos presupuestarios destinados al peaje sombra, recupera el control de los peajes de la Autopista del Nordeste cuya operación estará a cargo de RD-Vial, fideicomiso público administrado por Fiduciaria Banreservas.
A partir del primero de enero de 2022, los usuarios de la carretera verán reducir el gasto de bolsillo en peaje en un 20%. Lo anterior fue dispuesto y anunciado por el propio presidente Abinader en su reciente alocución.
Al tomar la decisión de rescindir el contrato, el mandatario demuestra su compromiso con la defensa del interés nacional y manda un claro mensaje de que desde el gobierno se garantizará una actuación transparente en el manejo de los recursos del Estado. Además, manda una advertencia indirecta a los funcionarios para que los futuros contratos a suscribir que comprometan recursos no puedan ser onerosos ni lesivos a las finanzas públicas.
Esto pone de manifiesto que cuando hay voluntad política las cosas pueden cambiar. Esta vez de forma favorable para los contribuyentes y el clima de negocios que actualmente prevalece en el país.
Por fin, llega la luz de una negociación amigable para eliminar la extensión del cobro de peaje de un contrato sombrío y oneroso por diecisiete años más.