La sociedad dominicana es eminentemente conservadora en muchos ámbitos de la vida cotidiana y por eso, la solución de los conflictos de manera general solo la entiende en clave de autoridad y fuerza. Es por esto que culturalmente muchos piensan que los conflictos sociales se resuelven con la intervención violenta del Estado, sea a través de los agentes del orden y sus arbitrariedades, sea a través del inicio de un proceso penal como instrumento para saciar la sed de justicia de cualquier problema considerado como grave por la sociedad.
Cualquier hecho que llegue a las redes sociales o a los medios de comunicación tradicionales, que entrañe a primera vista un conflicto con la ley penal, implica inmediatamente los gritos de la ciudadanía para la imposición de la pena más severa, al margen del proceso penal que debe llevarse, o de lo contrario las autoridades son “cómplices” de lo mal hecho por no actuar en consecuencia. Esto aplica para cualquier tipo de caso: desde el inmigrante indocumentado que roba una libra de yuca en un mercado hasta el más cruento de los crímenes que llegan a la opinión pública.
No existe así un filtro o una escala que permita resolver los conflictos con otro tipo de intervenciones que no necesariamente entrañen el ejercicio de la acción penal por parte del Estado. A esto se le suma la presión ciudadana en casos de alta sensibilidad social como los de corrupción administrativa, presión que se comprende por los largos años de impunidad rampante; pero que en modo alguno puede provocar la instrumentación de expedientes flojos, con numerosas violaciones procesales y a derechos fundamentales que terminan por ser rechazados por los tribunales.
El populismo penal institucionalizado, ese que se ancla y apoya en el rating, es un problema muy grave en el sistema de justicia penal al que debemos poner freno ya
Los reclamos ciudadanos de justicia son muy importantes pues permiten movilizar acciones que por diversas razones sin ella no sucedieran; pero cuando los reclamos y la presión de ésta se convierten en la única guía de actuación de los operadores del sistema de justicia, entonces ocurre un fenómeno que socava las bases del Estado de Derecho en detrimento de todos: el populismo penal institucionalizado.
En efecto, si el Ministerio Público inicia sus actuaciones movido por la presión de los ciudadanos ante hechos que les indigna y esta presión es la que sirve de escala para el inicio de una investigación, de las solicitudes de arresto o incluso el fundamento para pedir prisión preventiva, entonces la guía del Ministerio Público más que la Constitución y las leyes, realmente es el rating, las cámaras de la televisión y los programas matutinos de radio.
Lo mismo que con algunos jueces que lejos de hacer valer los principios y normas que garantizan la libertad en cualquier proceso penal, asustados o apoyándose en conceptos jurídicos como “la gravedad de los hechos” o “la alarma social” han hecho de la prisión preventiva la regla del proceso, al punto que República Dominicana usted puede ser lo que usted quiera; pero trate de nunca ser imputado o investigado penalmente, pues las garras de un sistema plagado por un populismo penal institucionalizado difícilmente le permitan salir de éste sin mayores inconvenientes.
El populismo penal institucionalizado, ese que se ancla y apoya en el rating, es un problema muy grave en el sistema de justicia penal al que debemos poner freno ya. El profesor Eduardo Jorge Prats en su libro “Los peligros del populismo penal” ya nos advertía que este mal tiende, entre otros, a la disolución del principio de legalidad penal y al decisionismo judicial al cual ya me he referido.
La disolución del principio de legalidad penal es justamente lo que provoca que todo conflicto tienda a resolverse con la intervención del poder punitivo, lo cual es contrario al principio de ultima ratio establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal y que implica que el proceso penal tiene un carácter de medida extrema de la política criminal, es decir, que no todo debe ser resuelto a través de un proceso penal, pues este es la última frontera para la solución de conflictos.
Se hace urgente que los operadores del sistema de justicia detengan la mala praxis de guiar sus actuaciones por los likes y views en las redes sociales o por la audiencia de los medios de comunicación, antes que el monstruo del populismo penal institucionalizado termine por tocarnos las puertas y culmine con la poca confianza existente en el sistema de justicia penal.