Mucha gente pretende demostrarnos que la responsabilidad del trágico accidente con gas natural ocurrido en la empresa Polyplas el pasado 5 de diciembre debe ser atribuida unilateralmente al proveedor. Veamos algunos hechos que consideramos relevantes.
- El tema de las competencias
Los bomberos están llamados exclusivamente a extinguir incendios, realizar labores de rescate y atender emergencias de cualquier naturaleza, además de que deben intervenir activamente en la formulación y aplicación de las medidas y normas preventivas. Ellos no son realmente la autoridad que debe ofrecer explicaciones exhaustivas y técnicamente convincentes sobre un acontecimiento técnicamente complejo y destructivo.
No pretendemos restar méritos a nuestros bomberos, ni mucho menos desconocer su admirable intervención iniciada a tan solo 13 minutos luego de ocurrida la explosión. Ellos demostraron tenacidad, desprendimiento y valentía durante unas cuatro horas de obstinada lucha contra el siniestro.
Para una mejor edificación de la ciudadanía, y evitando la intervención en calidad de jueces de las partes interesadas, para casos como el de Polyplas debe siempre conformarse una comisión técnica consultiva de algo nivel, integrada por las autoridades competentes en la materia, a saber:
- Ministerio de Industria y Comercio, quien la presida, debido a que a este ministerio corresponde por el momento la elaboración de los reglamentos técnicos en la materia.
- Pro-Consumidor, autoridad nacional de vigilancia del mercado que tiene entre sus funciones, de conformidad con la Ley núm. 166-12, hacer cumplir “las normas y reglamentos técnicos en materia de seguridad de las instalaciones, sistemas y procesos”, atribución que también puede ser compartida con cualquier otro organismo estatal especializado.
- Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), entidad oficial de certificación del cumplimiento de las normas y reglamentos técnicos, sin importar cuáles sean sus objetos.
- Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo por sus facultades y competencias consabidas.
- Y expertos independientes en materia de seguridad industrial o en manejo de substancias peligrosas, que en este país los hay de muy alta calificación.
Mea máxima culpa
Desde el primer momento la empresa Polyplas toma la iniciativa. Lo hace enarbolando un discurso que combina lo piedad insana con justificaciones ofensivas a la inteligencia. Así, antes del veredicto de autoridad competente -que no debe ser solo un informe de los bomberos-, esta empresa explica al país que pusieron en acción sus departamentos de monitoreo y seguridad y que luego, cuando nadie podía respirar, activaron las alarmas para iniciar “formalmente” el proceso de evacuación.
La realidad es que las grabaciones hechas en el lugar, incluyendo la realizada desde el interior de la empresa por María Altagracia Garabito, víctima fatal de la explosión (que inexplicablemente permaneció encerrada junto a otras dos personas hasta el momento del desenlace), no parece sugerir la activación de “protocolo de seguridad alguno”. De hecho, y conforme a nuestras propias averiguaciones, la alarma supuestamente activada resultó imperceptible. Nadie pudo escucharla, aunque debió oírse en todo el vecindario.
Es nuestra convicción que la realidad de la empresa en cuanto al control y normalización de sus procesos, parece incriminarla más que al proveedor, independientemente de la existencia de un contrato que la descargue de responsabilidades en casos de accidentes o catástrofes naturales.
Tomando en cuenta lo anterior, imaginemos dos situaciones:
- Un escape de gas natural en una empresa que tiene sus procesos documentados y controlados, incluidos el trasiego de gas natural a tanques estacionarios, e instalación y mantenimiento esmerado de dichos depósitos.
La primera regla es mantener los tanques lejos de todas las fuentes de ignición, chispas, flama y calor (el tanque estaba colocado próximo a una caldera); la segunda es manejar dichos recipientes a la intemperie o en lugares abiertos a la atmósfera. Esta segunda norma se fundamenta en la densidad relativa del gas natural, estimada entre 0.6 y 0.66, lo cual significa que es menos denso o pesado que el aire. Siendo así, las fugas involuntarias tienden a disiparse en las capas superiores de la atmósfera. Tercera regla, si se trata de un lugar confinado (ni hablar en las proximidades de una caldera), debe obligadamente existir un sistema de venteo, que funcione todo el tiempo. Cuarta y última regla, entre muchas otras posibles y muy básicas: la empresa debe tener normalizado y documentado el proceso de trasiego, en todas sus fases.
En este primer escenario, suponiendo el cumplimiento estricto de todas estas reglas, la ocurrencia de una tragedia tan lamentable en el caso del gas natural, aun considerando una fuga de grandes proporciones, es tan probable como sacarse la Loto (una en un total de aproximadamente 2.8 combinaciones).
2. La empresa no cumple nada de lo anterior, que fue el caso.
Entonces la probabilidad de que ocurra una deflagración externa es tan alta como morir un día cualquiera en el futuro próximo. Ciertamente, en la mencionada empresa se dieron todas las condiciones favorables para que el combustible y el comburente estuvieran en contacto y en las proporciones adecuadas, además de que la temperatura de la mezcla resultó ser fatídicamente superior a su temperatura de ignición. Lo ocurrido confirma el hecho de que las nubes de gas quedaron en gran medida atrapadas (como la demuestra el video de la inocente María Garabito), sin sistema de venteo alguno, y una fuente de ignición, todavía no localizada, desencadenó el desastre.
El aterrorizado chofer del proveedor sí hizo lo que tenía que hacer: procedió, ya lesionado por el contacto directo con las emisiones de gas, a bloquear la válvula que alimentaba la fuga; además, solicitó a gritos al personal de la empresa que “lo apagaran todo”, a lo cual hicieron caso omiso.
La operación de trasiego de gas natural (también de GLP) debe ser responsabilidad compartida de todos los agentes que intervienen en el mercado nacional. Es decir, tendrán que diseñarse y adoptarse políticas adecuadas, en las que no sólo quienes ofertan el gas sean responsables, sino también quienes lo consuman, principalmente industriales, comercializadores y distribuidores.