Cuando escucho hablar de las supuestas bondades de los planes sociales del gobierno me lamento con tristeza de la desgracia de este país donde hombres y mujeres decentes son víctimas de la peor forma de clientelismo con los fondos públicos.
Uno de los supuestos programas modelo es el que presta la ARS Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante el régimen subsidiado que “es financiado en su totalidad por el Estado dominicano”.
Pero resulta que según he comprobado, hay prácticas tan politiqueras que rayan en lo increíble. Voy a citar un caso que he comprobado directamente en la última semana.
Una señora de 79 años de edad sufrió un “mareo con pérdida parcial del habla”, auxiliada por familiares y amigos fue llevada a un hospital público provincial de los que dejó la dictadura de Trujillo cuando murió en 1961, allí fue “estabilizada” con un suero por vía endovenosa y enviada de regreso a su casa sin indagar la causa de la repentina afección.
Diez días después la misma señora repitió el cuadro (lógico, no había recibido ninguna evaluación seria ni tratamiento) y como en el hospital público no le hicieron gran cosa en la ocasión anterior, fue llevada al hospital regional del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) de San Cristóbal donde volvieron a “estabilizarla” con suero de rehidratación, devuelta a su casa y la indicación de que se hiciera una resonancia de cráneo para determinar la causa de aquel cuadro tan indicativo de un Accidente Cerebro Vascular.
A pesar de que ella es una pensionada del IDSS porque por más de 40 años laboró en una empresa privada y cotizó todo el tiempo (recibe puntualmente el pago de 4,900 pesos mensuales como pensión), cuando fue llevada con su carnet de la ARS Salud Segura a tratar de hacerse la resonancia, le informaron que su seguro estaba inactivo.
¿Inactivo por qué? Ah porque un activista del PLD en su barrio la metió en una lista (por eso cobra un salario del Estado) para recibir tres galones de gas mensuales que “regala” el gobierno y a pesar de que a ella nunca se los han entregado, la incluyeron de forma automática en el Régimen Subsidiado de Salud vía Senasa y eso le inactiva su seguro de salud por el que pagó durante 40 años y que le permitía recibir asistencia y medicamentos en algunas clínicas.
La familia de la señora, haciendo sacrificios, pagó los miles de pesos que cuesta una resonancia de cráneo en un centro médico privado y los resultados arrojaron que sufrió una hemorragia en el cerebro que la mantiene en estado de coma profundo.
La acción rastrera y clientelista de un activista político pagado con los fondos públicos despojó a esta señora de un derecho conquistado con su trabajo honrado y hoy cuando necesita con urgencia atención médica especializada y servicios de laboratorio y medicamentos, no tiene nada porque al estar inscrita sin su autorización expresa en el Régimen Subsidiado de Senasa (y despojada del contributivo suyo) lo que le ofrecen como atención es un hospital público con iguales derechos que el que no tiene ningún seguro.
El resultado neto de este tipo de charlatanería no se puede llamar política social, sino un negocio redondo del gobierno: paga una cuota mensual a Senasa por esta señora y Senasa no le da ningún servicio más allá de una cama sin sábana en un hospital, la excluye de los servicios de la ARS Salud Segura que ella pagó y por tanto el gobierno no le cumple con sus derechos adquiridos.
Mientras tanto, el vago que la inscribió por politiquería sigue ganando un sueldo para meter gente a Senasa para que Senasa le de menos servicios hospitalarios y de peor calidad que los que se daban en el año 1961 y en igual condición que las personas que no están afiliados a nada.
Me gustaría que la señora sobreviva por su propio bien, pero también para convencerla de que investiguemos completamente este caso, nos busquemos tres amigos abogados con sentido de justicia y llevemos a los tribunales a todos los bandidos que se prestan a conculcar derechos.
¿Cuántos casos semejantes a éste hay en todo el país? No lo se, pero no me extrañaría que haya decenas de miles porque no creo que haya alguien que se preocupe por asegurar que se respeten los derechos de gente humilde.
Si este tipo de irregularidades no motiva una investigación por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y del mismo Senasa, la restitución de los derechos de los afectados y la sanción a los culpables, que nadie me venga a hablar de las bondades del Sistema Dominicano de la Seguridad Social porque ya sabemos que lo prioritario es obligar a la gente a cotizar, mantener a los bancos comerciales con sobre liquidez y negar las principales conquistas de los usuarios que se sacrifican pagando.
¿Quiénes aprueban en Senasa y en la SISALRIL que una persona que está afiliada a una ARS del Régimen Contributivo sea enviada al Régimen Subsidiado sabiendo que disminuye la calidad del servicio al usuario y aumenta el dispendio del gobierno? Tiene que ser alguien muy negligente o cómplice de la politiquería hasta con temas tan delicados como la salud de la gente.